Exigen que Del Nido pague la indemnización a Marbella porque tiene bienes suficientes

Se trata de la segunda vez que Del Nido solicita que se le fraccione el pago. La primera fue en febrero del año pasado y le fue denegada. Ahora tanto el Ayuntamiento de Marbella como la Fiscalía vuelven a oponerse. Y es que durante los meses previos a su entrada en prisión, en marzo del año pasado, el abogado maniobró para evitar la cárcel haciendo pagos parciales al Consistorio marbellí hasta sufragar cerca de la mitad de la deuda. Sin embargo, una vez que ingresó prisión, la mano pagadora de Del Nido se estiró más bien poco.

Fue condenado a pagar al Ayuntamiento 2,78 millones, de los que adeuda casi la mitad

La Fiscalía rechaza el fraccionamiento del pago. En un breve, pero contundente, escrito al que ha tenido acceso este periódico menciona el artículo 125 del Código Penal que señala: «cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el juez o tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el período e importe de los plazos».

Patrimonio inmobiliario

No es el caso de Del Nido, afirma la Fiscalía, que recuerda que el propio afectado en un escrito similar en febrero del año pasado, antes de ingresar en prisión, «se encargó de desmentir» que no tuviera patrimonio para saldar la responsabilidad pecuniaria, afirmando entonces que «poseía bienes de naturaleza inmobiliaria suficientes» para atender el pago.

El Ayuntamiento de Marbella, por su parte, va todavía más lejos. Además de oponerse al fraccionamiento del pago que pretende Del Nido, le pide al tribunal que se oponga concederle cualquier tipo de permiso, o rebaja de grado o suspensión de la pena de cárcel, mientras no abone de forma «íntegra» lo que debe aún.

Pero el Consistorio da un paso más. Explica que le «consta» que Del Nido ha aportado al tribunal sociedades vinculadas a él, y que también conoce, por el solo hecho de ser aficionado al fútbol, que es propietario directo o a través de personas interpuestas de acciones del Sevilla F. C. Pero afirma que es momento de «prescindir de la realidad formal para buscar la realidad material» de los bienes del condenado. Por ello, le pide al tribunal que solicite a la Agencia Tributaria un informe sobre su patrimonio y que se dirija al Sevilla F. C. para que le comunique «si José María del Nido ha sido y es titular de acciones del club, señalando las fechas y la persona a la que ha transferido dichas acciones».

A juicio, en septiembre

José María del Nido fue condenado a siete años de cárcel y al pago de una indemnización de 2,786 millones de euros por malversación por cobrar del Ayuntamiento de Marbella minutas por servicios jurídicos que no había prestado. En este proceso, conocido como caso Minutas, fue condenado también a la misma pena Julián Muñoz.

A José María del Nido todavía le queda una importante parte de la pena que purgar en la cárcel por el caso Minutas (solo lleva un año), pero sus problemas con la Justicia continúan y pueden complicarse aún más. En septiembre, será juzgado por el caso Fergocon en la Audiencia Provincial de Málaga. Se trata de otra causa judicial que tiene abierta por el presunto desvío y obtención ilegítima de dinero público del Ayuntamiento de Marbella mediante la adjudicación de obras y servicios sin seguir los procedimientos administrativos legales, a una empresa creada por sus dos hermanos en 2001, cuando Julián Muñoz aun era primer teniente de alcalde y el expresidente del Sevilla, asesor jurídico del Consistorio.

En este proceso el abogado sevillano se enfrenta a 11 años de cárcel y sus hermanos Juan José y Óscar a 10. La misma pena que a Del Nido pide el fiscal para el exalcalde Julián Muñoz. El caso parte de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción, que estima que los acusados (trece en total) causaron un importante perjuicio económico al Ayuntamiento con el desvío de 3,8 millones de euros, que exige también que repongan.