Julián Muñoz: "El más listo fue Gil, que nunca firmó nada"

Muñoz se enfrenta esta semana a un nuevo juicio tras conseguir la semana pasada cumplir lo que le queda de su condena en su casa, atendiendo a su estado de salud, y hoy no ha querido hacer declaraciones a los periodistas al asegurar que no se encontraba bien.

Durante su comparecencia en la Sala ha explicado que él no tenía "ni idea" de administración pública ni de urbanismo y que firmaba cientos de convenios y decretos que le daban porque se fiaba de los técnicos, al tiempo que ha insistido en que Gil no firmó nunca nada.

El exalcalde de Marbella ha explicado que su papel era "puramente político" y que firmaba todo lo que le daban sin leerlo porque era "un tocho importante cada día".

En el banquillo de los acusados también están sentados el que fuera secretario del consistorio, Leopoldo Barrantes, y una hija de este último por la adjudicación presuntamente irregular de una vivienda a ésta.

Sobre esta adjudicación, Muñoz ha dicho no recordar el caso por los años transcurridos pero ha asegurado que no se concertó nunca con ninguno de los otros dos acusados para hacer una adjudicación ilegal, ya que él solo era el alcalde accidental en aquel momento.

Por este procedimiento, el exalcalde se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por los delitos de prevaricación en concurso ideal con otro de fraude.

En el relato acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, se señala que en enero de 1997 se celebró un convenio con una entidad constructora que se comprometía a trasmitir al Ayuntamiento la propiedad de tres viviendas y un local comercial en un edificio que aún estaban construyendo.

Cuando ya fueron bienes patrimoniales, el Ayuntamiento decidió la venta de las tres viviendas mediante subasta pública y se inició el expediente en el negociado de bienes, aunque en el citado expediente figuraba como tasación la cantidad existente en el convenio formalizado con la empresa.

Debido a ello, el fiscal mantiene que "no resulta fehaciente que el valor fuera realmente el precio de mercado con el consiguiente perjuicio municipal".

En 1998, se constituyó la mesa de contratación, con Muñoz y el secretario, donde se adjudicaron dos viviendas y se declaró desierta la tercera, la cual en 2000, "sin iniciar procedimiento alguno y contraviniendo la normativa", se adjudicó a la hija de éste "a la que pretendía beneficiar omitiendo cualquier posibilidad de concurrencia", según mantiene el fiscal.

El exsecretario municipal, acusado por los mismos delitos que Muñoz y al que se le pide la misma pena, ha negado también los hechos y ha asegurado que se siguió el procedimiento y que nunca ayudó a que se le adjudicara la vivienda a su hija.

Por su parte, la hija, considerada inductora y que se enfrenta a dos años de prisión y seis de inhabilitación, ha explicado que se interesó por la vivienda al verla disponible en el Boletín Oficial de la Provincia y que nunca comentó nada a su familia.

Anticorrupción mantiene que dicha adjudicación "obedecía al acuerdo entre los acusados para obtener un beneficio en perjuicio del Ayuntamiento".

La adjudicación se formalizó por el mismo precio por que el que había salido a subasta dos años antes, 84.750 euros, "sin proceder, como es preceptivo, a una nueva valoración para ajustar el precio al valor real del mercado".

El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional concedió el pasado lunes a Muñoz cumplir su pena en régimen de tercer grado, por lo que ya no tendrá que acudir más al Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz).

El juicio continúa mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y previsiblemente quedará visto para sentencia.