Raúl Flores, Secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española

«La situación social de España es la de un enfermo crónico»

–¿Cómo define la situación social de España?

–La situación social de España es la de un enfermo crónico que ha sufrido episodios agudos en los últimos años. Cuando digo que es un enfermo crónico me refiero a que nuestra sociedad tiene problemas estructurales. Por ejemplo, con el valor del trabajo y con cómo éste permite acceder a una vida digna. O con la forma en que se ha resuelto la cuestión de la vivienda y con cómo en vez de ser un derecho se ha convertido en un lujo. Tiene problemas de desigualdad creciente porque los mecanismos que tratan de redistribuir la riqueza no funcionan bien: imaginemos un edificio de cinco plantas en el que los habitantes de la primera son los que menos renta tienen y cada vez están más lejos de los de la tercera, que vendría a ser la clase media, y mucho más lejos de los de la quinta planta. Y en esta enfermedad crónica hemos tenido la Gran Recesión de los años 2008-2013, la crisis de la Covid-19 y la del alza de los precios, episodios agudos que han empeorado al enfermo. Pero el problema viene de lejos y la solución no pasa por resolver la última crisis, sino por un cambio profundo en el modelo social.

–Sólo la crisis de 2008 preocupó por sus efectos sociales. Las otras, bastante menos; ¿por qué?

–Han sido tres episodios muy diferentes en sus orígenes, en su respuesta política y en sus consecuencias. La Gran Recesión de 2008 se afrontó con políticas de austeridad: en vez de ampliar el gasto social para cubrir a la población más vulnerable, se recortó. Esto supuso que los más vulnerables fueran los más afectados y quienes han cronificado su situación. Hay muchas familias que no se han recuperado de esa Gran Recesión por su profundidad, su duración y las políticas adoptadas. A la crisis de la Covid-19 la respuesta fue diferente: en vez de recortes sociales, mayor inversión en proteger a los más vulnerables. Además, tuvo una duración 'corta'. La última crisis es la del alza de los precios y parece que no se ve tanto cómo afecta a los pobres. Los que más subieron fueron los productos más elementales: la vivienda, la electricidad y la alimentación. Una familia con 1.200 euros de ingresos dedica 1.000 euros a estos tres capítulos. Si suben un 25%, como pasó en este periodo, necesitas 300 euros más. Si eres una familia que ingresa 2.500 euros y en vez de dedicar 1.000 a los bienes básicos necesitas 1.500 o 1.600, aunque suban mucho, tienes aún margen.

–España es un enfermo crónico, ha dicho. Pero... ¿qué falla?

–Lo primero que falla es un sistema productivo que genera estacionalidad y, por tanto, mucho empleo temporal, y que además es muy vulnerable a las coyunturas, por el menor peso de la industria y el mayor del turismo. Otra cuestión importante es que no hemos tenido unas políticas de vivienda que hayan priorizado su carácter de derecho, sino que se ha convertido en un bien de inversión, en una forma de sacar un dinerito: para algunas familias es algo que les ayuda a llegar a fin de mes; pero para otras familias o empresas significa una fuente de enriquecimiento. Y eso es legítimo, pero siempre y cuando primero hayamos cubierto el derecho a la vivienda. ¿Pueden coexistir la inversión y el derecho a la vivienda? Perfectamente, pero uno delante de otro. Sólo con priorizar el derecho a la vivienda ya estaríamos marcando unas normas de juego distintas a las de las últimas décadas que han llevado a que una cuarta parte de la población esté literalmente asfixiada por la vivienda. De ese edificio de las cinco plantas, el quintil con menos renta en 2018 dedicaba el 48% de sus ingresos al alquiler y en 2024 ya un 72%. El enfermo es crónico y va empeorando. Otro elemento importante es la incapacidad para apostar por las nuevas generaciones, por la familia, por los niños y los jóvenes: por cada cien euros que se dedican en la Unión Europea a políticas de protección a la familia, en España sólo 32. Y una cuestión más cultural: nuestra sociedad se desarrolla en un sistema de valores que promueve el individualismo, una respuesta individual a los riesgos colectivos. Eso puede funcionar para los habitantes de la cuarta y la quinta planta, pero no para los de las plantas inferiores.

–El sistema de protección, por ser tan contributivo, también falla.

–El sistema de redistribución de la riqueza en nuestro país está basado en dos palancas. En primer lugar, la fiscalidad. Tenemos un sistema fiscal que tiene menos intensidad –es más suave– que el de los países de nuestro entorno, es decir, contribuimos menos de lo que aportan los ciudadanos de nuestro entorno. En segundo lugar, si bien la progresividad es buena en las personas físicas, se pierde en las empresas: las pequeñas y medianas contribuyen mucho y las grandes aportan menos de lo que podrían y deberían. La otra palanca es la de las prestaciones, y tenemos una alta dependencia de lo contributivo. Aquí lo que se recibe depende mucho de lo que se ha aportado. Y algo de esto tendría que haber, pero también unos suelos, unos mínimos, de los que partir porque muchas de las personas que han contribuido menos ha sido por cuestiones muchas veces ajenas a ellas mismas.

–El Ingreso Mínimo Vital marca cantidades mínimas por tipo de hogar. ¿Qué balance hace de esta prestación?

–El IMV ha sido un avance fundamental que desde Cáritas veníamos reclamando mucho tiempo. Necesitábamos un esquema de garantía de ingresos común al conjunto del Estado que asegurara un suelo sobre el cual las autonomías añadieran los complementos necesarios. El IMV ha tardado mucho tiempo en ir instalándose, pero sobre todo ha tenido un problema y es que los esquemas de garantía de rentas autonómicos se han retirado o se han reducido.

