El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acaparado titulares con un vídeo publicado en sus redes sociales donde anima a reducir el consumo de carne ... por motivos de salud y de sostenibilidad ambiental. El sector cárnico y el ganadero, incluidos los pequeños productores en extensivo que el ministro reivindica en su mensaje, han puesto el grito en el cielo, y con ellos la oposición parlamentaria, los presidentes de autonomías donde la carne nutre la renta per cápita, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y el presidente del gobierno al que pertenece Garzón, Pedro Sánchez, que ha dicho: «Donde me pongan un chuletón al punto...», respuesta digna de pasar a la posteridad junto a la del ministro que dijo que el síndrome tóxico de la colza lo causaba «un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa, se mata». Por más que nos guste una chuleta, las afirmaciones de Garzón, acordes con los principios de la Dieta Mediterránea, se fundamentan en las recomendaciones de la FAO, que, reconociendo su importancia nutricional, aboga por una producción local, extensiva, sostenible, socialmente justa y sanitariamente inocua; con las de la OMS, que aconseja consumir no más de 325 gramos de carne blanca y 125 de roja a la semana, y con el documento 'España 2050', lanzado por el Gobierno en mayo. La pregunta es por qué una de las cabezas de un ministerio tricéfalo con competencias en sanidad, sostenibilidad y consumo, lanza un vídeo a título personal, cuando el acceso de toda la población a una alimentación saludable y sostenible debería ser una cuestión de Estado prioritaria que involucrara a la totalidad de las áreas del Gobierno, al Parlamento y a los actores económicos y sociales en un plan integral, riguroso y consensuado, por encima de ideologías y de vaivenes electorales. Abrir debates públicos es sano, pero no es la función del Gobierno. El poder ejecutivo brinda otras prerrogativas.
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