Roca vuelve al banquillo acusado de malversar el dinero para la desaladora de Marbella

Roca se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos e inhabilitación de 9 años por prevaricación. El fiscal pide además que el exasesor urbanístico indemnice a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con la cantidad presuntamente defraudada.

En este caso estaba acusado también el abogado José Luis Sierra, para el que se pedían seis años de cárcel, por apropiarse de 455.500 euros de la dirección de obras de la desaladora a través de un entramado societario. Sin embargo el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, acordó el sobreseimiento provisional de Sierra dado su deteriorado estado de salud (padece Alzheimer).

La abogada del exasesor urbanístico, Rocío Amigo, tiene previsto pedir la suspensión del juicio ante la falta de una documental que fue incorporada como prueba a la causa. «Se trata de 72 tomos relativos a la empresa adjudicataria de la desaladora. Esta documentación se halla totalmente deteriorada, inservible, por las inundaciones que sufrió el archivo judicial de Marbella donde se encontraba guardada». Ante este contratiempo, la letrada explica que pidió una copia de la misma en la jurisdicción contenciosa-administrativa, donde recordó que se siguió un pleito con anterioridad.

Rocío Amigo argumenta también que todavía no se le ha respondido a la cuestión que planteó de que parte de estos hechos que se enjuiciarán este lunes se habrían examinado en otro procedimiento en la Audiencia Nacional.

Acuerdo con la Fiscalía

Sobre la posibilidad de un acuerdo de Roca con la Fiscalía, algo que barajan las fuentes consultadas por este periódico y que tendría cierta lógica dadas las tres penas de prisión con sentencia firme que acumula el exasesor urbanístico (ocho por el caso Saqueo 1, cuatro por Minutas y 17 por Malaya) y los muchos procedimientos penales que tiene pendientes aún, Rocío Amigo no desvela su estrategia, por ahora, y simplemente se limita a responder que «hay que esperar al juicio».

Estos hechos se remontan a 1996 cuando la Mancomunidad de Municipios, presidida por Jesús Gil, pidió al Ayuntamiento de Marbella que iniciara un proceso de expropiación de siete fincas para construir la desaladora que, culminado el proceso, pasarían a su titularidad. Por su parte, Decosol, empresa a la que inicialmente se le adjudicó la construcción de la desaladora, entregó a la empresa Planeamiento 2000 SL, en la que el Ayuntamiento de Marbella había delegado la tramitación del expediente expropiatorio, y cuyo gerente era Juan Antonio Roca, 150 millones de las antiguas pesetas para pagar las expropiaciones. Según la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de pagar a los propietarios de los terrenos, el exasesor hizo suyos 145 millones y los incorporó a su patrimonio.

El escrito de acusación del fiscal describe la situación creada en Marbella desde el acceso de Jesús Gil al poder municipal y recuerda que desde ese momento se planeó y ejecutó un procedimiento de huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la de las contrataciones. «Dicha actuación según el fiscal fue promovida por Gil y ejecutada por su grupo de colaboradores más cercanos». El Ministerio Público recuerda que uno de los pilares esenciales de esta actuación de exclusión

deliberada de los controles legales fue la creación de un entramado de sociedades municipales al frente de las cuales se colocaba a un gerente para el cumplimiento de los fines pretendidos».

Basa esta descripción en los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y en las múltiples sentencias dictadas por ese organismo en procedimientos de reintegro y en procesos penales como Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas o Malaya. «Esta ilícita y torticera forma de actuar» aplicada al funcionamiento ordinario de la corporación municipal de Marbella fue exportada a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol cuando Jesús Gil accedió a su presidencia, en el año 1995. El juicio por este caso está previsto que se prolongue hasta el próximo miércoles.

Pero el de la desaladora no es el único juicio en el horizonte judicial más cercano de Juan Antonio Roca. El 15 de febrero de 2016 tendrá que sentarse otra vez en el banquillo para responder por el caso El Pinillo, donde están acusadas una veintena de personas, entre ellas Julián Muñoz, así como exediles del GIL, exfuncionarios municipales y empresarios. Se le acusa de la operación urbanística desarrollada en la finca El Pinillo por la que se enajenó patrimonio municipal del que se beneficiaron, presuntamente, los acusados. Por este caso Roca se enfrenta a 11 años de cárcel.