Taxistas insisten en que la Junta imponga una antelación mínima para pedir un servicio de Uber o Cabify

Mientras esta última considera que la propuesta autonómica implica la instauración de «barreras» al ejercicio de su actividad y limita la competencia respecto al taxi, en el gremio tradicional esgrimen como principal critica que no se aplique la precontratación (estos vehículos sólo pueden operar bajo contratación previa, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) desde un punto de vista temporal y únicamente se pretenda garantizar en kilómetros mediante la creación de estaciones de VTC en los perímetros de las ciudades en las que deberán permanecer cuando no estén prestando servicio en lugar de estar circulando a la espera de que desde la aplicación les salte una carrera. La otra opción que tendrán será la de regresar a su base, siempre y cuando esté fuera del ámbito marcado para estas estaciones.

En el caso de Málaga, las ubicaciones de estas grandes paradas son sendas explanadas en el Martín Carpena, El Cónsul, Limonar Alto y Ciudad Jardín, que distan una media de entre 5 y 8 kilómetros respecto a los principales puntos de afluencia de viajeros de la capital. Ésta es la solución más factible a ojos de Fomento, al considerar que la precontratación por tiempo es «difícilmente controlable» y, sobre todo, ante la falta de garantías jurídicas sobre esta medida sobre la que ya se han pronunciado en contra las Agencias de la Competencia y contra las que las empresas de arrendamiento de coches con conductor ya están preparando su batalla judicial en las comunidades donde se está implantando.

De forma paralela, el borrador que la Junta trasladó a ambos sectores el pasado 2 de abril propone la creación de una web de control andaluza similar al registro estatal que a comienzos de mes puso en marcha el Ministerio de Fomento para garantizar que todos los servicios de VTC son precontratados y que no realicen más del 20% de sus viajes fuera de la comunidad autónoma en la que tienen domiciliada la licencia. Asimismo, se va a exigir al Estado que equipare la capacitación de los conductores VTC a la que se exige a los taxistas para poder trabajar y se va a proponer la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para la formación en las labores de inspección y control de los servicios. En este sentido, la Junta se compromete a intensificar la capacidad inspectora en un 50% aumentando la plantilla destinada a esta tarea.

En cuanto al taxi, el borrador redactado por la Administración autonómica contempla una serie de medidas para modernizar su actividad mediante el establecimiento de un precio cerrado a los clientes que contraten sus servicios vía telemática (igual que ocurre con Uber y Cabify) y la posibilidad de compartir taxi mediante un cambio legal que permita cobrar por plaza en cada viaje solicitado también por medio de una 'app'. Además, se vuelve a poner sobre la mesa la creación de áreas de prestación conjunta entre varios municipios con idénticas tarifas.