Roca, el saqueador moroso

A los 37 millones de indemnización que está obligado a pagar al Ayuntamiento por la condena del caso Saqueo 2 se suman los 24 millones correspondientes a Saqueo 1 y tres condenas menores del Tribunal de Cuentas más los intereses correspondientes. De todas estas cantidades, el exgerente de Urbanismo sólo ha pagado ocho millones de euros de Saqueo 1.

Al resolver los recursos de casación que presentaron los condenados en Saqueo 2 el supremo consideró que ambos casos estaban unidos porque había una continuidad delictiva. Al estar Roca condenado en ambos procesos, el tribunal consideró que debía rebajarle la condena del segundo caso para que la suma de ambas penas no superaran el máximo de ocho años que le hubiese correspondido si los dos casos se hubiesen juzgado de manera conjunta. De esa manera, Roca vio reducida su condena por Saqueo 2 a tres años, que se suman a los cinco del Saqueo 1.

Sin embargo, esta decisión del Tribunal no afectó a las cantidades con las que Roca debe indemnizar al Ayuntamiento de Marbella.

La cuestión se centra ahora en qué debe hacer el Consistorio para conseguir cobrar esa cantidad, ya que el importante patrimonio que le fue intervenido a Roca valorado en unos 200 millones de euros según la tasación que se hizo en aquel momento- fue inmovilizado durante la operación Malaya en cuyo proceso judicial el Ayuntamiento de Marbella no aparece como damnificado.

Los representantes legales del Ayuntamiento ya pidieron en ocasiones anteriores que los bienes incautados con motivo de la operación Malaya fueran destinados al pago de las condenas firmes que recaían sobre Roca, aunque sólo lo consiguió con los ocho millones de euros correspondientes al caso Saqueo 1 que el propio exgerente abonó por voluntad propia con la esperanza de conseguir beneficios penitenciarios que nunca llegaron.

Ahora, con la sentencia del caso Malaya ya firme, la posibilidad de poder acceder a esos bienes por parte del Ayuntamiento de Marbella es más difícil, ya que en esa causa Roca está condenado a pagar una multa de casi 233 millones de euros en la que el beneficiario es el Estado.