Marbella lleva a la Fiscalía la prescripción de sanciones urbanísticas en la etapa del PP
Un informe jurídico solicitado por el gobierno municipal concluye la posible comisión de un delito de prevaricación
Héctor Barbotta
Miércoles, 15 de junio 2016, 00:26
El Ayuntamiento de Marbella dará traslado a la Fiscalía un informe jurídico encargado por el gobierno municipal que concluye que durante el mandato de Ángeles ... Muñoz se podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al dejar prescribir expedientes que contenían sanciones urbanísticas. El equipo de gobierno ha estimado en 9,1 millones de euros el montante total de estas sanciones no cobradas, según explicó ayer el concejal portavoz, Javier Porcuna.
El informe elaborado por Gaona Abogados, uno de los despachos contratados por el Ayuntamiento considera que si se toma como prueba válida una nota interior elaborada en Urbanismo y que ha servido como base para la solicitud del informe, los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, castigado con penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Esta nota hace referencia a que en la junta de gobierno del 15 de octubre se dio cuenta de una serie de procedimientos sancionadores prescritos al haberse dejado de firmar los decretos correspondientes, «que presentados en varias ocasiones a su firma eran devueltos sin firmar». Según este informe, la suma de las sanciones ascendía a 9,1 millones de euros, lo que supone «un grave perjuicio para las arcas municipales».
Porcuna aseguró ayer que se trata de 980 expedientes no iniciados. Hasta el momento se han analizado un centenar de ellos, de los que solamente se podrán reactivar «siete u ocho», ya que el resto se encuentra prescrito.
La nota interior en la que se ha basado el posterior informe jurídico que ahora será remitido a la Fiscalía señala que las prescripciones se producían «a pesar de que había constantes avisos por los responsables de la tramitación administrativa de que iban a prescribir si no se firmaban».
El informe elaborado a petición del equipo de gobierno señala que toda infracción urbanística origina dos procedimientos administrativos diferenciados: uno referente al restablecimiento del orden jurídico que se ha transgredido y otro relativo a la sanción correspondiente. «Ambos procedimientos señala el informe, si bien son independientes entre sí han de tramitarse de forma coordinada por imperativo legal, con la consecuencias de que ello se derivan».
El PSOE quiere ampliar a Muñoz la investigación del Funky Budha
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El PSOE ha remitido un escrito al juzgado que entiende en la causa conocida como Funky Budha, por la que se había imputado al exconcejal fallecido Pablo Moro, solicitando que se llame a declarar como investigada a la exalcaldesa, Ángeles Muñoz. El fallecimiento del exedil conlleva el archivo automático de las actuaciones y antes de que este trámite se concrete, los socialistas han pedido que se extienda la responsabilidad a la exregidora, que al disolverse las Cortes y hasta tanto se conozca el resultado de las próximas elecciones no ostenta la condición de aforada. La petición del PSOE, sobre la que el juez instructor todavía no se ha pronunciado, se sustenta en unas declaraciones realizadas por Muñoz a Radiotelevisión Marbella el pasado 20 de mayo en la que afirmó «Nosotros entendemos que las sanciones tienen que ser para evitar que vuelvan a producirse».
El informe jurídico también recuerda que las potestades administrativas en materia de disciplina urbanística están sometidas a unos plazos determinados.
Semanas atrás, el que fuera jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento durante el mandato de Ángeles Muñoz, Enrique Sánchez, explicó que los expedientes incluidos en este conjunto de sanciones prescritas corresponden al periodo 2005-2009, es decir que fueron incoados durante el tramo final del mandato de Marisol Yagúe, durante el mandato de la gestora y en la etapa inicial de Ángeles Muñoz. Aseguró también que casi todos los expedientes se legalizaban, previa su normalización, con el Plan General de 2010, finalmente anulado.
Para el Partido Popular, la denuncia presentada por el PSOEtiene poca credibilidad y está basada en mentiras. Así lo afirmó ayer el concejal Manuel Cardeña, quien instó al equipo de gobierno a celebrar «juntas de gobierno constructivas y no dedicadas a urdir maniobras para erosionar al Partido Popular que además no consiguen su objetivo porque sigue siendo el partido con más apoyo de los vecinos».El edil recomendó a los miembros del equipo de gobierno que se dediquen a solucionar los problemas de los vecinos.
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