Los docentes malagueños acuden a las urnas para elegir su junta de personal

Ese día, el profesorado andaluz vota a sus delegados en las juntas de personal docente provinciales, que son el órgano de representación de los trabajadores ante la Administración pública. De los resultados, además, emana la representación de los distintos sindicatos en la mesa sectorial de Educación y los consejos escolares de ámbito municipal, provincial y autonómico.

En Málaga están llamados a participar en estas elecciones cerca de 19.620 docentes, tanto maestros como profesores de Secundaria, FP, Escuela de Idiomas y Música y Artes Escénicas. Concurren ocho candidaturas: Comisiones Obreras (encabezada por Yolanda Gamero); CSIF (Francisco González), ANPE (Guillermo Hernández), USTEA (Concepción Zamora), UGT (Juan Francisco Vílchez), APIA (Juan Antonio Bravo), CGT (Marina Ribot) y la agrupación de electores ASADIAN (Virginia Rodríguez). La mesa electoral anuló la semana pasada la lista presentada por el sindicato Solidaridad, afín a Vox.

Comisiones Obreras (13 de los 57 delegados) fue el sindicato más votado en las anteriores elecciones. Yolanda Gamero, secretaria general de CC OO Enseñanza en Málaga, indica que el sindicato se presenta una vez más a estas elecciones «con el respaldo de nuestra afiliación, así como del profesorado de la provincia, y estamos seguros de que van a valorar el trabajo realizado, nuestro apoyo, atención y asesoramiento, así como las mejoras obtenidas en estos últimos cuatro años gracias a nuestra presencia en todas las mesas de negociación que afectan al profesorado, tanto a nivel estatal como autonómico».

Como en otras provincias, Málaga sufre altas ratios, supresión de unidades públicas (casi 100 de Infantil y 200 de Primaria desde 2018), la falta de personal especialmente el destinado al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico, o la falta de plazas públicas de FP. Yolanda Gamero lamenta que, con más de mil unidades por encima de la ratio máxima de alumnos por clase, no se esté aprovechando la bajada de natalidad para reducir el número de alumnos/as por aula. «Málaga necesita más de 1.800 docentes, y vemos cómo cada vez se producen más nombramientos con horario compartido en dos o más centros de especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje entre otros», señala. Además, la atención a la diversidad presenta graves carencias en la provincia y no hay agilidad en la cobertura de vacantes y sustituciones.

Van a continuar exigiendo a la administración agilidad en la resolución de las demandas de responsabilidad patrimonial, una licencia por un curso escolar sin prestación de servicios con retribución parcial (año sabático) como tienen en otras comunidades autónomas y un mayor número de vacantes en los concursos de traslados.

Comisiones Obreras apuesta por reducir las horas lectivas y así tener más tiempo para coordinaciones, preparar actividades, planificar o tutorías, así como «la paralización y reversión de las privatizaciones y recortes». Según Yolanda Gamero, «no podemos dejar la educación pública y nuestras condiciones laborales en manos de un gobierno de derechas».

Para Francisco González, responsable de Educación de CSIF, la educación pública «tiene mucho margen de mejora», empezando por el número de alumnos por aula o la incorporación de más docentes, hasta 2.500 según sus previsiones, para «poder bajar las ratios y que el profesorado atienda mejor la diversidad del alumnado». Considera que la Administración tiene que aprovechar el actual descenso demográfico para reducir el volumen de alumnado por aula, en vez de eliminar unidades. «Sería una medida que mejoraría la calidad de la enseñanza pública, sin duda», afirma.

Además de pedir que se amplíen las plantillas para reducir las ratios y que se cubran inmediatamente todas las bajas, uno de los problemas que pone de relieve es que el profesorado dedica una media de siete horas semanales a realizar tareas burocráticas, «en muchos casos innecesarias», que les restan tiempo de preparación de las clases y de atención a la diversidad de su alumnado. «En CSIF queremos que este curso sea el del 'stop' a la burocracia, eliminando tareas duplicadas, incorporando a más personal PAS para que se encarguen del papeleo».

