El PP lanza un manifiesto por la tasa de basuras que «impone» el Gobierno a los ayuntamientos

Patricia Navarro, presidenta de los populares malagueños, fue la dirigente que más se extendió sobre los detalles de la cuestión: «Europa fija que quien contamina paga. Europa está para legislar, para tomar decisiones y avanzar. Pero Europa no ha dicho cómo implementar ese impuesto de que quien contamina paga y no obliga a ningún Estado cómo tiene que articular este impuesto. Sólo que se calcule el consumo y que quien más contamine pague más». Navarro también quiso dejar claro que, a sus ojos, el Gobierno de Juanma Moreno está «comprometido con la revolución verde» y esgrimió argumentos para defender esa posición: «Se están cerrando vertederos como el de Nerja o Torremolinos, se están poniendo puntos verdes, desarrollamos una política forestal y para proteger un patrimonio como son los bosques. Se está haciendo política medioambiental de la de verdad. Moreno es el verdadero activista medioambiental que tiene Andalucía».

Del contenido del manifiesto, Navarro reveló que cuenta con algunas demandas a Sánchez: por ejemplo, piden al Gobierno central que se amplíe el plazo de ejecución de la tasa, cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2025; además de dotación de servicios y recursos para poder efectuar la labor recaudatoria e implementar las políticas medioambientales; así como mecanismos de control para que todas las comunidades autónomas inviertan los recursos adicionales que aportará la tasa en políticas de reciclaje, de economía circular y de lucha contra el cambio climático. También, que la financiación del Estado reserve una partida para la recogida y la gestión de residuos de los ayuntamientos, «porque ya empezamos a tener grandes carencias en provincias como ésta, porque tenemos más residentes y también estacionales por el turismo», incidió Navarro.

Abundó en la cuestión del control de los recaudado por la nueva tasa de basuras porque si bien Navarro se comprometió a que lo que se ingrese en Andalucía se va a revertir en política de reciclaje, economía circular y política medioambiental, «¿qué pasa con las comunidades que están mejor financiadas y que van a tener un ingreso extraordinario y no han apostado por el medio ambiente?, ¿quién va a controlar que las comunidades autónomas van a cumplir con su mandato?», lanzó la dirigente conservadora.

Se trata de una norma contenida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados que recoge el testigo de una directiva europea que propone calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de tal forma que grave a aquellos que más contaminan. A tenor de las palabras del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido regular la directiva con una tasa de residuos que los ayuntamientos deberán repercutir a todos sus vecinos. Los municipios también tendrán que adaptar su servicio a la necesidad de calcular el nivel de generación de residuos de forma individual, «lo que se traduce en millones de euros de inversión en nuevos contenedores y maquinaria, sin ningún mecanismo de financiación extraordinaria», reza el manifiesto.

Bendodo, previamente, ya había afeado al Gobierno central que, según sus cálculos, deba 3.000 millones de euros a los ayuntamientos por el fondo Covid al transporte de 2021 y por la plusvalía municipal. «Este Gobierno de España, este Partido Socialista no es municipalista. El PP sí es un partido municipalista que piensa que la mejor política es la que se hace en los ayuntamientos y que no hay mejor político que un concejal de pueblo, que es precisamente lo que despreció Sánchez», relató el vicesecretario popular. De ahí que, además, Bellido demandara que se aborde la financiación local en conjunto con la autonómica y deslizó que el cupo catalán va a restar un 10% de la financiación con la que cuenta Andalucía.

El vicesecretario popular también dedicó palabras de su intervención a la situación política nacional, sobre el caso Koldo, la situación del Fiscal General del Estado y el caso Begoña Gómez. «La UCO dice que la jefa de la banda era la vicepresidenta de Venezuela y el jefe, Ábalos, y que había un número uno que era Pedro Sánchez. El número uno es el que lo sabe todo. Estaba al tanto de los tejemanejes irregulares. Igual que aquí Chaves y Griñán sobre los ERE», atacó Bendodo, que añadió, sobre la otra cuestión: «Nunca en democracia ha sido imputado un Fiscal General del Estado. Tiene que estar inhabilitado. Es el ministro número 23 del Gobierno. Hay que cesarlo o tiene que dimitir». Y respecto a Begoña Gómez analizó: «Todo un presidente del Gobierno se ha querellado contra el juez que investiga a su mujer. Para ello ha usado a la Abogacía del Estado. Sólo le falta decir que es el Rey Sol y que el Estado es él».