Multa millonaria a España por falta de saneamiento en municipios como Estepona, Alhaurín, Nerja y Coín

El caso comenzó en el año 2010, cuando la Comisión Europea comprobó que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no habían trabajado ni siquiera en los sistemas colectores ni de tratamiento de aguas residuales urbanas, pese a que la normativa de saneamiento se aprobó a principios de los noventa. La comisión llevó entonces a España ante la justicia europea, y el TUE confirmó el incumplimiento en una resolución dictada en abril de 2011.

Cada primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es equivalente a un toque de atención, ya que no conlleva multa, por lo que tiene un carácter más reprobatorio que sancionador. No obstante, en 2017 el TUE volvió a señalar que el Estado Español seguía sin hacer que se cumpliera la sentencia en estas aglomeraciones de más de 15.000 habitantes y solicitó una multa de 171.217 euros por cada día de retraso, a lo que se le suma a tanto alzado 19.303 euros por cada día transcurrido entre la fecha de la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

En la resolución de este miércoles, el tribunal destaca que España no ha cumplido porque en 9 de las 17 aglomeraciones señaladas no se ha hecho lo necesario para estar en consonancia con la normativa europea. Además de los cuatro municipios malagueños, el resto de localidades incluidas en la sentencia son Matalascañas, Isla Cristina, Tarifa, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos últimas en Canarias.

La depuración de aguas es una obligación de los ayuntamientos según la legislación vigente. Pese a ello, por las condiciones económicas de los consistorios más pequeños, tradicionalmente esta competencia ha sido absorbida por el las juntas de las diferentes comunidades autónomas (en la mayoría de los casos) y por el Gobierno Central si la planta de saneamiento se declara de Interés General del Estado. En caso el de Andalucía, todos los ciudadanos pagan desde el 2011 el Canon de Mejora, un impuesto asociado al recibo del agua destinado a las obras de saneamiento y depuración.

Coín y Alhaurín el Grande, dos municipios de más de 20.000 habitantes, vierten sus aguas directamente al Guadalhorce sin ningún tratamiento (al igual que el resto de núcleos de la comarca excepto Alhaurín de la Torre). Esta situación está a punto de cambiar en Coín, ya que la EDAR Bajo Guadalhorce entrará en funcionamiento a finales de año, según confirmaron ayer a SUR fuentes de la Junta de Andalucía, responsable de la construcción de la infraestructura. El caso de Alhaurín el Grande tardará más en resolverse ya que dependerá de la futura EDAR Guadalhorce Norte, cuya redacción ya ha sido adjudicada según las mismas fuentes autonómicas. Tal y como recuerda la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, la Junta de Andalucía ya ha multado a estos municipios por carecer de infraestructuras (la resolución de las sanciones llegó el pasado martes) «Son ellos quienes se han comprometido a construir la EDAR y nos multan pese a que pagamos una autorización por verter las aguas al río», apuntó ayer a SUR la regidora.

Aunque Estepona está incluida en la denuncia inicial, la localidad de la Costa del Sol forma parte de las que ya cumplen la normativa. La depuradora de esta localidad triplicó hace un año su capacidad tras una reforma en la que el Estado invirtió 31 millones de euros y la Junta 4 para tratar el agua de más de 400.000 habitantes. Por último, el Gobierno retomó la construcción de la depuradora de Nerja en febrero de este año tras diez meses de parón. Los trabajos comenzaron hace cuatro años y cuando se retomaron, la estación estaba al 76% de su ejecución según los datos del Ministerio de Medio Ambiente. Esta actuación ha sido declarada de Interés General de Estado.

En este artículo han colaborado : Charo Márquez y Eugenio Cabezas.