Palma-Palmilla, entre los quince barrios más pobres de España

Para EAPN-A, el «epicentro» de la pobreza en Málaga es la vivienda, que se encuentra «en una situación muy tensionada». Y Javier Poleo ha precisado una de sus causas: el hecho de que Málaga sea la provincia con mayor número plazas en viviendas destinadas a fines turísticos, ya que son 424.000, el 58,3% del total disponible en Andalucía. Ello, afirmó Poleo, lleva a mayores índices de pobreza porque el valor de la vivienda en Málaga es el más alto de toda la comunidad y también se encuentra por encima de la media española, al tiempo que empuja a la población a que se tenga que ir fuera de la capital, se rompa la cohesión social y se genere desarraigo.

El experto también aportó otro dato que informa de la situación del mercado inmobiliario: las solicitudes de VPO en 2024 en Málaga fueron 70.756, el doble que un año antes; además, más de la mitad fueron realizadas por mujeres, lo que es un indicio de algo que se desarrolló más tarde: la especial incidencia de la pobreza femenina. «Necesitamos mucha más vivienda pública y que se dé a familias en situación de vulnerabilidad. Tenemos que cuidar y vigilar también las viviendas irregulares e infraviviendas en las que muchas familias están desprotegidas», insistió Poleo, a lo que Jiménez agregó: «El mercado es el que está regulando la vivienda. No se están aplicando las políticas reguladoras necesarias. No es sólo una cuestión de recursos para viviendas sociales. Son necesarias también medidas que eviten que sea el mercado el que mande sobre los derechos sociales».

Los expertos conceden que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han ido disminuyendo en los últimos años de manera progresiva y que ello obedece «a una cierta mejora en los mecanismos de protección residencial y a un cambio en las dinámicas de endeudamiento». También se están reduciendo los desalojos vinculados al alquiler, aunque aquí sí inciden en que siguen siendo muy elevados en términos absolutos.

En lo que se refiere al empleo, los expertos celebran la bajada de la tasa de paro en Málaga, que se encuentra por debajo de la media andaluza y presenta el segundo mejor registro de la región, si bien todavía supera la media española. «Estos datos reflejan una mejora sostenida en el mercado laboral. Pero también hay algunos elementos que nos preocupan. Por ejemplo, la concentración en el sector servicios. Y, sobre todo, la desigualdad de género, porque las mujeres presentan tasas de paro más elevadas que los hombres en todos los años analizados; no es algo coyuntural, sino que es una brecha sostenida en el tiempo», explicó Poleo, que tiró de cifras oficiales para mostrar que el desempleo masculino es del 11,9%, frente al femenino, del 14,5%. Agregó que las mujeres enfrentan mayores dificultades para su inserción en el mercado laboral o para mantener empleos estables: están sobreexpuestas a la parcialidad y a la temporalidad, por lo que también sus salarios son más reducidos. De hecho, casi la mitad de las mujeres ocupadas tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. «Estos datos nos muestran una consolidación de la feminización de la precariedad laboral», sintetizó Poleo.

Yolanda Florido completó los números apuntando que Málaga es también la provincia andaluza con mayor incidencia de la violencia de género: en 2024 fue el territorio con mayor número de denuncias y con más asesinadas. «Los datos reflejan que necesitamos políticas que contemplen la perspectiva de género, que no sean cortoplacistas y que tengan muy presente la realidad que vivimos las mujeres aquí en Málaga y en Andalucía», reclamó Florido.

En cuanto a la educación, los expertos alertaron sobre la aún elevada tasa de abandono escolar malagueña, sobre todo entre los chicos: un 18% de las personas de entre 18 y 24 años no ha completado la Secundaria y no está estudiando, proporción que llega al 21% entre los varones. Son tasas por encima de la media andaluza (15,54%) y de la media nacional (13,7%). Ello convive con otro dato: los estudiantes becados en Málaga en el último curso son 75.940, lo que la convierte en la provincia andaluza con mayor número de ellos, algo que es coherente tanto con su volumen demográfico como con su proporción de personas y familias en situación vulnerable.

Vinculando la cuestión formativa con la del empleo, Jiménez demandó medidas y programas de inclusión social «para quienes se quedan fuera de las posibilidades que ofrece en este momento el crecimiento económico y del empleo». «Estamos en un contexto en el que hay empleo; sin embargo, hay personas que se quedan fuera de las ofertas de trabajo», insistió el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.

Además, la organización quiso poner de relieve el «aumento alarmante de los delitos de odio por discriminación»: en 2022 fueron 35 en la provincia; en 2023, 63; y en 2024, 81. «Estamos viendo un incremento significativo y es bastante relevante que desde la red tengamos presente esta situación por la naturaleza de los motivos», comentó Florido, y que desgranó: la orientación sexual, la identidad de género, la xenofobia y el racismo, el antigitanismo, el antisemitismo, la islamofobia, la aporofobia, la diversidad funcional... «Hablamos de los datos de los que se denuncian, pero hay otros que no se denuncian y hay que apoyar a las personas para que los hagan visibles. Desde la red también ponemos toda nuestra energía para combatir estos delitos de odio», abundó Yolanda Florido. A ello, Jiménez agregó: «Estamos en un contexto, en una ciudad y en una provincia muy diversa, muy cosmopolita; sin embargo, crecen los delitos de odio».

Como colofón, el presidente del Colegio de Trabajo Social demandó que «las políticas sociales impregnen todas las políticas»: «Hay que cambiar la perspectiva: no hay que crear políticas sociales al margen de las políticas generales. Son necesarios cambios de modelo. Todas las políticas han de ser redistributivas: no puede ser que la política de vivienda se centre en el crecimiento económico y después hagamos políticas especiales para quienes se quedan fuera. El objetivo de todas las políticas tiene que ser la garantía de una vida digna para todas las personas».