Los malagueños pagan ya tantos impuestos como antes de la crisis

Entre tributos estatales, autonómicos y municipales, la provincia aportó el año pasado 4.814 millones de euros, la mayor cuantía de la última década y muy cerca ya de los 5.079 millones contabilizados en 2007. Un cálculo simple (sin tener en cuenta que no todos los contribuyentes aportan por igual y obviando el peso de la población flotante y del turismo) arrojaría que una familia compuesta por cuatro miembros destina cada año unos 12.000 euros a impuestos, ya sea de forma directa a través del IRPF, el IBI o el impuesto de Circulación, o de forma más cotidiana a través del IVA, los que gravan la gasolina, el alcohol y el tabaco o las tasas que se abonan por los servicios públicos.

Lo que no deja lugar a distorsiones estadísticas es que la mayor parte de este repunte va a Hacienda a través de dos impuestos ligados al mercado laboral (Renta) y al consumo (IVA), que después de haber tocado fondo en 2009 con 725,6 y 415,5 millones, respectivamente, ya se sitúan por encima de los mil millones. Encabezando el 'ranking' está el IVA, con 1.090,9 millones liquidados en 2017. Las arcas autonómicas también se benefician de la mayor actividad fundamentalmente a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se aplica a las compraventas de bienes (445,1 millones), mientras los ayuntamientos han capeado el temporal provocado por la caída de los ingresos ligados a la construcción haciendo cada vez más caja con el IBI y la plusvalía. Dos filones en tiempos de crisis.

A nivel estatal, la recaudación fiscal en la provincia encadena cuatro ejercicios consecutivos al alza hasta los 2.719,4 millones en 2017. Aún le queda recorrido para asomarse a los 3.220 de antes de la recesión, pero más lejos se deja Hacienda los 1.666 de 2009. En los últimos años, el IVA ha desbancado al IRPF como el principal puntal con una cifra récord de 1.090,9 millones (7,3% más que en el ejercicio anterior) que se explica por el despegue del consumo doméstico pero, sobre todo, por el gasto de los turistas. En el Impuesto de la Renta, los contribuyentes aportaron 1.034,4 millones (+10%). El ritmo de crecimiento es superior a la media andaluza (7,9%) y a la nacional (6,4%). Mayor es aún la progresión del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (+33% en dos años), que grava las ganancias obtenidas en suelo malagueño por personas y entidades no afincadas en España. Síntoma del tirón de la provincia para los inversores extranjeros, Hacienda se embolsó por esta vía 95,5 de los 141,7 millones procedentes de tierras andaluzas.

Más pausada es la recuperación del terreno perdido en el tributo que de forma más directa va vinculado a la actividad empresarial: el Impuesto de Sociedades. Los ingresos por este concepto aumentaron un 13,4% en la provincia, situándose en 402 millones, pero muy lejos aún de los 883 de 2007.

En el ámbito autonómico, las mayores alegrías al fisco las aporta el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se nutre de las compraventas o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, de las operaciones societarias (constitución de empresas, fusiones o ampliaciones de capital) y de las escrituras y actas notariales que hay que firmar para darle oficialidad. Según las estadísticas de la Consejería de Hacienda, el año pasado se recaudaron por esta vía 571,6 millones, un 16% más que en 2016 (492,8 millones). El grueso procede del gravamen a las transmisiones, que con 445,1 millones ya ha recuperado el terreno perdido desde que estalló la crisis (437,4 en 2007). La parte ligada a las escrituras también despunta, aunque sin llegar a las cifras que se movían hace una década (126,5 en 2017 frente a los 403,9 de 2007).

En el siguiente escalón se encuentra el impuesto de Sucesiones. Fruto de la presión social, desde enero de este año los únicos cónyuges o hijos que tienen que pasar por caja en Andalucía son los que hereden más de un millón de euros por cabeza. Hasta entonces, ese mínimo exento estaba en 250.000 euros, de ahí que con esta modificación acordada por PSOE y Ciudadanos se estime que el 95% de los malagueños a los que un familiar directo les haya dejado un patrimonio (económico o material) no tendrá que pagarlo.

Para valorar el impacto real de esta medida habrá que esperar, pero de lo que no cabe duda es de que las herencias seguirán siendo un buen negocio para las arcas autonómicas a costa de quienes reciben un legado de hermanos, tíos, parientes lejanos o amigos. En estos supuestos no se contempla bonificación alguna y, además, la cuota puede llegar a multiplicarse por hasta 2,4 en función del grado de parentesco y del patrimonio que ya de por sí tenga el heredero. Al cierre de 2017, la hacienda andaluza se embolsó 89,5 millones. La cifra es similar a la de ejercicios anteriores (89,3 en 2016 y 88,6 en 2015), pero muy superior a las que se registraban antes de la crisis (53,5 en 2007). Además, las comunidades autónomas también se nutren de otros tributos como el del Patrimonio, conocido como el impuesto a los ricos porque grava las posesiones de los contribuyentes que superen ciertos límites y que el año pasado generó en la provincia otros 25,8.

Si la salud tributaria de las arcas estatales depende fundamentalmente del trabajo (IRPF) y del consumo (IVA), y las autonómicas de los bienes que se adquieren (Transmisiones), la máquina recaudatoria de los ayuntamientos tiene garantizado un filón con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para mantener sus servicios y estructuras. Y más aún a raíz de la última revisión de los valores catastrales (referencia para calcular la cuota) acometida por la Dirección General del Catastro en pleno 'boom' de la construcción. Los números hablan por sí solos, y muestra claramente cómo los ingresos por el recibo de la contribución en la provincia han llegado prácticamente a duplicarse en una década (de 349,2 millones en 2006 a 666 el pasado ejercicio).

Históricamente, la segunda inyección económica siempre ha procedido del impuesto de circulación (IVTM), que cerró el último año liquidado por los entes locales (2016) con una recaudación total de 116,2 millones. Sin embargo, precisamente cuando el sector inmobiliario ha estado más parado ha sido cuando mayor protagonismo ha adquirido la plusvalía, un tributo que hay que pagar cuando un inmueble cambia de manos (el vendedor en compraventas o el adquirente en caso de herencia o donación) y que se ha convertido en el salvavidas que ha mantenido a flote las arcas de muchos ayuntamientos.

Mientras el ladrillo caía en picado, la recaudación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) no ha parado de crecer. La última liquidación de cuentas remitida por todos los municipios al Ministerio de Hacienda indica que en 2016 los consistorios malagueños ingresaron por plusvalía 200,5 millones. Según lo presupuestado en 2017 (siempre a la baja) se estimaban 153. Aun así, para hacerse una idea basta señalar los 52,3 millones contabilizados en 2008, justo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero también los 74 que se embolsaban antes de que todo saltara por los aires (2006). Detrás de esta realidad hay dos razones. La primera es la citada revalorización catastral, mientras la segunda apunta directamente a los alcaldes, la mayoría de los cuales han exprimido al máximo el margen que les permite la Ley de Haciendas Locales para establecer el coeficiente que grava el valor del suelo, el tipo impositivo e incluso los requisitos para acceder a bonificaciones.

De forma inversamente proporcional, el que ha ido pasando a un segundo plano ha sido el ICIO. El tributo que grava cualquier construcción, instalación u obra que se realice aportó 30,3 millones a los ayuntamientos malagueños en 2016, apenas una cuarta parte de los 102,7 que se liquidaron una década antes. El que apenas ha sufrido variaciones en este mismo periodo es el Impuesto de Actividades Económicas, que únicamente deben abonarlo aquellas empresas y profesionales que facturen más de un millón de euros anuales y que cada ejercicio deja en la provincia en torno a 37 millones.