El peligroso camino de la amnistía...

Esto no es una dictadura como se quiere pintar, porque darle esta medida de gracia supone dar por sentado que España es un país opresor donde no hay reglas democráticas tan básicas como la división de poderes, donde los tribunales sólo están sujetos al imperio de la ley juzgando y haciendo cumplir lo juzgado, como establece el artículo 117 de la Constitución.

Estos días previos a la investidura se está jugando con la igualdad de los españoles ante la ley. No puede ser que unos delincuentes sean exonerados de un delito porque sus votos sean necesarios para facilitar el acceso al poder de Pedro Sánchez. Eso es sencillamente inaceptable.

El artículo 14 de la Constitución, a día de hoy, no establece que los españoles somos iguales ante ley salvo que le haga falta a Sánchez. Por ahí no se puede pasar, por eso no es ninguna barbaridad que Aznar pida que haya una movilización social contra esta aberración. Hay una discusión jurídica sobre si la amnistía sería constitucional o no porque no aparece de manera expresa en la norma suprema. En Derecho hay principios generales muy claros que se aplican cuando ocurren estas circunstancias, porque obviamente todo no se recoge en las leyes. Por ejemplo, se establece que quien puede lo más puede lo menos, que significa que quien puede hacer cosas importantes sobre un asunto puede hacerlo también sobre cuestiones menores del mismo. Por ejemplo, en cuestión de competencia de los juzgados y tribunales. Quien puede decidir sobre un asesinato puede hacerlo también sobre un delito menos grave. Y también, al contrario, hay un principio que establece que si se prohíbe lo menor se prohíbe lo mayor. Es decir, si la Constitución prohíbe los indultos generales no puede concederse una amnistia, ya que el alcance de ésta sobrepasa al indulto en sí. Esta medida de gracia perdona el cumplimiento de una pena, mientras que la amnistía lo que hace es borrar directamente el delito, o sea, que tiene una mayor trascendencia del hecho que se perdona a través de un indulto.

Eso parece claro, salvo para los juristas que se ponen al servicio de los políticos. Actualmente, Pedro Sánchez todavía no ha abierto la boca, aunque su vicepresidenta Yolanda Díaz está alimentando esta posibilidad para conseguir la investidura. Por cierto, resulta indignante que esta mujer (que tendría bastantes problemas si fuera un hombre, y más si fuera de derechas, porque es bastante sobona) se reúna con un prófugo entre risas mientras lanza campañas de linchamiento público contra personajes como Rubiales al presentarlo directamente como un agresor sexual. Sigo confiando en que la Justicia llegado el momento pare este delirio antidemocrático de sepultar el principio de igualdad y el de la separación de poderes. Me cuesta trabajo pensar que el presidente del Tribunal Constitucional o la magistrada María Luisa Balaguer, muy conocida por estos lares, pongan en riesgo su prestigio jurídico para favorecer la formación de un Gobierno. Eso sería nefasto, porque después de la amnistía vendría la autodeterminación y la posterior ruptura del país. Que nadie se confunda, que estamos en esas.

Es legítimo que haya quien quiera romper España, pero siguiendo los cauces legales, es decir, reformando su Constitución en base a las normas establecidas para ello en la misma, no con atajos ilegales. El momento que se está viviendo es grave, pese a que a mucha gente le escandalice más un chat privado de unos estudiantes diciendo groserías sobre las nuevas alumnas, lo que ha provocado la apertura de un expediente en la Universidad de La Rioja (hay que ver la de papanatas que hay hoy día en muchas universidades). Hay que estar alerta, porque es muy peligroso que un partido ponga sus intereses por encima de la ley. Si finalmente esto se lleva a cabo, se habrá iniciado un camino muy peligroso, porque España dejará de tener una democracia plena y eso ya se sabe al final cómo termina. Así de claro y así de triste.