SATSE lleva la colocación de cámaras en el Regional a la Agencia de Protección de Datos
El hospital dice que estos dispositivos se instalaron para evitar el robo de medicamentos y proteger a los sanitarios haciendo más seguro el entorno
El sindicato de enfermería SATSE denunció el 22 de abril la colocación, sin que se avisara a los trabajadores, de videocámaras en zonas de trabajo de enfermería en casi todas las unidades de hospitalización del Hospital Regional Universitario «a espaldas de los profesionales y sus representantes y sin ninguna información». La central sindical ha anunciado hoy que llevará los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con el fin de hacer cumplir al centro, según aseguran, el compromiso de reubicarlas, aunque pese a esta medida volvieron a colocarse dispositivos de esta naturaleza «menos de una semana después» de la reunión con la cúpula del hospital.
«Ante la actitud de desprecio de la Dirección del centro para con sus profesionales y sus representantes, el uso de una medida totalmente desproporcionada e injustificada, el señalamiento público de la enfermería del Hospital y la nada creíble justificación argumentada, SATSE ha optado por denunciar los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con fecha 26 de mayo de 2025», dice el sindicato, que añade que «un mes después de la reunión nada se sabe del asunto y las cámaras siguen colocadas, por lo que el sindicato seguirá llevando a cabo todas las medidas que estén a su alcance para reconducir la situación, empezando por esta denuncia y una recogida de firmas solicitando su retirada».
El centro contesta que «el pasado mes de abril el Hospital Regional Universitario de Málaga instaló cámaras de videovigilancia en nuevas zonas del centro con el fin de garantizar la protección de los profesionales sanitarios y evitar el robo de medicamentos».
Añade el Hospital Regional que «la intención no es interferir con el trabajo diario del personal, sino ofrecer un entorno más seguro tanto para los empleados como para los recursos del centro. Esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de seguridad y está respaldada por la Ley Orgánica 4/1997, que permite la colocación de videocámaras en espacios públicos con fines de protección y prevención de delitos».
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