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Mensajes bajo investigación judicial.
«Llevo dos años haciendo humor negro y nunca he tenido problemas con nadie»

«Llevo dos años haciendo humor negro y nunca he tenido problemas con nadie»

El tuitero citado por el juez por «trato degradante» en sus mensajes del caso Julen se enfrenta a penas que podrían alcanzar los 2 años de cárcel

Miércoles, 3 de abril 2019, 11:01

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«Mi intención era humorística y literaria. Trataba de denunciar el circo mediático. Y, a partir de cierto momento, empecé a recibir mensajes con amenazas de muerte, cientos. E intenté jugar con eso: cómo alguien que sentía esa humanidad y empatía respecto al caso, al minuto quería matar a otro al que no conocía». Así justifica Camilo de Ory, en una conversación teléfonica con SUR, el contenido de sus mensajes, y añade: «Llevo años haciendo humor negro y nunca he tenido problemas con nadie». De Ory ha sido citado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid para declarar como investigado por supuesto «trato degradante». De Ory tendrá que comparecer ante el magistrado el próximo 21 de mayo a las 10.15 horas. Distinguido por la Diputación de Málaga con el Premio Emilio Prados de Poesía en 2005, reside actualmente en Madrid. Durante la búsqueda de Julen, se publicaron desde su cuenta de Twitter numerosos mensajes en un tono hiriente mofándose de la situación que se estaba viviendo en Totalán. Sus tuits no pasaron inadvertidos para otros usuarios, que lo calificaron de «inhumano» o ruín» –por reproducir algunos– y lo criticaron por reírse «de todo un país» con un tema tan sensible. De hecho, algunos tuiteros hicieron capturas de pantalla o redirigieron sus mensajes a las cuentas de policía o Guardia Civil para que tomaran cartas en el asunto. No hizo falta, porque la propia familia, que recibió esos pantallazos, puso el caso en manos de su abogada con el mandato de denunciarlo .

De Ory reconoce haber ganado dos mil seguidores en Twitter tras el caso, «para que veas el morbo que despierta esto», aunque asegura que no buscaba popularidad. Pese a que es consciente de que publicaba esos mensajes en una red social, insiste en que «no podía prever» que llegarían a los padres. Aun así, dice no arrepentirse, porque «mi intención no era ofender, aunque sí puedo lamentar que hayan llegado [sus tuits] a estas buenas personas», matiza. «Puede que me haya equivocado, lo último que quiero es hacerles daño. Si lo hubiera previsto, te aseguro que me callo». De Ory insiste en que está tranquilo, puesto que su abogado –ya se ha buscado uno, aunque aún no le ha llegado la citación– le ha dicho que el asunto no debería llegar ni a juicio. El magistrado dirá.

No es el único caso. Los padres de Julen han denunciado por medio de la letrada que los representa a otros dos usuarios de Twitter y a un medio 'online' en el que se publicó una información que calificó como falsa. También se ha puesto la lupa sobre los comentarios que suscitó esta publicación, algunos de los cuales también eran ofensivos para los padres.

Los denunciados se enfrentan al delito 173 del Código Penal en el que se dice que el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. «No es que los padres estén rastreando las redes sociales o Internet en busca de este tipo de mensajes. Les llegan a través de otras personas y ellos lo único que buscan es que se les respete», concluyó su letrada, Antonia Barba.

Llamado a declarar como investigado

Durante los 13 días que duró la búsqueda del pequeño Julen, sus padres hicieron varios llamamientos pidiendo prudencia en las informaciones periodísticas y respeto a los usuarios de redes sociales, donde se difundieron, en mayor o menor medida, toda clase de teorías especulativas sobre lo que le podía haber sucedido al menor. En algunos casos, para la familia, esos mensajes cruzaron una «línea roja», llegando al «insulto, la mofa o a las injurias», por lo que anunciaron que emprenderían acciones legales contra aquellos que los publicaron. Esas denuncias, que la abogada que representa a los padres, Antonia Barba, interpuso en el Grupo de Delitos Tecnológicos de la policía, están ahora en manos de la Justicia. Y ya han empezado a producirse las primeras citaciones.

Tal y como ayer adelantó SUR, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ya ha llamado a declarar como investigado por supuesto «trato degradante» a Camilo de Ory (Segovia, 1970), uno de los tuiteros. Tendrá que comparecer ante el magistrado el próximo 21 de mayo a las 10.15 horas.

No todo vale en las redes sociales: las consecuencias de los mensajes

Cada día se publican millones de mensajes en las redes sociales. La gran mayoría de ellos son apropiados, opinan sobre alguna cuestión desde el respeto o responden a una conversación con un conocido. Sin embargo, otros muchos acaban siendo analizados por las autoridades debido a su contenido inadecuado. Son los denominados delitos de odio, que se pueden cometer a través de plataformas como Twitter o Facebook, pero también se persiguen otros como injurias o calumnias.

En la actualidad, debido a las redes sociales, los especialistas se enfrentan al reto que supone el hecho de que las personas que cometen este tipo de hechos son capaces de llegar a muchísima gente a través de estas aplicaciones. También deben luchar con la sensación de impunidad que tienen estas personas, que creen que pueden escribir estos mensajes sin que tenga consecuencias para ellos.

En los últimos años se han dado conocidos casos que muestran que esto no es así. Por ejemplo, el Tribunal Supremo condenó a un año de prisión y seis años y medio de inhabilitación absoluta a César Augusto Montaña, más conocido como César Strawberry, líder del grupo rap-metal Def con Dos' por un delito de enaltecimiento o humillación a las víctimas del terrorismo en la publicación de seis mensajes en Twitter.

Twitter y Youtube

Otro caso es el de Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hásel, condenado por la Audiencia Nacional a la pena de dos años y un día de cárcel y multas de 24.300 euros por promover el discurso del odio en las redes sociales. Se castigó al rapero ilerdense de 29 años por delitos de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado por el contenido de 64 mensajes publicados en Twiter y una canción en el canal Youtube.

A nivel local, en Málaga, la Audiencia Provincial ratificó las penas para siete de los nueve condenados por insultar en las redes sociales a la jueza que exoneró a los jóvenes detenidos por el caso de la falsa violación en la Feria. Tal y como hizo el juzgado que les enjuició en primera instancia, les consideró responsables de un delito de injurias graves con publicidad, por lo que confirmó la pena impuesta a cada uno de ellos con la obligación de pagar 1.350 euros de multa y otros 1.500 euros de indemnización para la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, que fue quien dejó en libertad a los arrestados por la agresión sexual, que a la postre resultó ser una invención.

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