El juez de 'Astapa' sobresee a 18 investigados tras nueve años de instrucción

Entre los nombres que aparecen en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, destacan personas asociadas al urbanismo y familiares del exalcalde de Estepona y principal investigado en esta causa, Antonio Barrientos.

En concreto, quedan fuera de Astapa tres personas de la confianza de Barrientos dentro de Urbanismo. Estas son Patricia Rojo, coordinadora de este área a propuesta del propio exalcalde, el jefe de Urbanismo, Andrés Arturo Flores y el que fuera concejal de este ámbito en el Ayuntamiento, Rafael Duarte. También recibieron este sobreseimiento el exconcejal del PA y alcalde accidental durante la detención de Barrientos, Rafael Montesinos, y el secretario del Ayuntamiento, Gustavo Rubio.

En este documento también se aprecia la desaparición en la instrucción de tres familiares de Barrientos. En concreto, estos serían su madre, su hermano y una prima, a los que se les acusaba de un presunto delito de blanqueo. Esta petición ya la realizó el propio exregidor en su declaración el pasado 1 de diciembre, en la cual alegó que la parcela investigada era propiedad de su familia desde hace mucho antes de que él fuera alcalde.

El inicio de estas actuaciones tuvo lugar tras unas diligencias entregadas por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga el pasado 10 de enero, en las cuales se pedía la sobreseimiento de la causa para 16 personas, y a la cual, el juez añadió también el archivo de la causa para Duarte y para el abogado relacionado con la fundación Antonia Guerrero, Ignacio Pérez de Vargas.

El juez en su auto hizo diferencias entre el archivo de los cargos relacionados con el Consistorio y los particulares. En concreto, el magistrado apuntó que en seis de estos 18 investigados y que tenían un puesto en el Ayuntamiento, se constató que prácticamente al final de la instrucción, no había indicios racionales que justifiquen la prosecución del proceso penal frente a los mismos». Además, el juez apuntó que finalmente no se acreditaba «que los mismos hayan cometido hechos punibles como los referidos».

En el auto, el juez hace un llamamiento especial al sobreseimiento de la causa para Duarte y Pérez de Vargas, los dos nombres que no había propuesto la Fiscalía. En el caso del exconcejal, el magistrado afirma que el propio investigado «pone de manifiesto un funcionamiento en el ámbito de urbanismo que no compartía con su filosofía y quehacer profesional», además de no constatarse «ni una resolución injusta desde el punto de vista de sus cometidos». Su implicación se reducía a un viaje realizado por el entonces edil, y en ese caso el juez ha dada por buena la versión del afectado.

En el caso de Pérez de Vargas, el juez afirmó que el pasado miércoles se evidenciaron «errores manifiestos y reconocidos por la perito judicial en relación al Convenio del Rodeo», y afirmó que si independientemente de las valoraciones de los peritos hubo infravaloración de aprovechamientos, «no fue intencionado por el Ayuntamiento», motivo por el cual, el abogado deja de estar investigado en el caso.

En el auto del juez también se aceptó la petición del Fiscal para librar testimonio de particulares de la parte de la causa que estudia los presuntos pagos de comisiones relacionadas con el Club Oasis, a la ampliación del testimonio de uno de los investigados, y la citación como testigo del gerente de la Empresa Municipal de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de Estepona, S.L.