El retraso en la reforma de la plusvalía satura los juzgados y tiene 50 millones en suspenso en Málaga
La ausencia legal cuatro años después de que el Constitucional anulara el impuesto en ventas sin incremento de valor deja indefenso al contribuyente ante los ayuntamientos
El pago del impuesto de la plusvalía municipal cuando se vende o hereda un inmueble por debajo de su valor real lleva agonizando desde que ... en mayo de 2017 el Tribunal Constitucional anuló este tributo siempre que se transfiera por menos de lo que se adquirió, pero sigue resistiéndose a morir. Cuatro años después, la maquinaria administrativa del Estado aún no ha acometido la reforma legal de este gravamen para aclarar qué pasa con los miles de recibos que quedaron en suspenso tras alegar esa venta por menos de lo que se adquirió, si es posible recuperar lo pagado por quienes pasaron por caja o, lo que más incertidumbre genera en los ayuntamientos, cómo se les va a compensar por esas devoluciones y por la pérdida del filón que supone en sus arcas el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
A día de hoy es complicado ponerle cifras a esta incertidumbre, aunque distintas fuentes consultadas por este periódico estiman que entre peticiones de devolución y el dinero que se ha dejado de recaudar de liquidaciones que están suspendidas el montante que está en el aire podría rondar los 50 millones de euros en la provincia de Málaga. Todo ello, sin contar los cobros que siguen reclamando algunos municipios y que obligan a particulares y empresas a acudir a los tribunales. «Hay una prescripción de valores que puede ser tremenda porque habrá cantidades que no podrán ser devueltas. Además, hay ayuntamientos que siguen liquidando como si no hubiera pasado nada y otros que lo dejaron en suspenso y que ahora empiezan a reactivarlos antes de que prescriban», destaca el economista y profesor de la Universidad de Málaga, Juan Manuel Ruiz Galdón.
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Un tributo herido de muerte a base de sentencias judiciales
El Ayuntamiento de Málaga fue uno de los primeros del país en reaccionar al mandato del Constitucional suspendiendo el cobro de la plusvalía si no hay incremento del valor del suelo, aunque ahora que están a punto de prescribir (cuatro años) sí que está revisando una a una todas las liquidaciones que se practicaron pero no se pasaron al cobro. «Otros ayuntamientos sí cobraron, pero nosotros no. Así que ante la ausencia de una norma estatal ahora estamos empezando a revisar y a requerir la información que acredite la supuesta minusvalía en el impuesto», afirma el concejal de Economía, Carlos Conde, quien alega la «indefensión de los ayuntamientos al aplicar una norma que los jueces han ordenado cambiar y la inseguridad económica en materia de ingresos porque están supeditados a cuestiones que no están debidamente reguladas». En febrero de 2018 hubo un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se materializó en un borrador de proposición de ley, pero acabó caducando en marzo de 2019 sin ser aprobada por el Congreso.
80% de los recursos judiciales
Y así sigue, por lo que la última opción que le queda al contribuyente es la judicial, sobrecargando los juzgados con un tema que ya debería estar zanjado. Ocho de cada diez recursos en materia tributaria que llegan a los juzgados de Málaga tienen que ver con la plusvalía. «Es un impuesto con mucha litigiosidad, en especial al hilo de la sentencia del Constitucional. Sólo de este año estamos hablando de que el 80% de los 178 asuntos de tributos que han entrado se refieren a la plusvalía a pesar de que este tema ya tendría que estar resuelto», advierte el juez decano de Málaga, José María Páez. En este sentido, pone el acento no sólo en la carga de trabajo con litigios prácticamente idénticos, sino también en la complejidad a la hora de resolver estos procedimientos «porque hay que tener en cuenta la normativa vigente, pero también la jurisprudencia».
Los municipios que suspendieron el cobro tras la sentencia reactivan los expedientes antes de que prescriban
«Se avanza a base de jurisprudencia y ante la falta de una política unificada cada ayuntamiento aplica su propio criterio, de forma que unos optan por cobrar y esperar a que el contribuyente recurra, otros por no cobrar,… El resultado es que hay muchísimos casos judicializados», expone Joaquín López de Avellaneda, abogado fiscalista de Martínez-Echevarría & Rivera.
Críticas a los ayuntamientos
No es el único que opina así. «La mayoría de ayuntamientos pasan olímpicamente. Algunos, como Benalmádena, Mijas o el propio Patronato de Recaudación no lo cobran directamente, pero tampoco resuelven el recurso y al año y medio acaban mandando la carta de cobro, así que la opción que le queda al contribuyente es acudir al Contencioso», apunta Miguel Maldonado, del despacho Maldonado González.
En la misma línea se pronuncia el letrado José Miguel López. «Lo que buscan es aburrir a la gente. Se escudan en que hay un limbo jurídico para seguir aplicando la ley tal y como está o al menos dejarlo en 'stand by' para que pasen los cuatro años de prescripción. Es decir, lo dejan en punto muerto, dan la callada por respuesta y justo antes de que prescriba el expediente remiten la carta de pago», denuncia el responsable del despacho especializado en asuntos inmobiliarios Marbella Solicitors Group.
Desde el Patronato de Recaudación Provincial, que gestiona el cobro de la plusvalía de 79 municipios como Marbella, Estepona o Rincón de la Victoria, aseguran que se tramitan todas las declaraciones de no sujeción presentadas desde junio 2017 y que «en aquellos casos en los que no se acredita la no existencia de incremento de valor se procede a emitir y notificar la liquidación tributaria».
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