Marinas de Andalucía también recurrirá los cánones de la Junta de los tres últimos años

El presidente de la Asociación de Puertos Deportivos Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, acusa al Gobierno autonómico de «inventarse los cánones» y elevarlos en 2006 sobre el precio que figuraba en los contratos de concesión. Puerto como el de Fuengirola, donde la tasa anual aumentó un 300 por cien, denuncian que hacer frente a estos pagos «resultaría inviable». Los 17 puertos asociados a Marinas de Andalucía pagaban un total de 500.000 euros por cánones en 2006, una cifra que aumentó hasta los 3,5 millones y que en la actualidad asciende a 1,8 millones. El Tribunal Supremo anuló el decreto de la Consejería de Fomento que autorizaba el incremento, dando la razón a los puertos en sus recursos sobre el período comprendido entre 2006 a 2012. Ahora esperan las sentencias sobre las tasas de 2013 y 2014 y han recurrido las de 2015, 2016 y este año. Hasta que se resuelva la maraña judicial, muchos de los puertos optan por recurrir sistemáticamente las liquidaciones semestrales.

«Pedimos un principio de legalidad, nada más. La Junta ha actuado desde la arbitrariedad, y así consta en la sentencia», explica Martín, que recuerda que el negocio mueve unos seis millones de euros anuales solo por la actividad náutica. Desde Marinas de Andalucía también solicitan la liberalización de la gestión de los atraques y el reconocimiento de los puertos como empresas turísticas. Desde la APPA siempre han incicido en que el canon no se puede dejar de cobrar tras cada año devengado, ya que de no hacerlo se estaría incurriendo en un incumplimiento de la legislación al tratarse de un impuesto de una administración, pero los puertos consideran «injustas» las tasas establecidas.

Por ejemplo, en Puerto Banús el canon pasó de 120.000 euros al año a un millón, para quedar reducido luego a unos 370.000 euros. En el puerto Virgen del Carmen el incremento fue de un 7.500 por ciento, de los 6.000 euros abonados antes de 2006 a 450.000 euros. Los puertos esperan que las próximas sentencias también sean favorables y que se inicie una etapa de diálogo con la Junta para acordar cánones «viables» y ajustados a derecho.