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El próximo mes se cumplirá un lustro de la intervención judicial del Málaga, que vive un escenario inédito por la duración del mismo entre los clubes del fútbol profesional español. No sólo eso, sino que esta situación (normalmente, de interinidad, con una duración más ... o menos limitada) tiene visos de prolongarse aún mucho en el tiempo.
En febrero de 2020 un auto de la jueza María de los Ángeles Ruiz González, que instruye el caso Al-Thani (acusado de supuestos delitos de blanqueo de capital, administración desleal y apropiación indebida), determinó la sustitución de este por un administrador, después de que las acciones del Málaga quedaran intervenidas judicialmente.
Hasta que no haya una sentencia sobre el juicio penal o se considere por parte de la jueza que las medidas cautelares no tienen sentido, Muñoz permanecerá al frente de gestión de la entidad. Su ciclo se va renovando año a año, y ya lo ha hecho en cuatro ocasiones. Muy próximamente llegará la quinta.
En lo que va ya casi de lustro al administrador le ha tocado lidiar con la crudeza de la presentación de un ERE, que afectó a todos los departamentos de la entidad; el descenso del Málaga a Primera RFEF, aunque afortunadamente sólo pasó un curso en ella; la aprobación de decisiones deportivas de calado, como un cambio de entrenador, o las dificultades del 'caso Horta', teniendo que aceptar una compensación económica menor a la esperada a priori ante el riesgo de recurrir a la justicia del TAS y haber sido más perjudicado. Lo próximo puede ser un obligado exilio de La Rosaleda (desde la temporada 2026-27) por las obras en el estadio cara al Mundial 2030.
«Con la persona que me suceda intentaré con la mayor normalidad posible un traspaso lo más coherente posible», afirmó en una de sus últimas comparecencias Muñoz, que trata de ser transparente en sus apariciones espaciadas ante los medios y que no tendría problemas en dar un paso al lado si lo requiriera la jueza. En todo caso, el Málaga es un club atípico, en el que no pueden entrar inversores ante la maraña judicial sobre la propiedad, y que no es regido desde hace muchos años por un presidente al uso, con lo que ello supone en el orden en la gestión deportiva.
Al menos ya con el descenso casi inevitable, a comienzos de 2023, el administrador captó la importancia de la figura de un director general en la entidad, entonces sin él, para tener esa ayuda en el día a día y un portavoz más en la institución con la que defenderse de continuas críticas.
Y es que en estos casi cinco años una de las acusaciones permanentes a la gestión de José María Muñoz aluden a que se comporta como un presidente más, pero él contrarresta este argumento con sus propias explicaciones, como reconoció en la rueda de prensa ofrecida para explicar los pormenores del 'caso Horta'. «La máxima representación del Málaga la tengo yo, el único que firma y es responsable soy yo. Intento ir a los menos actos posibles del club, pero en algunos casos ha habido molestias porque no he comparecido y puedo estar desmereciendo a mi homólogo o a otro presidente de otro club», se defendió. El club esgrime en este sentido que son muchos los actos en los que está presente la entidad de La Rosaleda y que es casi imposible eludirlos todos.
También se ha polemizado acerca de su salario, consensuado con la jueza que instruye el caso. En todos estos años la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y BlueBay (que cuenta con el también han sido muy críticos con las decisiones del administrador, y se han sucedido las reclamaciones a la jueza o las preguntas en las juntas de accionistas. Al menos la buena senda deportiva del primer equipo en todo 2024 plantea un horizonte de más calma respecto a su labor.
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