Málaga espera la nueva ley urbanística de Andalucía como agua de mayo

La provincia de Málaga será posiblemente la más beneficiada por la puesta en funcionamiento de la nueva norma urbanística, que es esperada como agua de mayo por los agentes públicos y privados que trabajan en el desarrollo de los distintos municipios. Son varias las cuestiones que cambiarán radicalmente con su activación, que se espera para principios de año si finalmente logra el respaldo suficiente para salir adelante.

Por un lado, la LISTA supondrá una mejora en la agilización de informes ambientales y de otras muchas materias que deben recabar los ayuntamientos para poder dar luz verde a una actuación, lo que se ha convertido en un calvario que pone a prueba la paciencia y el interés de los inversores. Desde la Junta han asegurado que esos informes serán «mucho menos prolijos, con menos contenido y consecuentemente se emitirán de una forma más ágil». Además, la ley prevé crear un órgano colegiado para coordinar y agilizar la emisión de los informes, de forma que se recaben al principio de la tramitación y no obliguen al promotor a tener que repetir la elaboración de su proyecto para corregir errores.

En el caso de Málaga capital, son varios los proyectos demorados especialmente por las evaluaciones ambientales a las que deben someterse y que tardan habitualmente un año como mínimo por el embudo burocrático de la administración regional. Desde la Consejería de Fomento han anunciado que van a poner en marcha un grupo de trabajo con la de Desarrollo Sostenible para adaptar las exigencias ambientales a los nuevos instrumentos de ordenación urbanística que contempla la LISTA.

Todo esto se concretará más con la aprobación de reglamentos de la ley a lo largo del año que viene. Según ha podido conocer este periódico, la Junta ya está trabajando en la preparación de esos reglamentos, que articularán más en detalle el régimen para las viviendas construidas irregularmente y las fórmulas para agilizar aún más los permisos de obra, ampliando los supuestos para la obtención de las autorizaciones mediante la presentación de declaraciones responsables.

Por otra parte, la LISTA acorta notablemente los plazos de aprobación de nuevos planes generales para los ayuntamientos que tienen pendiente esa tarea porque todavía no estén adaptados al marco jurídico que impuso la LOUA o porque sentencias judiciales los han tumbado en los últimos años, como son los casos de Marbella y, más recientemente, Torremolinos y Benahavís. En el caso de la ciudad marbellí, su equipo de gobierno está justamente esperando a la entrada en vigor de la nueva ley para amoldar la tramitación de su nuevo plan a los preceptos contenidos en ella, de forma que la aprobación de un nuevo marco de ordenación urbanística sea mucho más rápida.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha anunciado este miércoles que la aprobación inicial del nuevo plan general de la ciudad se espera para el próximo verano, y ha destacado que la LISTA permitirá «que el urbanismo en Marbella deje de ser un escollo» porque aportará seguridad jurídica. «Abre multitud de posibilidades, por ejemplo para las edificaciones fuera de ordenación, a las que se les podrá dar uso y así tendrán utilidad para los promotores y para la propia ciudad», ha detallado Muñoz.

Para evitar que nuevos fallos judiciales provoquen una suspensión total del plan de una determinada localidad, la LISTA divide el planeamiento de cada municipio en dos documentos: el Plan General de Ordenación Municipal, encargado de la estrategia de crecimiento y la conservación rural, y el Plan de Ordenación Urbana, para establecer la planificación detallada del suelo urbano y su renovación. De este modo, al menos uno de los dos planes quedaría en vigor en caso de verse afectado uno de ellos por un fallo judicial negativo.

El diputado provincial de Fomento, Francisco Oblaré, explicó que la nueva ley contribuirá decisivamente a agilizar la aprobación de nuevos planes básicos de ordenación municipal para 46 municipios de menos de 10.000 habitantes que se encuentran inmersos en ese proceso. Se trata de Alameda, Alcaucín, Almargen, Algatocín, Alfarnate, Algarrobo, Almáchar, Alpandeire, Archez, Archidona, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benamargosa, Benamocarra, Benarrabá, Benaoján, Canillas de Aceituno, Colmenar, Cartajima, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera , Cuevas Bajas, Cútar, El Borge, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Iznate, Jubrique, Moclinejo, Periana, Pujerra, Salares, Sayalonga, Sedella, Serrato, Totalán, Valle de Abdalajís, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Almogía y Benahavís. La LISTA contempla ayudas económicas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para la redacción de sus planes urbanísticos.

Asimismo, la nueva ley ofrece más opciones para construir viviendas en suelo rústico sin que estén vinculadas a las actividades permitidas en este. Así, abre la puerta a la realización de casas aisladas siempre que se ajusten a los parámetros de la ley, que no generen un núcleo de población y con la condición de que sus promotores costeen las infraestructuras para los servicios que requieran.

Esta cuestión, respecto a la que el PSOE ha planteado reparos, ha vuelto a ser defendida este miércoles por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien ha asegurado que «permitir la construcción de viviendas aisladas en suelo rural no va a suponer enladrillar el campo, ni mucho menos, es responder a una necesidad real», ha manifestado.

En la provincia, la zona de la Axarquía aguarda especialmente la entrada en vigor de la LISTA para dar respuesta a las expectativas de los alcaldes para impulsar la regularización de las más de 20.000 viviendas construidas en el campo en las tres últimas décadas, lo que supone casi la mitad de las 50.000 que se estima que hay en Málaga. En el conjunto de la comunidad, se cifran en 300.000 las edificaciones fuera de ordenación.

No obstante, aunque la aprobación de la ley obtuvo un dictamen favorable en la comisión de Fomento, con el voto a favor del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE (sólo se opuso Unidas Podemos), queda por ver qué sucederá finalmente en la votación del Parlamento. Si Vox, que aún reclama más medidas para avanzar en la regularización de las viviendas ilegales, suma sus votos a los de PP y Ciudadanos, la ley podrá salir adelante. Si no lo hace, sería necesario que los socialistas repitieran la abstención de la comisión.

Han colaborado en esta información: Joaquina Dueñas, Eugenio Cabezas y Andrea Jiménez.