Condenan al Ayuntamiento a pagar tres millones a una familia estafada por Gil en una permuta
La causa penal se extinguió por la muerte del exalcalde, pero el contencioso siguió adelante y ya no tiene posibilidad de recurso
Héctor Barbotta
Sábado, 17 de enero 2015, 02:14
Las alegría financieras tienen corto recorrido en las golpeadas arcas del Ayuntamiento de Marbella. Días después de que se recibiera el talón con un pago ... de cinco millones de euros de Juan Antonio Roca por su condena en el caso Saqueo, se ha conocido una decisión judicial que supone un duro varapalo para las finanzas municipales. El Ayuntamiento tendrá que pagar 2,9 millones de euros a una familia a la que el exalcalde Jesús Gil estafó hace 20 años en una operación de permuta de terrenos. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, ya no tiene posibilidad de recurso y al Ayuntamiento no le queda otro camino que pagar.
La cantidad que deberán asumir las arcas municipales es aún mayor, ya que el caso se remonta a 1994 y la sentencia establece que se abonen los intereses devengados desde entonces.
Una causa que obligó a comparecer ante el Congreso a un ministro de Aznar
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El asunto urbanístico que ahora se ha resuelto con una sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a una familia engañada por Gil con un convenio urbanístico fue motivo de escándalo político en 1999, cuando el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, tuvo que comparecer ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso por el pedido de explicaciones de la oposición.
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La Junta de Andalucía se había opuesto a recalificar las parcelas que Gil le cedió a la familia del ministro a cambio del 50 por ciento del paraje conocido como Puerto Rico, donde el entonces ministro y su hermano había heredado suelo. Se trataban de 16.000 metros cuadrados de la zona conocida como «Lomas del Puerto»
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Arias Salgado, afirmó en una extensa comparecencia ante la Comisión de Infraestructura del Congreso que levantó gran expectación en la época que él y su familia se vieron inmersos en un proceso expropiatorio de la finca y que no se habían puesto de acuerdo con Gil para beneficiarse de un pelotazo urbanístico.
La familia denunciante, Martínez-Higuero, era propietaria juntoa a otra familia, Arias Salgado, de una finca indivisa en la zona conocida como Puerto Rico, junto a la carretera de Ojén.
Antes de la llegada de Gil al Consistorio, se firmó un acuerdo por el que los propietarios recibieron una compensación de terrenos calificados como suelo urbanizable programado en Nagüeles ya que el equipo de gobierno destinó Puerto Rico a parque municipal.
Al llegar el GILal poder municipal, el Ayuntamiento revocó dicho acuerdo y firmó un nuevo convenio que recogía la permuta de 20 hectáreas por otros dos terrenos urbanizables situados en La Pepina, con una edificabilidad neta de 6.200 metros cuadrados. El convenio fue firmado por el propio Gil y ratificado en agosto de 1994 por el pleno municipal. Paralelamente se firmó otro acuerdo con los Arias Salgado
Otro propietario
Posteriormente, los propietarios advirtieron que las parcelas no se correspondían con las acordadas. Concretamente, denunciaron que los terrenos que pretendían trasmitírseles no correspondían con los que habían adquirido mediante el contrato y aparecían escriturados a nombre de Huelva Bussiness, S. L., propiedad del empresario sevillano José María Gonzalez de Caldas.
El escándalo se agravó porque posteriormente se comprobó que a la otra familia involucrada en la operación, los Arias Salgado, sí les entregaron parcelas según lo acordado, que rápidamente fueron vendidas.
Esta situación dio lugar en noviembre de 1999 a la interposición de una querella criminal por estafa contra el entonces alcalde. Jesús Gil llegó a declarar al año siguiente por este motivo, y ante el juez reconoció que los denunciantes tenían razón y responsabilizó de la situación a quien hasta entonces había sido el jefe de los servicios jurídicos municipales, el abogado José Luis Sierra.
Sin embargo, al año siguiente el entonces abogado de Gil, José María del Nido presentó un escrito para que se archivaran las diligencias, al entender que no se había cometido ningún delito.
En aquel proceso también fueron llamados a declarar el entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román, y el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca.
El procedimiento contra Gil siguió adelante, y el exalcalde fue imputado por una presunta estafa, pero la causa fue sobreseída en febrero de 2005 por el fallecimiento del acusado un año antes sin que se llegara a celebrar el juicio.
Otra vía
La familia perjudicada recurrió entonces a la vía del contencioso administrativo, que casi diez años después se ha resuelto con una sentencia a su favor sobre la que ya no caben más recursos.
Debido a que una de las fincas originales siguen todavía a nombre de los denunciantes, a la cantidad de 2,9 millones de euros que fija la sentencia se deberá restar el valor de la misma, aunque se deberán sumar los intereses devengados por la cantidad resultante durante los más de 20 años transcurridos desde el inicio del caso.
Pese a que una parte de los presupuestos municipales se reservan cada año a cubrir posibles responsabilidades en causas judiciales, el Ayuntamiento no ha decidido aún como afrontará este pago, según han admitido fuentes municipales, dado el volumen de la cantidad que supondrá el abono de la sentencia.
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