Propietarios se manifiestan en Málaga contra los 'inquiokupas': «Mi marido ha fallecido sin recuperar nuestra casa»

Dicho decreto se promulgó en pleno estado de alarma con el fin de crear un «escudo social» para proteger «a los trabajadores, a los consumidores, a las familias y a los colectivos más vulnerables» de los efectos de la crisis del covid. Entre las medidas que incluía estaba la suspensión extraordinaria de los desahucios y lanzamientos de las personas que acrediten estar en una «situación de vulnerabilidad económica» y no tengan una alternativa habitacional. En el texto original se establecía como límite temporal de esta medida el propio estado de alarma, pero el Gobierno ha ido prorrogando su vigencia año tras año (se ha vuelto a extender hasta el 31 de diciembre de 2025).

Los arrendadores afectados por esta medida no quieren seguir cargando sobre sus espaldas ese escudo social, explica Virginia Robles, portavoz de la asociación en Málaga. «Cinco años después, muchísimos propietarios tienen en sus viviendas a inquilinos morosos o directamente okupas que se han declarado en esa situación de vulnerabilidad y no los pueden echar después de cinco años sin cobrar y haciéndose cargo de suministros y gastos. Esas declaraciones de vulnerabilidad no se revisan y los inquiokupas siguen ahí, amparados por la ley», argumenta. «El propietario no puede ser el escudo social. Si hay un problema habitacional, no es nuestra responsabilidad», insiste. La asociación calcula que hay 80.000 propietarios víctimas de la inquiokupación en España.

El Gobierno estableció una compensación a los propietarios y arrendadores afectados por estas suspensiones de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables, de la que se hacen cargo las comunidades autónomas con cargo a los fondos del Plan Estatal de Vivienda. Dicha compensación consistirá «en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador» y se pagará durante todo el tiempo que pase «entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma». «En Andalucía sí se están pagando las compensaciones, a diferencia de otras comunidades autónomas. Pero lo que se paga no compensa lo que pierde el propietario y, además, hay afectados que no la piden porque requiere mucha burocracia; muchos son personas mayores», asegura Robles.

Los afectados critican que los supuestos de vulnerabilidad económica son «muy laxos» y no se revisan al cabo del tiempo. Dichos requisitos son: que la persona haya «pasado a estar en situación de desempleo, ERTE, reducción de jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias similares» que supongan «una pérdida sustancial de ingresos», no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar la cuantía de 1.800 euros; y que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Muchos propietarios se ven obligados a contratar detectives para demostrar que los 'inquiokupas' no cumplen esa supuesta situación de vulnerabilidad.

Volviendo a Maribel, cuenta que ella y su marido compraron en 2019 una vivienda, con los ahorros de toda una vida, pensando en facilitar el retorno de su hijo, que residía entonces en Valencia y tenía intención de volver a Málaga. Mientras, pusieron el piso en alquiler. Los inquilinos dejaron de pagar en febrero de 2021. «Lo denunciamos, gastándonos dinero en abogado y procurador, ganamos el juicio en diciembre del 21, pero no sirvió de nada porque se declararon en situación de vulnerabilidad y están amparados por la ley. Y nosotros, atados de pies y manos. Fuimos a hablar con ellos, les dijimos que les perdonábamos la deuda con tal de recuperar el piso... Y nada, claro, ¿cómo se van a ir si les sale gratis? Además, la comunidad nos denuncia a nosotros porque son conflictivos, gritan, tiran cosas por el patio, tengo yo que ir al juzgado a explicar la situación», cuenta esta vecina, a la que se le quiebra la voz de nuevo cuando recuerda todo lo que luchó su marido. «Lo indecible, lo indecible. Fue a hablar con el defensor del pueblo, se metió en la plataforma antiokupas a nivel nacional, se reunió dos veces con concejales del Ayuntamiento... La primera vez le preguntaron que qué era eso de los inquiokupas, ¡ni siquiera se habían preocupado de enterarse del problema! Salió muy decepcionado. La conclusión fue que como no hay viviendas sociales, le tocaba aguantarse».

Después de 30 años viviendo en su casa, María Remedios y su marido ahorraron lo suficiente para comprarse otra y, a la espera de que sus hijas se independizaran, decidieron ponerla en alquiler. «Es una vivienda de tres habitaciones en Maqueda, al lado del Parque Tecnológico, y la pusimos a un precio asequible, 650 euros mensuales. La alquiló a una pareja, él decía que era ingeniero y que cobraba un sueldazo. Pagaron el primer mes y ya no pagaron más», explica su hija. En agosto hará cuatro años que esta familia espera para recuperar su vivienda. «Son más de 28.000 euros lo que nos deben», afirman. El juzgado les dio la razón pero, cuando se fijó la fecha para el desahucio, los inquilinos pidieron la suspensión acogiéndose al decreto 11/2020. «Y ahora mis hijas están pagando las dos alquileres», se lamenta María Remedios.

En la concentración de hoy en el paseo del Parque conviven todo tipo de casos, tanto de inquiokupación como de okupación a secas. También situaciones muy complicadas en las que se mezclan conflictos personales, como la que denuncia Florencio Delgado. Tras divorciarse, su expareja se quedó viviendo en un piso de su propiedad y lleva dos años y medio peleando en el juzgado por que la abandone. «Se declaró vulnerable y contratamos a un detective que demostró que trabaja en B, que cobra más que yo, que tiene un novio viviendo allí con ella y que tiene el parking alquilado por 70 euros al mes», relata. «Después de llevar gastados 8.000 euros para defendernos y demostrar que esta mujer no es vulnerable y que no tiene ningún derecho a estar allí, el juzgado en vez de revocar la suspensión y hacer el desahucio, ha fijado una nueva vista», añaden. «Y mientras, ella sigue teniendo defensa gratuita, con lo cual plantea todo tipo de recursos porque no le cuesta nada», remata.