Al banquillo sin escolta

Para esta autorización, Instituciones Penitenciarias consultó tanto con el centro penitenciario como con el tribunal que juzgó a Roca en el 'caso Malaya' y ambos dieron su aprobación, según han asegurado a Efe fuentes judiciales.

Es la primera vez que Roca puede acudir a una comparecencia judicial sin ser conducido por las fuerzas de seguridad del Estado desde su detención el 29 de marzo de 2006, cuando ingresó en prisión preventiva por el 'caso Malaya'.

Suspensión

La incomparecencia del abogado de Julián Muñoz, Eduardo Zuleta, obligó a suspender el juicio. Tras una deliberación de media hora, el presidente del tribunal decidió suspender el juicio para preservar todas las garantías fundamentales y no causar indefensión a Julián Muñoz ni al resto de las partes personadas en el procedimiento.

Antes de suspender el juicio, el magistrado advirtió de que en caso de que no se justifique en un plazo no superior a los cinco días los motivos por los que no ha acudido el letrado, se tramitará un expediente disciplinario de sanción.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que, al parecer, el letrado está enfermo, pero no ha presentado, hasta el momento, un certificado médico.

La vista oral ha quedado fijada para el 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio, si bien el presidente de la Sala ha pedido al resto de abogados que comprueben en un plazo de tres días si no tienen señalado en esas fechas otros juicios.

El pasado mayo el tribunal que juzgó el 'caso Malaya' acordó la acumulación de condenas firmes y la refundición de las penas impuestas hasta el momento y fijó la pena máxima que deberá cumplir Roca en 20 años, que es el máximo legal establecido.

Muñoz y Roca se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio de prisión cada uno por supuestas irregularidades urbanísticas a través de la firma de dos convenios con la sociedad Lorcrimar.

Según el escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, debido a dichos convenios hubo un perjuicio económico de 2,84 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella.

Anticorrupción mantiene que desde que el fallecido Jesús Gil ganó las elecciones en 1991 dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio y lucro personal».

Verdadero gestor

Roca, desde Planeamiento 2000, era «el verdadero gestor del hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística» y controló la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente para incorporarlos a la revisión del PGOU de 1986, señala la Fiscalía.

El fiscal afirma que se rodeó de un equipo que elaboraba los documentos con el que negociaba arbitrariamente comprometiendo el patrimonio municipal y que Roca negoció en su propio interés con el suelo de Marbella y acordó la entrega de bienes municipales como pago de presuntas deudas en los convenios en los que se alteraban los parámetros existentes, favoreciendo a terceros o a sí mismo.

El control de Roca necesitaba el concurso y ratificación formal de sus decisiones, pero, según el fiscal, no tuvo problemas ya que «compraba la voluntad de los concejales» con un sistema de pagos en metálico.

Todos los implicados creían tener la coartada y se sentían «impunes»: el alcalde, porque no firmaba nada y el alcalde accidental, que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad de lo que le ponían a la firma.

Por su parte, el gerente, que no tenía ni cargo ni título para gestionar las competencias, y los concejales, que firmaban ajenos a las ilegalidades porque ellos no entendían de urbanismo, indica la Fiscalía.

Y los empresarios creían «que la entrega de dinero era necesaria para trabajar con los ayuntamientos, el de Marbella, y probablemente de la mayoría de municipios», pero dicho dinero les aseguraba altos porcentajes y márgenes de beneficio.