La Junta mueve ficha para intentar frenar las protestas del taxi en plena campaña electoral
Fomento retoma los contactos con las asociaciones del taxi y les emplaza a una reunión conjunta del sector tras las elecciones del 10-N
La Junta de Andalucía mueve ficha en un intento de evitar que el aumento de la presión del sector del taxi para que limite la ... actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) le acabe estallando en plena campaña electoral. Ante las distintas movilizaciones convocadas para la semana que viene, la Consejería de Fomento ha retomado los contactos con las asociaciones del sector para mantener abierto el diálogo iniciado en enero (una semana después de que la consejera Marifrán Carazo tomara posesión) para regular el negocio de Uber y Cabify en Andalucía y que, a día de hoy, sigue sin estar plasmado en un acuerdo. Fomento convocó el lunes a los principales actores del gremio a una reunión en Sevilla para este jueves, pero hoy ha sido suspendida y aparcada hasta después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre para intentar alejar el conflicto del ambiente electoral. Lo que sí que se están manteniendo a la espera del citado encuentro con el sector son conversaciones bilaterales con las asociaciones en un intento de apaciguar los ánimos. Aunque, de momento, sin éxito porque siguen adelante las concentraciones convocadas para el próximo 8 de noviembre por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ante la sede de Fomento de las ocho provincias entre las 11.00 y las 13.00 horas. De forma paralela, a través del Grupo de Movilización de la Costa del Sol otras organizaciones del taxi de la provincia como Élite o Amat participarán en tres marchas (el 4 de noviembre en Sevilla, el 6 en Málaga y el 8 en Córdoba) para presionar a la Administración autonómica. Distintas acciones pero idéntico objetivo: volver a poner sus reivindicaciones en la agenda política en vísperas del 10-N.
Como ya ha venido informando este periódico, el principal punto de fricción está en la exigencia de los taxistas de que se obligue a estas compañías a que sus servicios tengan que ser precontratados con una antelación mínima de 15 minutos al igual que se ha hecho en otras comunidades como Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares y País Vasco. Sin embargo, la propuesta que la Dirección General de Movilidad ha venido planteando para garantizar la precontratación obligatoria de estos vehículos (sólo pueden trabajar bajo contratación previa, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) consiste en la creación de estaciones de VTC en los perímetros de las ciudades en las que deberán permanecer cuando no estén prestando servicio o la obligatoriedad de regresar a su base en lugar de estar circulando a la espera de que desde la aplicación les salte una carrera.
El principal punto de fricción está en la exigencia de una antelación mínima para pedir un servicio de Uber o Cabify
Desde que Fomento elaborara en marzo el borrador de decreto para intentar buscar un equilibrio entre ambos sectores no se han producido avances al respecto en este asunto, por lo que el gremio tradicional ha decidido plantarse con distintas acciones de protesta. La semana pasada, el director general de Movilidad, Mario Muñoz Atanet, aseguraba que «se seguirá trabajando para pulir el único punto del borrador de propuestas que aún no se ha consensuado, el de las estaciones de VTC», insistiendo en este sentido en que la solución pasa por una normativa estatal que aclare la situación en todo el país.
En lo que sí que están de acuerdo los taxistas en el resto de medidas planteadas por Fomento para modernizar su actividad mediante el establecimiento de un precio cerrado a los clientes que contraten sus servicios vía telemática (igual que ocurre con Uber y Cabify) y la posibilidad de compartir taxi mediante un cambio legal que permita cobrar por plaza en cada viaje solicitado también por medio de una 'app'. Además, se vuelve a poner sobre la mesa la creación de áreas de prestación conjunta entre varios municipios con idénticas tarifas.
De momento, este borrador es la única novedad en Andalucía desde el decreto que el Gobierno central aprobó en septiembre de 2018 y que hace justo un año fue convalidado por el Congreso para habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los VTC, que en Málaga suman ya 1.556 autorizaciones frente a las 2.733 licencias de taxi. Unas cifras que no hacen más que reforzar el papel de Málaga como la provincia española con mayor competencia entre ambos sectores con un VTC por cada 1,7 taxis.
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