Enterrar la basura en el vertedero tendrá castigo: Málaga pagará 18 millones al año por no reciclar
Hacienda cobrará a los ayuntamientos 30 euros por cada una de las 1.600 toneladas que a diario acaban en los tres basureros de la provincia, el equivalente al peso de nueve aviones
El principio de 'quien contamina paga', que consiste básicamente en tocar el bolsillo de quienes perjudican al medio ambiente, llega a los ayuntamientos como fórmula ... para reducir la cantidad de residuos urbanos que acaban enterrados en los vertederos en vez de ser tratados para su recuperación y reutilización. Desde el pasado 1 de enero de 2023 es de aplicación el nuevo impuesto que gravará el depósito de desperdicios en los basureros establecido en la Ley de Residuos que entró en vigor el pasado abril, lo que se traducirá en una tasa de 30 euros por cada tonelada salida de los contenedores grises a la que no se le dé una nueva vida útil. Las entidades gestoras de estas instalaciones son las que deberán pagarla, aunque la factura saldrá realmente de los ayuntamientos como clientes que son y, por tanto, de los ciudadanos en última instancia.
En el conjunto de la provincia de Málaga, la falta de aprovechamiento de estos residuos puede conllevar el pago de más de 18 millones de euros anuales, que en 2023 abonarán las arcas municipales aunque a partir de 2025 ese mayor impacto económico deberá repercutirse directamente a los ciudadanos en la tasa de basura o a través de otros recibos como el del IBI.
Los municipios deberán repercutir en 2025 este recargo directamente al ciudadano a través de la tasa de basura
La gestión, liquidación, recaudación e inspección de este nuevo impuesto será asumida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), aunque también puede ser delegada en las oficinas análogas de las comunidades autónomas. Sea como fuere, el pago deberá efectuarse al cierre de cada trimestre.
La implantación del quinto contenedor destinado únicamente a basura orgánica ayudará a rebajar progresivamente esta cuota, aunque no se espera que sea precisamente a corto plazo. ¿Por qué? Primero, por el retraso de los ayuntamientos en el despliegue de estos recipientes de color marrón, que ahora es mínimo pese a que desde julio debían estar en todas las localidades de más de 5.000 habitantes y desde el pasado 1 de enero, en los demás.
Y segundo, por los desalentadores resultados en las localidades donde ya los han puesto en marcha porque, a ojos de los vecinos, sirven para tirar todo tipo de residuos, como si se trataran del contenedor gris, que es previsto para la fracción resto; es decir, al que debe ir a parar todo lo que no se recicla.
Actualmente, a las tres plantas de tratamiento existentes en suelo malagueño (Los Ruices en la capital, la de Casares que da servicio a toda la Costa del Sol occidental y la de Antequera para los 91 municipios restantes) llegan cada día unas 2.200 toneladas de residuos sólidos urbanos (sin contar los recogidos de forma separada en los contenedores de reciclaje). De esa cantidad, apenas 600 aproximadamente son recuperadas para obtener material bioestabilizado y compost que se venden como abono en la agricultura, mientras las 1.600 restantes terminan en estos gigantescos cubos de basura que son los vertederos. Para ponerlo en su contexto, supone el equivalente al peso de casi nueve aviones comerciales. Al cabo de año son 584.000 toneladas o, siguiendo con la comparación, una flota de 3.150 Boeing 747.
Los Ruices, en Málaga capital
De esta factura total, más de la mitad los tendrá que abonar el Ayuntamiento de Málaga por las 730 toneladas de desperdicios que cada día acaban en el vertedero de Los Ruices, que es el tercer basurero municipal que ha tenido la ciudad y que, al ritmo de generación de residuos, quedará colmatado en un lustro. Según las cuentas de la empresa municipal Limpieza de Málaga (Limasam) tomando como referencia las entradas al vertedero de 2021, el incremento del 3% experimentado en 2022 y la previsión de que en 2023 crezca en un porcentaje similar hasta situarse en un promedio de 767 toneladas diarias, sus carencias a la hora de separar y tratar los residuos domésticos conllevarán un coste extra de 8,4 millones de euros anuales. Una cantidad que puede elevarse hasta los 9,2 millones si en la orden que el Ministerio de Hacienda tiene pendiente de publicar se determina que debe aplicársele el 10% de IVA.
Casares, para toda la Costa occidental
En el litoral occidental, el desembolso conjunto de las 11 localidades comprendidas entre Torremolinos y Manilva rondará los 6,1 millones en 2023, según las estimaciones realizadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol con los datos de 2021.
En base a estas cifras, son una media de 562 toneladas de residuos de la fracción resto que cada jornada son depositadas en el vertedero de Casares. A este volumen hay que sumar otras 220 que sí que son recuperadas como material bioestabilizado y que en caso contrario supondrían otros 2,4 millones de euros.
Valsequillo, para el resto de la provincia
Donde sí que presumen de tener hechos buena parte de los deberes es en el Consorcio Provincial de Residuos, el órgano dependiente de la Diputación que gestiona el complejo medioambiental de Valsequillo (Antequera), que es el que van a parar los desechos que generan los 91 municipios restantes, entre los que destacan Vélez, Rincón, Alhaurín de la Torre, Nerja, Ronda o la propia Antequera.
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De las 650 toneladas diarias que cada día le llegan procedentes de los contenedores grises, la mitad son recicladas como material bioestabilizado. Un volumen que irá a más cuando entre en servicio la nueva línea específica para el contenedor marrón con capacidad para recepcionar, tratar y convertir en compost unas 176 toneladas diarias. Unos avances que, en cualquier caso, no impedirán que a lo largo de 2023 se tengan que pagar unos 4 millones de euros a Hacienda.
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