Incertidumbre para 59.000 funcionarios malagueños tras quedar desierta la licitación de Muface

Antes de esta comunicación oficial del departamento ministerial, una de las aseguradoras privadas que hasta este año presta el servicio de atención sanitaria a los funcionarios civiles del Estado (a eso responde el acrónimo Muface), Adeslas, enviaba una nota de prensa en la que informaba de que se presentaba a los concursos de prestación de asistencia sanitaria 2025-2026 de Isfas y Mugeju (las mutualidades que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes). Y con ello, según expresa en el citado comunicado, «Adeslas mantiene su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permiten hacerlo sostenible, por los beneficios que ofrece a los funcionarios y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario español». Subyacía, de esta manera, su renuncia a acudir a la licitación de Muface, y la razón: la insuficiencia de la oferta del Ejecutivo.

Por lo tanto, parece que se ha despejado la incertidumbre para las 4.009 personas cubiertas por Mugeju (Mutualidad General Judicial, es decir, la que cubre a los funcionarios de la Justicia) en Málaga entre los titulares y sus familiares. Y también para las 14.175 atendidas bajo el esquemas Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas). Pero no desaparecen las dudas para las 59.233 que entre titulares -los propios funcionarios- y beneficiarios -sus familiares- suman quienes están cubiertos en la provincia de Málaga por la mutualidad Muface, de la que hasta este año la citada Adeslas, Asisa, DKV Seguros y DKV Internacional eran contrastistas, a razón de 18.126, 19.068, 13.788 y 4 personas adscritas en Málaga, por ese orden. El resto, 8.257 personas restantes habían escogido la sanidad pública, no las compañías privadas.

El Ministerio informa a través de una nota de prensa que todos los mutualistas de Muface, tanto los titulares como los beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales. Son un total de 1,5 millones en toda España. La atención médica y asistencial, insiste el departamento a cargo del ministro Óscar López, se mantendrá en los términos actuales. Mientras tanto, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación. Esto significa que reiniciará un nuevo proceso para presentar otra oferta, que habrá de mejorar el precio y hacer más atractivas otras condiciones para atraerse al sector privado.

Si el proceso se demorara más allá de la fecha de vencimiento del contrato actual (finales de este mismo 2024), la nota remitida por el ministerio aclara que «con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público». Lo que significa esto es que hasta que haya una nueva licitación la citada normativa cuenta con mecanismos para que todos los mutualistas disfruten de las mismas prestaciones que tienen hasta el momento.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 8 de octubre la celebración de un nuevo concierto con una duración de dos años (2025 y 2026) para la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera los 1,5 millones de personas entre titulares y beneficiarios en toda España (en Málaga son las citadas cerca de 60.000 y en Andalucía se acercan a las 320.000). El Ejecutivo ofrecía un aumento de la prima del 17,12%, la mayor subida de la serie histórica, pero insuficiente a ojos del sector privado.

La consecuencia que se teme de que las aseguradoras privadas dejen de prestar el servicio sanitario a los funcionarios es que el sistema nacional de salud -transferido a las comunidades autónomas- tendría que asumir no sólo más usuarios, sino también más coste.