Seleccionados tres mil malagueños como candidatos a ser jurado: ¿has sido uno de ellos?

Del mismo modo, durante lo que queda de mes irán llegando a los buzones de los seleccionados una notificación oficial en la que se les comunica su inclusión en esta lista bienal, además de recibir la información correspondiente sobre las causas de incapacidad, incompatibilidad o excusa que se pueden alegar para ser excluido (ser mayor de 65 años, tener alguna discapacidad, razón de cargas familiares o haber ejercido ya de jurado en los últimos cuatro años, entre otros motivos). Las reclamaciones se pueden presentar ante el Juez Decano durante la primera quincena de noviembre y deben quedar resueltas antes de que finalice el mes. A partir de ese momento se publicarán las listas definitivas de las personas que pueden ser convocadas para formar parte de un jurado en el que se juzgue algún delito cometido en la provincia. En este sentido, cabe remarcar que no cumplir con este deber conlleva una sanción de entre 150 y 1.500 euros.

En cualquier caso, la probabilidad de acabar sentado en una sala frente a un acusado es remota en vista de los juicios que se desarrollan por este sistema cada año. Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la provincia sólo fueron 14 de los 671 juicios penales registrados el año pasado (2%). Tal y como establece la Ley del Tribunal del Jurado, los delitos penales que pueden juzgarse por esta vía son los de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

El juicio por la muerte de la joven mijeña Rocío Wanninkhof en el que Tony King fue declarado culpable, la condena a José Bretón por el crimen de sus dos hijos en Córdoba, el procedimiento contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel en Almería o la vista que dentro de unas semanas arrancará en La Coruña por el asesinato de Diana Quer con 'El Chicle' como único acusado son algunos de los casos más sonados de este tipo de juicios en los que la responsabilidad de emitir un veredicto recae sobre personas anónimas sin ningún tipo de conocimientos jurídicos, aunque luego es el magistrado el que dicta sentencia e impone la pena.

La cifra de tres mil tampoco es casual. La propia ley recoge que se deben seleccionar el número de personas que resulte de multiplicar por 50 el número de causas que la Audiencia estima que pasarán por el Tribunal del Jurado en los dos próximos años. En cada procedimiento se designan a 36 personas, también por sorteo a celebrar al menos treinta días al día señalado para la primera vista de juicio oral, para así tener margen en el caso de que la Fiscalía o las defensas recusen a algunos de los candidatos. Finalmente, son elegidos nueve titulares y dos suplentes, a los que se les paga 67 euros por sesión más gastos de desplazamiento y dietas. Una vez constituido el tribunal, los elegidos tienen que jurar o prometer que desempeñarán «bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados, así como guardar secreto de las deliberaciones».