La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga

Es una actuación, pendiente desde hace dos décadas, de 104 millones de euros para depurar las aguas de la expansión urbana de Málaga y de los municipios de Torremolinos, Cártama, Alhaurín El Grande y Alhaurín de la Torre. Los vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarrana han conseguido que la Junta de Andalucía paralice esta obra. Fue en junio tras una decisión del TSJA ante la que los servicios jurídicos autonómicos han presentado un recurso. Los vecinos alegan cuestiones como que estos terrenos, situados entre Campanillas y Alhaurín de la Torre, están en zona inundable y tienen valor ambiental, además de afectar a sus cultivos de cítricos.

«El proyecto tiene múltiples carencias; especialmente la falta de la autorización ambiental unificada, falta de estudios de las personas, del clima, del hábitat, etc», señala a SUR Marcelino Abraira, abogado especialista que representa a las familias. Recuerda que en la decisión del TSJA se resalta que la Junta ha tenido en cuenta solo cuestiones económicas y no ambientales. «En nuestra opinión, pocas opciones tiene la Junta para ubicar la EDAR en la Vega. Son tantas las razones de los vecinos y los bandazos de la Junta en este tema, y como la ley está de parte de los vecinos al 100 por cien, que estamos en la convicción de que la Junta no tiene posibilidades de construir la depuradora aquí», concluye.

Cargada de polémica siempre ha estado la posible construcción de un hotel rascacielos en el dique de Levante. Los privados presentaron hace unos meses el proyecto a la Autoridad Portuaria, que lo ha dejado a la espera de conocer el resultado de los dos contenciosos-administrativos que han planteado la Academia de Bellas Artes de San Telmo y el colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte. El proyecto, que ha sufrido varios cambios de planteamiento, cambios de arquitecto y de accionariado, va a cumplir una década de trámites.

Otro proyecto que lleva dos décadas dando vueltas, con cambios de diseño, de promotora y siempre en el centro de la agenda política municipal. La operación urbanística para los suelos de Repsol esta paralizada a raíz de los recursos judiciales de la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo ese ámbito junto a la avenida de Juan XXIII se destine a un gran parque. Por ahora, la promotora Urbania, que se mantiene por ahora como adjudicataria del concurso que convocó el Ayuntamiento para vender las parcelas para la construcción de tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.

Desde BUM se hacen periódicamente campañas de plantaciones, intervenciones en los plenos, acciones en redes... Su portavoz, Pedro Sánchez, habla con este diario al respecto de la larga lucha que mantienen. Destaca cómo BUM ha conseguido integrar a los movimientos vecinales tradicionales, como Torrijos o Solidaridad, con otras personas, quizás de perfil más joven, con menor tradición asociativa. «La gente ha entendido de manera natural, por la masificación de estos distritos, que nuestra propuesta era interesante y había que desarrollarla para la ciudad. Y me llama mucho la atención la sordera del Ayuntamiento con respecto a estas reivindicaciones. Se ha intentado por todos los medios desprestigiar el movimiento vecinal. Se nos ha acusado de estar politizados, cuando somos un movimiento apartidista, que nace de la ciudadanía», considera y valora la conexión de BUM con estamentos como la Universidad o profesionales de diversos ámbitos que han aportado trabajo o conocimiento en materia de arquitectura, urbanismo o medio ambiente.

«Cuando hay una disparidad de criterio entre la Admininistración y los administrados, lo normal es acudir a la Justicia. Esto a la Administración le cuesta mucho asumirlo y reaccionan de manera muy airada. Nos han intentado amedrentar amenazándonos con una serie de costas. Se nos habló de 235.000 euros por pedir unas medidas cautelares y eso se aireó en prensa», incide y, en este punto, recuerda la iniciativa de 'crowdfunding' para poder asumir las cargas.

Sánchez opina, orgulloso, que movimientos como Bosque Urbano lo que han conseguido es implicar a los vecinos en el debate sobre el modelo de ciudad.

Respiran relativamente los vecinos de la barriada paleña de La Pelusa, que llevan años mostrando su oposición frontal contra el proyecto de una gasolinera de bajo coste en la zona. El Ayuntamiento de Málaga denegó hace meses la calificación ambiental. No obstante, el proyecto es urbanísticamente lícito por lo que se puede volver a presentar con las debidas correcciones. La Junta también frenó el proyecto desde el punto de vista de la salud.

Inmaculada De la Torre es la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Pelusa: «Nuestra lucha no es un capricho. Es la defensa del derecho a la salud a la seguridad y a la dignidad de nuestro barrio. No es una lucha pasada, es muy presente. Cierto es que se han ganado dos batallas muy importantes con el rechazo dos veces de la Junta al proyecto de Petroprix, pero queremos tener un barrio vivo saludable y sostenible. Nos hubiera encantado el Ayuntamiento se hubiera puesto desde el principio a nuestro lado el de sus ciudadanos y no de perfil, dejando hacer al gran empresario. Nos sentimos traicionados por las instituciones, abandonados y cansados, ya que llevamos casi cinco años de lucha continuada».