Según Francisco González, el 1 de diciembre «están en riesgo cuestiones básicas para la conciliación, como el concursillo (que se quieren cargar desde algunas agrupaciones de electores) mientras que para CSIF es intocable porque supone que cada curso unos 3.500 docentes de la provincia de Málaga pueden trabajar cerca de sus familias». Además, quieren poner sobre la mesa la reducción de la jornada lectiva (que pasaría a ser de 15 horas para el profesorado de Secundaria y FP, y de 20 horas para el de Infantil y Primaria). «CSIF es el sindicato mayoritario en el ámbito regional, lo que nos permite defender sus derechos ante las administraciones educativas independientemente del color político».

Para resolver los problemas del sistema educativo público, el primer paso «es que el profesorado le dé más fuerza a los sindicatos, ya que somos la voz de los docentes en las mesas de negociación con las administraciones educativas», advierte el responsable de CSIF. «No hay ninguna actuación unilateral de la Administración que haya mejorado las condiciones laborales de los profesores y profesoras. Por eso confiamos en que haya una gran participación en las elecciones del día 1 de diciembre porque cada voto que no se ejerza servirá para darle más poder a la Administración», puntualiza.

El presidente provincial de ANPE parte de un diagnóstico de la enseñanza pública en Málaga «satisfactorio» gracias a la «profesionalidad y dedicación del profesorado que día a día lo demuestra afrontando y superando todos los obstáculos que se encuentra en su jornada laboral docente, porque el objetivo siempre es el éxito académico de todo el alumnado, sin dejar a ninguno atrás». Por ello, el profesorado «se merece un continuo reconocimiento a su trabajo; ya es hora de que se recupere el prestigio y se dignifique al profesorado que incluso durante la pandemia ha expuesto su propia salud en pro de la enseñanza de sus alumnos».

Respecto a los problemas y carencias, señala que la Administración debería contar con el profesorado «como principal protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje junto al alumnado», y complementarlo «con otras teorías pedagógicas que a veces son más de clases magistrales que de aulas de primaria».

ANPE exige a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional un compromiso inequívoco con el sistema público de educación y con su profesorado, en los siguientes aspectos: reducción de ratios; reducción del horario lectivo; mejoras en la conciliación familiar y laboral; formación permanente en horario lectivo; amplias ofertas de empleo para reducir la tasa de interinidad; recuperación del poder de los claustros; carrera profesional y jubilación anticipada; reducción de la burocracia; retribuciones dignas.

Para Guillermo Hernández, la participación en las elecciones sindicales del 1 diciembre es importantísima. «No es un acto banal, porque a raíz de los resultados se constituye la junta de personal docente no universitario, que a nivel provincial atenderá y defenderá al colectivo docente que representa».

Concepción Zamora es la responsable de Organización de USTEA en Málaga. Un sindicato que apuesta por una enseñanza pública y con recursos públicos, la atención a las necesidades específica de apoyo educativo con los recursos humanos y materiales adecuados y suficientes y una oferta educativa suficiente en educación postobligatoria, sobre todo en Formación Profesional, de carácter público, para atender la demanda del alumnado que desea cursarla y de los centros educativos que la imparten. En definitiva, «una educación pública de calidad que garantice el derecho del alumnado y de las familias a recibir una educación acorde a una sociedad plural y democrática como en la que vivimos», señala.

Denuncia la elevada ratio alumno/profesor, en algunos casos ilegales, y la falta de recursos humanos en especial en el área de atención a la diversidad y elevadísimas ratios respecto al alumnado con que cuenta los profesionales, que hace imposible ofrecer una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas.

Desde este sindicato se apuesta por la bajada de ratio alumnos/profesor en las aulas y una mayor dotación de profesionales para poder hacer efectiva la inclusión y el derecho a la educación en toda la extensión del término, el aumento de las plantillas docentes, estabilización del personal interino, la ampliación de plazas públicas de FP o la aplicación real de la ley de Bioclimatización de los centros educativos.

Las elecciones son, en opinión de Concepción Zamora, «el cauce democrático para cambiar las cosas. Si deseamos mejorar nuestras condiciones laborales, y, en general la enseñanza, debemos participar y votar a la fuerza sindical que creemos representa mejor la lucha por cambiar la realidad que tenemos» y se muestra segura de que el profesorado en su conjunto «tiene mucho que decir y quiere cambiar la realidad que tiene en el día a día en los centros. Este es uno de los momentos importantes para ello, cada uno/a debe expresar su opinión de cómo hacerlo a través de su voto», señala.

