Los taxistas de la Costa del Sol piden más controles sobre Uber y Cabify

«Nosotros estamos regulados en todos los aspectos, y ellos pueden incluso disparar los precios cuando hay más demanda», se quejan. Máxime, en un contexto de crisis que ha provocado una caída de la demanda que ha llevado al sector a reducir su presencia en la calle en Málaga capital. A día de hoy sólo está operativo un tercio de la flota (en la ciudad hay 1.432 licencias de taxi), de forma que cada vehículo únicamente trabaja diez días al mes.

La exigencia de una mayor labor de inspección se produce apenas 24 horas después de que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, alegara dudas jurídicas para no regular la actividad de los VTC a nivel autonómico pese a que Málaga es la provincia española con mayor competencia directa entre ambos medios de transporte con una proporción de un VTC por cada 1,4 taxis (1.945 frente a 2.770). Estos recelos a la hora de aplicar restricciones parten de los ejemplos de otras regiones como País Vasco o Cataluña, donde estas limitaciones fueron suspendidas de forma cautelar por los tribunales «por ser contraria a la libertad de empresa y discriminatoria».

«Estamos intentando encontrar soluciones a un problema con el mayor consenso posible, pero nos encontramos en el mismo punto que hace dos años, con una inseguridad jurídica absoluta para poder regular de forma autonómica porque el decreto del Gobierno central transfirió esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Algunas han regulado, pero están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales millonarias», advertía Carazo en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz celebrada el miércoles.

En este sentido, cabe recordar que mediante el citado decreto aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2018 el Gobierno habilitó a las comunidades autonómas y a los ayuntamientos para que puedan regular este sistema de transporte, concediéndoles una moratoria de cuatro años. A partir de ese periodo, todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, de forma que para poder seguir operando en trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales.