Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga

El SMM explica que la reacción de la familia fue «muy agresiva: uno de los familiares llegó a levantar la mano en un amago de agredir físicamente a le médica, además de despreciarla por su juventud», lo que motivó que la sanitaria tratase de activar el botón antipánico en varias ocasiones para solicitar ayuda, pero «este no funcionó».

Según denuncia el SMM, la medida de alerta «no realizó su función porque desde hace semanas fallaba y, en lugar de repararla» se optó por «desconectar el botón, poniendo en serio peligro la integridad de los trabajadores sanitarios que trabajan en esta consulta a diario».

Un celador que pasó por la puerta de la consulta se percató de la situación y avisó a los vigilantes de seguridad, «ya que la doctora no podía abandonar la consulta porque la única puerta de salida estaba bloqueada por la camilla y los acompañantes».

La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, ha recordado, "sobre las presuntas negligencias en cuanto al acceso de visitantes, que el tránsito de personas tanto por la entrada principal como por el Patio Azul y las Urgencias se lleva a cabo de manera controlada para mejorar las garantizar en lo posible las condiciones de seguridad tanto de usuarios como de profesionales". Además, y también con vistas a mejorar las condiciones de seguridad del centro, en los últimos meses "se ha procedido a la restricción del paso por las áreas quirúrgica y de urgencias".

"En cuanto a la última agresión sufrida por una de las profesionales del centro, la dirección quiere expresar su más profunda repulsa por lo ocurrido y continuará trabajando para evitar que se produzca este tipo de actuaciones", ha precisado la Junta.

La noticia de esta agresión se produce dos días después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobase un decreto para crear y regular el Observatorio de Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se constituirá en un mes desde el sí administrativo a la norma y su constitución permitirá que participen todos los sectores profesionales con el fin de diseñar estrategias y tomar decisiones orientadas a mejorar la intervención en el caso de agresiones. El abordaje de estos sucesos se hará, por tanto, de forma coordinada desde ámbitos como la salud laboral y la prevención de riesgos, la sanidad pública y la seguridad interior.

El SMM asegura que el centro permite «el incumplimiento del protocolo de entrada y acompañamiento de pacientes en urgencias, exponiendo a profesionales y usuarios a riesgos evitables, con lo que la empresa de seguridad contratada tampoco hace su trabajo».

Las consultas del servicio de urgencias solo cuentan con una puerta, señala el sindicato, aunque la normativa alude a la necesidad de que haya dos, además de ignorarse, siempre según la denuncia sindical, «las indicaciones del inspector de trabajo de diciembre de 2024, que exige la instalación de una segunda puerta en las consultas para garantizar vías de escape seguras; y permiten que sistemas de seguridad básicos, como el botón antipánico, se desconecten y permanezcan sin reparación».

Diego Villaespesa, delegado del SMM en el Hospital Clínico, ha asegurado hoy a los medios que las agresiones físicas y verbales a médicos suben un 10% o 15% de forma anual y este año se han dado ya 17.000 en España. «El SAS utiliza como parapeto a los facultativos y no cubre las medidas de protección. Estas no son suficientes y no cumplen lo programado. El botón antipánico estaba roto desde hace semanas, la doctora estaba arrinconada contra la pared, ya lo han solucionado», ha dicho.

Asimismo, ha pedido que las consultas tengan dos vías de escape, con una puerta de entrada y otra de salida, ha recordado que el control sobre los familiares que pueden pasar a consulta se hace porque «no se cabe», y debería controlarse más, para exigir, por último, un protocolo de actuación del paciente psiquiátrico.

El observatorio busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto a los profesionales y fomentar una cultura de tolerancia cero frente a las agresiones, así como concienciar a instituciones, entidades, profesionales y ciudadanía sobre el problema real «que suponen, incluyendo la concienciación sobre los aspectos legales y normativos».

Entre sus funciones, se encuentran las de promover medidas para favorecer las denuncias de los profesionales, proponer procedimientos de atención integral para reforzar el acompañamiento, asesoramiento y asistencia a la persona agredida durante todo el proceso, promover la realización de planes de prevención y procedimientos de actuación frente a situaciones de conflicto y emitir su parecer acerca del nivel de aplicación, desarrollo y eficacia de estos.

También propondrá estudios e investigaciones para identificar factores de riesgo y desarrollar acciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para apoyar a los profesionales. Se encargará, entre otras muchas funciones, de promover foros y encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de conocimientos.