Málaga, como el resto de Andalucía, está viendo sometido su sistema educativo a un proceso de cambio caracterizado por la disminución desde su base demográfica de población en edad escolar. Pero esta situación, que podría ser aprovechada para mejorar la calidad educativa en aulas y centros, sin embargo, «está siendo utilizada por la Administración para cerrar aulas, contratar menos enseñantes y, en definitiva, reducir el gasto en educación», denuncia Juan Francisco Vílchez, responsable de Educación de UGT Málaga. De acuerdo con su análisis, el principal problema es el bajo nivel de inversión, lo que redunda «en un estancamiento en el progreso hacia una educación de mayor calidad, actualizada para afrontar los nuevos retos formativos del alumnado».

En este sentido, pone de manifiesto las carencias en la atención a la diversidad y a las necesidades especiales, así como «las tremendas carencias en Formación Profesional para absorber la enorme demanda, curso tras curso, de un alumnado que espera formarse para trabajar, sin tener que pagar grandes sumas en el sector privado, que es lo que realmente ahora está pasando, y va en aumento». Por esto considera que la FP pública «debe ser potenciada en gran medida para garantizar la equidad en el acceso a esa formación laboral tan demandada».

Según Vílchez, profesores y maestros «debemos ser conscientes de que nuestros derechos laborales y de que nuestra forma de trabajo está en juego». En su opinión, «nos enfrentamos a nuevos retos como demandar el aumento y estabilización de plantillas, como cortar el imparable aumento de la ratio, haciendo que se revierta esta tendencia y consigamos las ratios más bajas para garantizar la mejor calidad de la enseñanza; así como recuperar nuestro poder adquisitivo, deteriorado tras años de ninguneo salarial; y también tenemos que hablar del continuo aumento de las tareas administrativas, que no vemos que muchas de ellas sirvan de nada, más allá de cubrir el expediente».

El presidente y cabeza de lista de APIA, sindicato de profesores de instituto, realiza un análisis muy crítico de la situación actual de la educación en Secundaria: «Es una educación devaluada, que ha renunciado a su función principal, la enseñanza, para convertirse en un mal sistema de entretenimiento y custodia de adolescentes hasta que tienen la edad para acceder al mercado laboral o a estudios superiores, sin una formación adecuada». El problema radica, en su opinión, en unas leyes educativas «inadecuadas (incomprensibles e inaplicables); la falta de diálogo entre los políticos que toman las decisiones y los profesores que trabajan en el aula; la falta de ideas claras sobre la función del sistema educativo; el deteriorado clima de trabajo en el aula por la pérdida de respeto al profesorado y a su función; la falta de recursos y de una financiación adecuada; y la asunción por parte de la escuela de funciones para las que no está preparada ni capacitada».

Ante esta situación, el sindicato de profesores plantea la necesidad de una ley educativa «consensuada, simple, entendible y elaborada en diálogo con el profesorado que tiene que aplicarla en el aula; la separación de la mesa sectorial de Educación en dos, una para Infantil y Primaria y otra para Secundaria; y que nos dejen trabajar a los profesionales de la educación sin agobiarnos con burocracia innecesaria». Para Juan Antonio Bravo, la participación en estas elecciones es fundamental porque «los principales representantes sindicales hasta la fecha han acompañado las sucesivas leyes educativas en un proceso de degradación de la enseñanza pública. Si los profesores quieren algo diferente, tendrán que votar algo diferente», sostiene.

Para la candidata de CGT, el profesorado y los equipos directivos están sobrecargados de trabajo por la burocracia, los cambios normativos y las condiciones materiales y la falta de recursos humanos imprescindibles para el funcionamiento de los centros y para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. «Y frente a la sobrexplotación, la paradoja de la eliminación de unidades de la pública por el descenso de natalidad mientras se blindan las de la privada pagada con dinero público, y crecen los conciertos en la Formación Profesional», denuncia.

