Los veterinarios de Málaga piden al Gobierno un mayor endurecimiento de las condenas por maltrato animal

A grandes rasgos, las nuevas penas por maltrato animal prevén prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses; mientras que si se causa la muerte, serían de privación de libertad de 12 a 24 meses o multa de 18 a 24 meses. El abandono se tipifica con multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Son unos castigos que De Luque reconoce que ya suponen un endurecimiento respecto a los que había anteriormente, pero que siguen siendo demasiado blandos, dada la creciente conciencia y alarma social sobre estos hechos. «La única forma de evitar el abandono es con la identificación de todos los animales que las personas tienen en sus casas, no sólo perros, gatos y hurones, sino otras mascotas, tales como tortugas y aves, conejos y chinchillas», y añade: «Junto con la mayor educación y el endurecimiento de las penas, esta es la única forma de luchar contra el abandono y el maltrato animal».

Al respecto, los profesionales de Málaga exigen que se tenga en cuenta la figura de los peritos veterinarios forenses, que son los expertos capaces de valorar el maltrato. De Luque recuerda que la modificación de la conducta en animales también requiere de un diagnóstico veterinario previo a la intervención de educadores, adiestradores o etólogos, ya que, asegura, estas anomalías están producidas siempre por alteraciones físicas y psíquicas que es necesario identificar para poder tratarlos, y en la nueva norma las profesiones no están bien definidas en este sentido.

El presidente celebra que ya se hayan superado otras cuestiones contra las que el Colegio alegó, tales como la esterilización por decreto de los perros, aunque sigue siendo obligatoria para los gatos. A su juicio, esta no puede ser por ley, sino caso por caso y supervisada por veterinarios, porque la esterilización puede estar contraindicada para algunos individuos y acarrear problemas de salud.

En cuanto al control de las colonias felinas urbanas, De Luque pide que se tenga en cuenta el éxito del modelo de Málaga y se extienda a nivel nacional con criterios uniformes, con los veterinarios como garantes sanitarios y los ferales que forman parte de estas comunidades tienen que estar identificados a nombre del ayuntamiento correspondiente.

De Luque advierte de que este proyecto de ley es el que ha recibido el mayor número de enmiendas y alegaciones de la historia, con más de 6.000 por parte de ciudadanos y colectivos, y 600 de los partidos políticos. La norma tiene aspectos positivos, como son la defensa del bienestar animal, el registro centralizado de identificación y la regulación de las colonias felinas; así como la creación de planes de emergencia, para hacer frente a situaciones como la del incendio de Sierra Bermeja o la erupción de La Palma; y el cuidado de la salud animal.

En cambio, considera aspectos negativos que todavía se atribuya a «profesionales del comportamiento animal» la modificación de su conducta, sin que se tenga en cuenta la necesidad de un diagnóstico veterinario previo; así como decretar la esterilización de determinados animales, «sabiendo que esta intervención quirúrgica altera el sistema hormonal de animales sanos que se verán perjudicados». Como aspectos a mejorar, el Colegio de Veterinarios reclama que se defina la periodicidad de las revisiones, y no sólo como una «intención sin repercusión alguna»; e incluir un listado de tratamientos obligatorios, dependiendo de cada especie. Al hilo de lo anterior, vuelven a exigir que se aplique a su actividad el tipo superreducido de IVA, para hacerlos más accesibles a los ciudadanos.