Contra el desperdicio de alimentos

La necesidad de la ley está fuera de toda duda si se considera que el 30% de los alimentos que se producen en el mundo termina en el cubo de la basura (datos de la FAO), y que en España, el desperdicio medio de comida asciende a 31 kilos por persona y año. La mayor parte de las pérdidas se produce en la distribución, venta y consumo final. Pero a falta de las enmiendas que se puedan introducir durante el trámite parlamentario, lo más destacable del texto es que se centra en la carga sancionadora y que acarrea una burocracia excesiva.

Por ejemplo, los comedores comunitarios (escuelas, hospitales, residencias, catering, etc.) y restaurantes deben conveniar con alguna ONG o entidad dedicada a evitar el desperdicio, la retirada de las sobras, y han de presentar los respectivos convenios ante una posible inspección. Una medida que no es igual de fácil de cumplir para una gran empresa que para una más pequeña. Otro aspecto farragoso es la jerarquía de aprovechamiento, según la cual los productos que no puedan ser consumidos por personas se han de destinar primero a la alimentación animal, y si no es posible, a otros usos (industriales, fabricación de compost y, finalmente, biocombustibles). Si te saltas la cadena, te multan, pero esa jerarquía no impedirá que buena parte del pescado apto para el consumo humano que se desecha a diario en las lonjas termine reducido a harina para piensos, algo inasumible a estas alturas. La ley, o al menos lo que nos han contado de ella, parece haber olvidado algo tan fundamental como la educación para el consumo responsable. La norma irlandesa ha logrado grandes resultados enseñando buenas prácticas a la ciudadanía. Somos demasiados para que nos persigan y multen, pero si sabemos qué hacer, contribuiremos al objetivo.