La Junta baraja expropiar parte del monte de Totalán donde murió Julen

La obra de «ingeniería civil» –en palabras de la propia jueza– realizada para llegar hasta Julen afectó total o parcialmente a más de una veintena de parcelas del Cerro de la Corona, además de la finca donde sucedieron los hechos, propiedad de David Serrano, el hasta ahora único investigado en el caso y a quien la magistrada atribuye un posible delito de homicidio por imprudencia por, presuntamente, dejar destapado el pozo (sondeo) de prospección que hizo en busca de agua, por el que cayó el niño.

La Junta, como responsable de las emergencias en Andalucía, asumió el coste de los trabajos realizados en el operativo de rescate, que se cifró en 687.749 euros. El IVA estaba incluido, pero no la segunda parte: indemnizar a los propietarios de las parcelas afectadas por esas obras. Fuentes del Gobierno autonómico explicaron a SUR que, teniendo en cuenta el importe de las mismas y el valor (inferior) de los terrenos, se baraja la vía de la expropiación, si bien todo ha quedado paralizado a la espera de ver cómo concluye el proceso judicial.

Como muestra, un botón. David Serrano, que aquel fatídico 13 de enero pretendía disfrutar de un día de campo en familia en su recién estrenada parcela, adquirió los terrenos el 23 de octubre de 2018, tal y como rezan las escrituras públicas incorporadas al atestado de la 'operación Rabé', que fue como denominó la Guardia Civil a la investigación por la desaparición y la muerte de Julen. La finca, una «tierra de secano con olivos» con 4.439 metros cuadrados, la compró por 4.200 euros. Es decir, que no llega a un euro el metro cuadrado.

Las obras para rescatar al pequeño Julen supusieron mover 85.000 metros cúbicos para la excavación, que alcanzó la profundidad equivalente a 23 pisos de altura. Se empleó el esfuerzo equivalente a la construcción de 34 piscinas olímpicas, cuatro plantas de sótanos de un campo de fútbol como La Rosaleda o un tramo de 400 metros de autovía.

La tierra que se movió, los carriles de tierra que se construyeron para llegar hasta allí, y los dos proyectos de galerías horizontal y vertical que se acometieron afectaron total o parcialmente a más de una veintena de parcelas. Desde la Junta han explicado que el proceso de indemnización –la idea inicial– estaba ligado a la construcción de «una zona de recreo y un lugar para la memoria», pero que después se consideró que la expropiación ofrecía «más seguridad jurídica» atendiendo al argumento del hipotético «riesgo de repetición del daño acontecido», es decir, un posible accidente.

En el Gobierno autonómico son conscientes de que, en ambos casos (indemnización o expropiación), «hay que llegar a un acuerdo económico» con los propietarios de las fincas, ya que «los terrenos nunca podrán regresar a su estado original» dada la envergadura de las obras acometidas en el Cerro de la Corona. Sin embargo, aunque se ha mantenido una primera toma de contacto con ellos –tal y como ha podido constatar este periódico por boca de varios de los damnificados–, por el momento no ha habido avances y ni se ha abierto siquiera el expediente de expropiación.

La razón de que no se haya movido ni un solo papel obedece a que los servicios jurídicos de la Junta siguen atentos el devenir del proceso judicial abierto por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga por la muerte del pequeño, y que, por ahora, se dirige únicamente contra el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos. De hecho, el mes pasado, la magistrada, a petición de la Fiscalía, ofreció al Gobierno autonómico la posibilidad de personarse en la causa como perjudicado con la idea de reclamar –por la vía de la responsabilidad civil– el coste de las obras.

La Administración regional aceptó el ofrecimiento de la jueza y a finales de junio se personó como perjudicada en el procedimiento para tener la posibilidad de reclamar, inicialmente, los casi 687.749 euros del operativo de rescate. En consecuencia, la vía de las expropiaciones, que se había iniciado con esa primera toma de contacto con los propietarios, se ha paralizado, según apuntaban ayer desde la Junta, hasta que concluya el juicio y se diriman responsabilidades.

Paralelamente, ya en vía administrativa, la Junta ha abierto un expediente contra el propio David Serrano y también contra Antonio Sánchez, el pocero, por las irregularidades detectadas en la prospección (fallida) de agua a la que cayó el pequeño Julen. La infracción contra la seguridad minera, considerada muy grave, comporta sanciones que van desde 300.001 a 1.000.000 euros.

Llegado a este punto, lo que sigue siendo una incógnita, y que no parece pronta a despejarse, es el destino se dará al monte que asistió al mayor operativo de rescate en la historia de España, pero también a una de sus mayores tragedias.