Julián Muñoz vuelve a pedir perdón en el juicio del caso 'Goldfinger', visto para sentencia

«Me arrepiento si he cometido delito y, como siempre, pido perdón», ha insistido el exregidor marbellí, quien, además, ha agradecido a la Sala encargada de juzgar este caso el haberle permitido no acudir a todas las sesiones de juicio «dada mi situación de enfermedad».

En esta causa se han investigado las operaciones urbanísticas y financieras realizadas en relación con la parcela donde estaba ubicada la casa en Marbella del actor Sean Connery y su mujer, que no han sido juzgados, aunque ella sí está acusada en un procedimiento aparte.

La vista oral comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas y en ese momento eran 18 los procesados, aunque la Fiscalía Anticorrupción en Málaga retiró la acusación para cuatro de ellos, en concreto dos asesores fiscales y dos apoderados, en el trámite de conclusiones finales.

Así, son 14 las personas que permanecen acusadas en este procedimiento, entre las que se encuentran, además de Muñoz, el exasesor de urbanismo del Ayuntamiento marbellí y principal condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, quien no ha querido manifestar nada en su derecho a la última palabra.

Tampoco lo ha hecho el resto de procesados, como son dos de los responsables del despacho de abogados Diez Bastien de Marbella, que representaban los intereses del matrimonio Connery en dicha ciudad, ni los seis exconcejales, que al principio del juicio expresaron su conformidad con los hechos relatados y las penas solicitadas por las acusaciones.

Conformidad de un exedil

El exedil Alberto García Muñoz no ha podido asistir a la sesión, pero ha transmitido a través de uno de los abogados que como ya expresó su conformidad con los hechos por los que está acusado, no tenía nada que manifestar. No obstante, el presidente de la Sala ha informado de que puede presentar sus manifestaciones por escrito.

A Roca se le acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio y cohecho, solicitando la pena de ocho años de prisión y multa de 3,8 millones de euros. Su defensa pidió la absolución.

Julián Muñoz está acusado por un delito de fraude, por el que la Fiscalía pide dos años de prisión; y por otro contra la ordenación del territorio, por el que se solicita un año de cárcel. Su letrado mostró su conformidad, pero sólo respecto de este último y no del primero.

La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las empresas Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 apartamentos, denominada Malibú, finalizada en 2005. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.

La fiscal que lleva el caso ha defendido siempre que las pruebas practicadas en esta causa son «legítimas y suficientes» para una sentencia condenatoria, además de «constitucionalmente lícitas», considerando que la selección de los documentos intervenidos se realizó con «exquisitez y pulcritud», en contra de los que sostienen las defensas.

El ministerio público ha venido sosteniendo que los convenios urbanísticos firmados para esta operación expresan «la trama para beneficiar a la promotora y sus propietarios en perjuicio del Ayuntamiento».