–Se critica que el sistema de protección y la atención a los empobrecidos hace un escrutinio y un juicio muy duro sobre su vida.

–Muchas de las prestaciones para familias vulnerables parten de la sospecha y la persona que las necesita tiene que demostrar su inocencia. Y esto es injusto. Muchas prestaciones no llegan a cumplir con su función porque no llegan a tiempo. Y no lo hacen porque en vez de otorgarse y luego ir viendo las condiciones en las que se hace, la concesión se demora cuatro, cinco o seis meses. Y esto lo cambia todo. Estos cuatro, cinco o seis meses generan una situación de cronicidad de la cual es mucho más difícil salir. Esa primera actitud de sospecha sobre la necesidad que tienen los hogares de estas prestaciones es algo que empeora las condiciones de las familias. También se habla de fraude. Las únicas investigaciones serias que se han hecho sobre fraude en rentas mínimas se han realizado sobre la renta mínima del País Vasco y ahí se concluyó que era de un máximo de entre el 2,5% y el 2,8%. El fraude en el IRPF en los últimos años ha rondado el 16%. Pero lo que decimos es que los pobres son más defraudadores. Esto no solamente es falso sino que es injusto porque cuestiona el sistema de protección social por el fraude mínimo de algunas personas.

–Se habla mucho del fraude y poco de que las ayudas no llegan a todos los que las necesitan.

–En el IMV tenemos un 'non-take-up' (personas que tendrían derecho a recibirlo y que no lo hacen) que supera el 33%. Pero es que hay gente que no lo conoce, a quien le da pudor pedirlo, personas que sienten que no está bien depender de una ayuda... Hay una gran parte de la población que evita pedir ayuda para no sentirse dependiente. Tendríamos que analizar nuestras miradas hacia los vulnerables para que les dé vergüenza pedir lo que les corresponde.

–País Vasco tenía la renta mínima más generosa y allí la tasa de paro era la más baja de España.

–En el último informe Foessa ya demostramos que más del 70% de las personas que se encontraban en situación de pobreza y de exclusión social estaban activadas. Es decir, no estaban esperando que fueran ni los servicios sociales, ni Cruz Roja, ni Cáritas a decirles que buscaran un trabajo. O estaban formándose o trabajaban o estaban siguiendo los itinerarios de los servicios sociales públicos y privados. También la mayor parte de quienes recibían una renta mínima o una prestación por desempleo estaban activados. Es falso que en términos generales las ayudas desincentiven las ganas de encontrar empleo y labrarse un futuro.

–¿Sigue habiendo dos Españas, la del norte y la del sur?

–Desde la Fundación Foessa tratamos de medir las condiciones de vida más allá de la pobreza económica, que sólo es uno de sus elementos. Cuando evalúas las condiciones de vida en términos de pobreza económica el dibujo es norte-sur. Pero cuando se hace en términos de exclusión social, que abarca ingresos, empleo, salud, vivienda, educación, relaciones sociales, conflicto social, ciudadanía política... encontramos que la zona más afectada sería el litoral mediterráneo, el sur y Canarias.

–Las organizaciones también están cambiando la manera en que se acercan a la realidad, la forma en la que intervienen. ¿Cómo se está haciendo esto en Cáritas?

–Hace treinta años el tener o no un empleo lo cambiaba todo. El empleo era la llave que abría la puerta de la integración social y económica. Esto ya no es así. A día de hoy, tener o no tener un empleo no es significativo a efectos de integración social. Lo realmente significativo es tener o no tener un buen empleo estable, con jornada completa y mantenido durante muchos años. Pero es que además tenemos que meter otros factores en esa ecuación, como el de la vivienda. Porque las condiciones de vida nos las estamos jugando en un difícil equilibrio entre ingresos y gastos. En los ingresos tenemos el empleo y en los gastos, lo que se nos va por el desagüe en términos de vivienda. Y también hay que tener en cuenta el capital relacional. En Cáritas y en muchas entidades del tercer sector tenemos claro que la gran diferencia cuando vienen mal dadas es tener a alguien que te ayude, o no. Lo que al final te permite sostenerte, no cronificar tu situación en el fondo del pozo, es tener personas que te ayuden.

–¿Cómo se lleva que a veces la cúpula de la Iglesia apoye posiciones políticas contrarias a la redistribución de la riqueza?

–La Iglesia es totalmente plural. En la Iglesia caben todas las posiciones y apoyos a distintos partidos. Lo que nos une o lo que nos sustenta de manera común son los valores del Evangelio. Lo que tenemos que hacer cada cristiano, cada creyente, es contrastar la realidad por la que estamos apostando con esos valores del Evangelio. Y ahí es donde encontraremos las cosas que cuadran y las que no; las posiciones que son claramente a favor de los más pobres, a favor de las enseñanzas de Jesús y otras que no lo son tanto. Ese contraste es fundamental. También es esencial que los creyentes y los cristianos no nos separemos de la política. Porque la caridad pasa por la política, porque no hay caridad si no hay justicia. Es decir, es necesario que la justicia esté en la base del modelo de sociedad.

–La Iglesia parece más pendiente del rito que de la gente.

–Hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Para nosotros no existe una vivencia equilibrada sin alguna de ellas, y por supuesto, sin la caridad. Pero, como en todos los espacios sociales, hay desequilibrios, y hay personas que se sitúan más en un lado que en otro. Los cristianos viven en la misma sociedad que los no creyentes. Con lo que valores como el individualismo, las identidades excluyentes... también nos afectan.