Suspenden hasta mayo el juicio contra Roca por malversar el dinero de la desaladora de Marbella

El exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. Ha sido su primera aparición pública desde la lectura de la sentencia del caso Malaya, en octubre de 2013. Roca, que va camino de cumplir diez años en prisión (en abril de 2016), presentaba un buen aspecto físico, aunque su abogada ha dicho que en estas fechas y después de tanto tiempo en la cárcel, sin disfrutar de un solo permiso, su ánimo está algo más decaído.

Tras el aplazamiento acordado hoy, Juan Antonio Roca será juzgado en mayo por malversar, presuntamente, 871.446 euros destinados a pagar las expropiaciones de los terrenos para la construcción de la desaladora de Marbella, que fue aprobada en 1996 durante el gobierno de Jesús Gil.

Roca se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos e inhabilitación de 9 años por prevaricación. El fiscal pide además que el exasesor urbanístico indemnice a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con la cantidad presuntamente defraudada.

En este caso estaba acusado también el abogado José Luis Sierra, para el que se pedían seis años de cárcel, por apropiarse de 455.500 euros de la dirección de obras de la desaladora a través de un entramado societario. Sin embargo el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, acordó el sobreseimiento provisional de Sierra dado su deteriorado estado de salud (padece Alzheimer).

Acuerdo con la Fiscalía

Sobre la posibilidad de un acuerdo de Roca con la Fiscalía, algo que barajan las fuentes consultadas por este periódico y que tendría cierta lógica dadas las tres penas de prisión con sentencia firme que acumula el exasesor urbanístico (ocho por el caso Saqueo 1, cuatro por Minutas y 17 por Malaya) y los muchos procedimientos penales que tiene pendientes aún, Rocío Amigo no desvela su estrategia, por ahora, y simplemente se limita a responder que «hay que esperar al juicio».

Estos hechos se remontan a 1996 cuando la Mancomunidad de Municipios, presidida por Jesús Gil, pidió al Ayuntamiento de Marbella que iniciara un proceso de expropiación de siete fincas para construir la desaladora que, culminado el proceso, pasarían a su titularidad. Por su parte, Decosol, empresa a la que inicialmente se le adjudicó la construcción de la desaladora, entregó a la empresa Planeamiento 2000 SL, en la que el Ayuntamiento de Marbella había delegado la tramitación del expediente expropiatorio, y cuyo gerente era Juan Antonio Roca, 150 millones de las antiguas pesetas para pagar las expropiaciones. Según la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de pagar a los propietarios de los terrenos, el exasesor hizo suyos 145 millones y los incorporó a su patrimonio.

El escrito de acusación del fiscal describe la situación creada en Marbella desde el acceso de Jesús Gil al poder municipal y recuerda que desde ese momento se planeó y ejecutó un procedimiento de huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la de las contrataciones. «Dicha actuación según el fiscal fue promovida por Gil y ejecutada por su grupo de colaboradores más cercanos». El Ministerio Público recuerda que uno de los pilares esenciales de esta actuación de exclusión deliberada de los controles legales fue la creación de un entramado de sociedades municipales al frente de las cuales se colocaba a un gerente para el cumplimiento de los fines pretendidos».

Basa esta descripción en los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y en las múltiples sentencias dictadas por ese organismo en procedimientos de reintegro y en procesos penales como Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas o Malaya. «Esta ilícita y torticera forma de actuar» aplicada al funcionamiento ordinario de la corporación municipal de Marbella fue exportada a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol cuando Jesús Gil accedió a su presidencia, en el año 1995.