Los centros educativos de la costa están sobresaturados y con ratios muy elevadas. Pone como ejemplo el colegio Daidín de Benahavís, diseñado para 150 alumnos y que acoge a 600. Y considera lo ocurrido en el Villar Palasí de Vélez-Málaga (desalojado por grietas) ejemplo del «extremado abandono» de los centros públicos.

Marina Ribot señala entre las carencias más graves la falta de personal para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. «Tenemos constancia de que hay alumnado con ciertas discapacidades para los que la Delegación de Educación no manda profesorado de pedagogía terapéutica ni personal técnico de integración». En este sentido, propone una normativa concreta que especifique los recursos humanos y materiales específicos que deben destinarse al alumnado con necesidades educativas especiales y ATAL, concretando la ratio y fijando máximos según sus características mediante criterios objetivos.

Desde CGT consideran que, para garantizar la igualdad de oportunidades y recursos, así como la eficiencia del sistema, es necesario que exista una única red de centros educativos de enseñanza obligatoria y no obligatoria: la red pública. «Muchos recursos se están derivando a la concertada», denuncia.

Respecto a la convocatoria electoral, Marina Ribot considera fundamental que el profesorado de la enseñanza pública «se informe de los programas electorales y del trabajo realizado en los últimos años por cada sindicato, ya que no todos los sindicatos son iguales, ni defienden las mismas cosas. Por eso, es importante que voten y lo hagan informados de quienes defendemos una enseñanza 100 por cien pública».

Directores de institutos y colegios se han presentado por primera vez a las elecciones, en una agrupación de electores que encabeza la presidenta en Málaga de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía, Virginia Rodríguez. Según su análisis, la provincia de Málaga es pionera y especialmente funcional en muchos aspectos. «A nivel tecnológico y de proyectos estratégicos, la provincia y Andalucía son un referente en el resto de territorio nacional. Su sistema de gestión Séneca y la calidad de la gestión de los centros, el compromiso del profesorado y la dinamización permanente intrínseca de funcionamiento nos dejan en muy buena posición». Pero «con la buena voluntad y con algunos recursos no se solucionan los grandes problemas que tenemos: la exagerada burocratización, la carencia de personal de administración en muchos centros, las ratios hiperbólicas, la falta de horas de dedicación a coordinación, la falta de espacios y de recursos en muchos casos nos tienen agobiados y muy preocupados». Según Virginia Rodríguez, «la tan nombrada autonomía de centros brilla por su ausencia, o solo aparece en situaciones donde entendemos que es la administración educativa la responsable», y asegura que «echamos en falta que se nos escuche más de verdad, con consecuencias y decisiones que vayan en la línea de lo que planteamos los equipos directivos, que somos los conocedores reales de lo que sucede en los centros que gestionamos y de lo que necesitan nuestros docentes y nuestro alumnado, de primera mano».

Señala como algunas de sus grandes preocupaciones la ratio exagerada que merma la calidad educativa, la falta de espacios y de recursos concretos, sobre todo para la FP, la burocratización, la creciente concertación de unidades, a desfavor de la pública o la falta de voluntad para emprender «de una vez por todas un pacto por la educación, aunque fuera a nivel regional». Virginia Rodríguez deja claro que ASADIÁN «no es un sindicato, ni pretendemos constituirnos en ello» Es una agrupación de electores que «solo quiere tomar parte de las deliberaciones, de las propuestas y de los planteamientos que se hacen a la administración, desde los órganos oficiales, para poder mejorar nuestro sistema». No van a contar con liberados a tiempo completo, ni se va a cobrar cuota alguna: «Solo pretendemos cambiar las cosas para mejorarlas y, para eso, necesitamos que se nos dé la oportunidad, que sabremos aprovechar, seguro», afirma.

«Conocemos a la perfección todo lo relacionado con el funcionamiento, vida y gestión de los centros, y conocemos las dificultades por las que equipos directivos y demás profesorado pasamos día a día. Y todo ello con un conocimiento del sistema y su regulación nos faculta para ser interlocutores muy valiosos para las relaciones con la administración, pero necesitamos que sea desde las plataformas negociadoras reales, y no desde simples reuniones informativas, como hasta ahora».