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Los municipios de la zona Norte de Antequera tendrán que seguir esperando todavía no se sabe cuánto tiempo más el trasvase de agua desde el embalse de Iznájar. La razón es que, según la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la Junta de Andalucía, que mantiene que está pendiente de la autorización del Ministerio, debe justificar todavía el déficit estructural de la cuenca para seguir avanzando en esta infraestructura. La ministra, que participó ayer en la asamblea anual de Asaja Málaga con motivo del 40 aniversario de la creación de esta organización agraria en la provincia, explicó que «siempre hemos dicho como Gobierno que todos los trasvases que sean técnica, medioambiental y económicamente viables estamos en disposición de abordarlos, pero requieren de una Ley, necesitan un acuerdo del Congreso y que haya una coordinación entre la cuenca excedente y la receptora». Según García Tejerina, ese trabajo lo tiene que desarrollar la Junta de Andalucía, que es la que tiene además que trasladar los informes técnicos y justificar debidamente el déficit estructural de la cuenca para que se pueda hacer el trasvase. Si tras los análisis económicos, jurídicos y medioambientales es viable, se podrá realizar, según explicó. Sin embargo, la ministra no ha puesto fechas ni ha avanzado plazos para su ejecución.
La ministra elogió la labor de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja Málaga) con motivo de su cuarenta aniversario. «Si echamos la vista atrás y pensamos lo que era la agricultura en Málaga y España hace cuarenta años, y vemos lo que es ahora, solo podemos felicitarnos. Asaja está detrás de este desarrollo», dijo.
Sobre la nueva PAC, resaltó la experiencia y vocación agraria del Gobierno, lo que ha permitido mejorar el escenario inicial al reducirse el recorte en el presupuesto desde el 30% inicial hasta un 5%. En el conjunto un 3,5 % en las ayudas.
Respecto a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mollete de Antequera, dijo que el expediente está ya en la Comisión Europea, que dispondrá de un plazo de seis meses para que resuelva sobre su inscripción en el registro de figuras de calidad.
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