No era un desalojo; es una 'okupación': Giro de guion en el caso del Vistamar de Benalmádena

Y es que lo que lo que saltó a los medios como lo que parecía ser un caso de desalojo, es en realidad el de una 'okupación' que lleva más de siete años en manos de la justicia, con los propietarios del inmueble (Promociones Los Nadales SL) sin relación jurídica con la empresa que gestiona el Vivemar y sin cobrar el alquiler desde 2019. La propiedad sitúa la cantidad que se les adeuda en una cifra cercana a los 3 millones de euros, mientras pagan en impuestos al Ayuntamiento de Benalmádena alrededor de 100.000 euros anuales.

La historia del Vistamar comienza el 1 de enero de 2015, fecha en la que la propiedad del inmueble firma un contrato de arrendamiento con Alamiromar SL, sociedad de un empresario de origen iraní. Pero esta empresa apenas explota el hotel. Los problemas financieros de la entidad, que le llevan incluso a perder el CIF, se traducen en la cesión del contrato a una serie de empresas vinculadas a él (hasta cuatro en tres años, según la justicia). Hasta que una de estas empresas es adquirida por una sociedad española. La explotación del hotel pasa por varias manos más y desde 2024 quien lo gestiona es Vive Resort Magnagement SL, una sociedad creada unos meses después de que un juzgado de Torremolinos declarara -por primera vez- procedente la resolución del contrato.

Esas cesiones suponían el incumplimiento del contrato de arrendamiento, tal y como han dictaminado los juzgados de primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Málaga, que estimaron la resolución del contrato, tal y como reclamaba la propiedad, o lo que es lo mismo, la ilegalidad de la fórmula bajo la que se está explotando el hotel.

El fallo de la Audiencia acaba de ser declarado firme por el Supremo. En una providencia, el alto tribunal ha entrado en escena en el caso del hotel Vistamar a través de la Sección de Admisión de la Sala de lo Civil, que ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la empresa arrendadora del inmueble (Alamiromar, SL) y una de las sociedades que explotaba el hotel con anterioridad (VGMA GMbH) y ha declarado firme la sentencia dictada por la Audiencia.

«Y estos son los motivos por los que el hotel no estaba inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía, porque no puede estarlo, porque la empresa arrendadora tiene revocado el CIF y las que han explotado el hotel no tienen un contrato que lo avale», explica María José García Vargas, hija de los propietarios haciendo referencia a la causa que llevó el pasado 17 de junio al Ayuntamiento de Benalmádena a decretar el cierre.

El precinto del hotel fue levantado por el Consistorio en base a una declaración responsable en la que se comunica «el cambio de titularidad para iniciar la actividad hotelera». García Vargas sostiene que se ha hecho a través de un contrato falso.

Antes de que el Ayuntamiento de levantara el precinto, la sociedad que actualmente explota el hotel parece que quiso curarse en salud y denunció al Consistorio. Así es como ha entrado en escena el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga, donde ha caído el recurso que ha presentado Vive Resort Magnagement SL por el decreto de cierre que llevó al precinto del hotel.

La empresa intentó que el Juzgado evitara el cierre, antes de entrar en el fondo del recurso, mediante la solicitud de medidas cautelerísimas (sin audiencia a la otra parte), pero lo denegó, aunque ha abierto una pieza separada para estudiar la adopción de medidas cautelares (bajo el principio de contracción), según la información que tienen los propietarios. Con la providencia del Supremo en la mano, la propiedad espera que el Contencioso le vuelva a dar la razón.