En pleno pulso administrativo se encuentra este proyecto, adelantado por SUR en septiembre del año pasado. La empresa que proyectaba un centro ambiental con vertedero en Puerto de la Torre tiene recurrida la negativa municipal inicial. Verosa ha alegado y se le ha solicitado más documentación. La inversión prevista rondaba los 5 millones y buscaba valorizar 300.000 toneladas de material al año, sobre todo de obras.

Su ubicación, en la zona del Puerto de la Torre más próxima a la AP-46, enseguida movilizó a los vecinos, que han contado, además, con el apoyo de las formaciones políticas municipales. Rafael Linares, presidente de laAV Junta de los Caminos y Diseminados, declara a SUR: «Llevamos meses de movilización vecinal: reuniones con administraciones y grupos políticos, recogida de firmas, mociones, alegaciones y una presencia constante en medios y en la calle. En demasiadas ocasiones, las instituciones local y autonómica parecían mirar hacia otro lado, eludiendo responsabilidades y sin atender al impacto social, ambiental y de salud pública que implica este proyecto. El camino ha sido duro, pero también ha fortalecido enormemente la unión vecinals».

Asegura que el futuro se plantea con una mezcla de preocupación y esperanza: «Los vecinos podemos frenar decisiones injustas y arbitrarias o, al menos, forzar su revisión. Sabemos que aún no está todo resuelto, pero también que la presión ciudadana da resultados. No bajaremos la guardia».

El proyecto deportivo y turístico 'Transcende', promovido por la empresa Natura Call Initiatives, S.L., perteneciente al Grupo ARD Investment & Development, topó con su primer gran escollo administrativo. El plan, que contempla la creación de un macrocomplejo en los Llanos de Matagallar (Coín), con más de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie, recibió un informe desfavorable autonómico. No es compatible con la actual planificación hidrológica. Y la empresa debe aportar ahora documentación que avale lo contrario.

«En agosto de 2023, de manera fortuita, algunos vecinos de Coín tienen conocimiento de que unos promotores, están negociando con el Ayuntamiento de Coín y la Junta de Andalucía, poner en marcha en los Llanos de Matagallar, exactamente encima del acuífero del que se abastece la población de Coín y los regantes, parte de la población de Monda y Alhaurín el Grande, un proyecto urbanístico/turístico que incluye más de 500 chalets, un megahotel, aparcamiento para 1.500 coches, y actividades acuáticas construyendo una piscina de olas gigantesca, un río de aguas bravas, etc. etc. Todo ello con la ya intensa sequía y los constantes cortes de agua que padecemos y el grave peligro de contaminación del acuífero», manifiesta a SUR José Martín Sánchez, portavoz de la Mesa del Agua, compuesta por 21 organizaciones locales y comarcales.

En este tiempo, han recogido más de 9.000 firmas y han conseguido aglutinar hasta 5.000 manifestantes en las calles de Coín.

«La Mesa del Agua sigue informando y alertando de las graves consecuencias del proyecto en caso de llevarse a cabo y mantiene el respaldo de la mayoría de la población y la oposición al proyecto por la importante escasez de agua en el acuífero y los graves riesgos de contaminación que conlleva», incide.

Últimamente ha vuelto a entrar en la agenda técnica y política por las acuciantes necesidades de la provincia de aumentar los recursos hídricos y protegerse de las riadas. El embalse es una propuesta de los 90, incluida en el Plan Hidrológico Nacional. Tenía una capacidad de entre 45 y 50 hectómetros cúbicos y se situaría en los términos de Guaro y Coín. Pero tuvo mucha contestación política y de colectivos agrícolas y ecologistas por sus afecciones a la Sierra de las Nieves.

La presa se desinfló y evolucionó en forma de azud, con idea de aprovechar 20 hm3 anuales. Costaría 57 millones. El informe de viabilidad fue emitido por la sociedad estatal Acuamed en marzo de 2006. Pero ahí quedó todo. Cada vez que surgen declaraciones políticas o novedades existe una inquietud inmediata en los colectivos ambientalistas de la zona. Es más, no es un tema cómodo para los partidos, en los que suelen darse diferentes sensibilidades en función de la pertenencia o no a la comarca.

En la etapa de la coalición PSOE-IU al frente de la Junta se optó por plantear que el metro llegara en superficie al Centro y al Hospital Civil, lo que provocó años de manifestaciones y protestas de los vecinos de Bailén-Miraflores, que contaban además con el apoyo del equipo de gobierno municipal. Finalmente, con el cambio de signo político en la Junta el proyecto devino en el actual, soterrado, que ahora tiene ya dos tramos en obras desde el Corte Inglés a la zona del futuro hospital.