El Ayuntamiento de Marbella pagará más de 300.000 euros por la defensa jurídica de dos funcionarios

Los dos funcionarios fueron imputados en causas relacionadas con la corrupción del periodo gilista y asumieron los gastos de su defensa. Sin embargo, ambos resultaron absueltos, por lo que hace dos años se abrieron expedientes para que fuera el Ayuntamiento el que se hicera cargo de las minutas correspondientes a sus procesos, que ascienden a 203.376 euros en el caso de Castro y a 104.678 euros en el de Merino.

Tras la resolución de ambos expedientes, el equipo de gobierno municipal cursó una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda para conocer si en virtud de las restricciones que plantea la Ley de Estabilidad Presupuestaria era pertinente que el Ayuntamiento asumiera estos gastos. La respuesta fue afirmativa. También se ha consultado si las cantidades se corresponden con el baremo de las minutas habituales para la defensa letrada, con el mismo resultado. El pago cuenta también con dos informes favorables de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. El expediente del reconocimiento del crédito será aprobado en el pleno que hoy celebra el Ayuntamiento.

En el caso de Castro, que estuvo imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental y que fue absuelto en el caso Fergocon donde estaba acusado de malversación con una petición fiscal de seis años de prisión, las facturas que deberá asumir el Ayuntamiento corresponde a la minuta del letrado y de la procuradora que lo representaron en un recurso de casación presentado ante el Supremo, que acabó ganando, tras una sentencia del Tribunal de Cuentas que lo condenaba a devolver al Ayuntamiento más de ocho millones de euros. El abogado cobrará 184.787 euros y la procuradora, 18.589 euros. El exiterventor estuvo también acusado en el conocido como caso Pinillo, aunque no fue condenado al prescribir la acusación en su contra.

Merino, por su parte, se sentó en el banquillo por el caso Saqueo 2, en el que el fiscal le pidió seis años y medio de cárcel por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con los proyectos fraudulentos cobrados por el arquitecto Monteverde.

Merino fue absuelto en esta causa y las facturas que ahora deberá pagar el Ayuntamiento corresponden a la procuradora y el abogado que lo representaron en la Audiencia Nacional. La primera percibirá 4.6789 euros y el segundo ha pasado una minuta de 99.999,99 euros.