Estas son las propuestas de las feministas malagueñas para acabar con la «justicia patriarcal»

En el documento dirigido a la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, la Coordinadora 8 de Marzo insiste en que el sistema judicial «sigue sin ver que el hombre ocupa el espacio público y el privado en situación de privilegio» y que las mujeres tienen que conseguir «lo que ellos tienen sólo por nacer con sexo masculino: la voz, la credibilidad, el poder para ocupar el espacio, para ser la representación de la universalidad». Inciden en que «la justicia sigue esperando de las mujeres y de los hombres comportamientos estereotipados». «De la misma manera que el machismo afecta a la sociedad en su conjunto, atraviesa también la forma en la que se interpretan y aplican las normas jurídicas», argumentan.

En el escrito la organización incide en que los códigos penales «se configuran de espaldas y olvidando las violencias machistas» y que ello se une a que quien aplica las leyes no tienen formación en género, lo que se deriva en «sentencias injustas» y en que las «las mujeres, en vez de ser reparadas, somos revictimizadas, cuestionadas y negadas, recibiendo violencia institucional de quien debía protegernos».

La Coordinadora 8M esgrime como argumento en su favor el Estatuto de la Víctima del Delito, una norma que data de 2015 y que establece una serie de derechos en favor de las víctimas de delitos, así como la guía de buenas prácticas sobre la declaración de las víctimas de violencia de género que indica cómo debe ser el trato dispensado a las mujeres y que indica, por ejemplo, que no cabe un trato que las haga sentir culpables. Asimismo, recoge que de acuerdo con el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, la mitad de las denuncias recibidas son por violencia en el ámbito judicial. «No es casualidad, en este contexto, que sólo el 8% de los casos de violencias machistas lleguen a la justicia y que cada vez más denuncias se hagan públicas mediante redes o en formato de denuncia anónima, siendo la muestra clara de la falta de confianza en las instituciones», reflexionan las feministas que han elaborado el documento.

El escrito recoge asimismo el caso de Lina, la víctima del crimen machista del pasado 9 de febrero en Benalmádena: había denunciado a su marido unas semanas antes y el Juzgado sobre la Mujer número 3 de Málaga, «que debería tener formación y sensibilidad de género al ser un órgano especializado, denegó la orden de alejamiento», lo que, a ojos de la Coordinadora, constituyó «un grave error judicial». «Cada mujer asesinada por la violencia machista representa un gravísimo fallo del sistema, y cuando ha interpuesto denuncia previa, refleja su incapacidad de proteger la vida de las mujeres y una tremenda pérdida de confianza en la administración de la Justicia, máxime cuando le ha sido denegada una orden de alejamiento solicitada», denuncian el texto.

La carta incluye varias reivindicaciones: en primer lugar, que se garantice formación obligatoria y evaluable en perspectiva de género; establecer y hacer cumplir protocolos que contemplen de manera integral las actuaciones judiciales necesarias para la atención a las víctimas de violencias machistas en todas las fases del procedimiento con apoyo psicológico y espacios seguros para declarar; la revisión de los criterios para la concesión de órdenes de protección; y el fin del uso de teorías machistas como las denuncias falsas, perfiles de mujeres maltratadas o el síndrome de alienación parental.