Fernando Cubillo, secretario general de CC OO Málaga

Día Internacional del Trabajo

«Cuando hizo falta los trabajadores nos achuchamos el cinturón; ahora toca repartir beneficios»

–¿Por qué salen a la calle los sindicatos este 1 de mayo?

–El lema confederal de este año es «Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios». En la provincia de Málaga el año pasado los salarios crecieron el 2,37%, mientras que la inflación aumentó un 8,4% y el PIB un 7,7%. Y en 2021, los salarios crecieron un 1,54%, el PIB un 5,8% y el IPC un 3,1%. Necesitamos que los salarios acompañen al crecimiento del PIB, la inflación y de los beneficios empresariales.

-¿Cuál sería una subida justa?

–Estamos pidiendo una subida media del 5% para este año. Varía mucho por sectores, lógicamente. Hay sectores donde la subida tiene que mejorar considerablemente, como la hostelería. Cuando las cosas van mal, como ocurrió en 2020 en el sector turístico malagueño, no tuvimos ningún problema en firmar una congelación salarial para 2021 y una subida del 1% para 2022. Cuando no hay beneficio, los trabajadores nos achuchamos el cinturón. Pero cuando hay beneficio tenemos que exigir que se reparta. Por eso queremos abrir la mesa de de las tablas salariales en el sector de la hostelería, ya que lo que se firmó en 2021 se ha quedado desfasado. Ahora toca, con esos crecimientos del sector turístico, reabrir las tablas salariales y pedir un aumento con arreglo al IPC de 2022.

–¿Qué balance arrojan los convenios colectivos que se van firmando este año? ¿Aceptan las empresas esas subidas o se está generando conflictividad?

–Se están pactando subidas salariales importantes, pero todas acompañadas de movilizaciones. En el primer trimestre ha habido conflicitividad en 535 empresas de la provincia. Cuando hay movilizaciones se consiguen mejores convenios que cuando no hay; eso es un hecho. Se acaba de firmar un convenio importante, el de transporte discrecional de viajeros con una subida del 21% para este año. Hay que decir que este sector llevaba diez años sin revisión de convenio, con el salario mínimo interprofesional como salario base. Y este año empezaba con la huelga en el sector de la automoción y en marzo hemos conseguido una subida del 8,5%. Si este es el lenguaje que entiende la patronal, es el que vamos a usar.

–¿Cómo está influyendo la subida del salario mínimo?

–Es muy importante el empuje que el salario mínimo está ejerciendo en muchísimos convenios. Quienes antes ganaban 800 euros hoy tienen que ganar 1.080. Y eso está provocando un efecto primero de subida de quien menos gana y un segundo efecto tractor sobre las categorías cercanas al SMI. Por eso la media de subida en algunos casos es del 12%, del 10%...

–¿Qué movilizaciones están por venir en Málaga?

–Anunciamos conflictividad laboral en dos sectores muy importantes: el del comercio y el campo. En el comercio hay un acuerdo pactado de subida del 3% y la patronal no quiere cumplirlo; quiere renegociarlo. Y no por pagar menos, sino porque quiere incorporar otra cláusula a lo haya firmado: la movilidad dentro de los 30 kilómetros en el perímetro del puesto de trabajo. Y la patronal del campo quiere retorcer la reforma laboral: los 90 días de trabajo que se establecen para hacer fija discontinua a una persona, quiere aplicarlo a 90 días hábiles, no a 90 días naturales, como dice la norma. No vamos a permitirlo.

–En la EPA del primer trimestre se difundía un dato llamativo que da idea del efecto de la reforma laboral en Málaga: hay 100.000 trabajadores indefinidos más que hace un año y 43.000 temporales menos. ¿Satisfecho?

–La reforma laboral está acabando con la temporalidad no deseada. La figura de los fijos discontinuos ha dado una oportunidad importantísima a las empresas y a los trabajadores. La vinculación con una empresa de referencia hace que cuando esa empresa tiene una necesidad de contratación, tire de los fijos discontinuos en primer lugar. Además, los trabajadores pueden mejorar su formación porque tienen una empresa de referencia. La seguridad jurídica que piden los empresarios para sí la quieren los trabajadores también. Y esa seguridad jurídica es una garantía que la empresa puede aprovechar para que no se le escapen los trabajadores.

–Hablando de la falta de personal de hostelería, ¿por qué no se encuentran camareros en una provincia con 137.000 parados?

–Lo que tiene que hacer la Junta es formar a la gente que está desempleada, con cursos de formación para el empleo: esos cursos que se interrumpieron de manera drástica allá por el año 2013 y que hoy todavía no se han reactivado. El Gobierno andaluz ha puesto unas condiciones a las empresas que dan formación que son imposibles de cumplir. Y ha devuelto al Gobierno más de 700 millones de euros que tenían que estar gastados en políticas de empleo.

–Pero hay gente formada que ha dejado la hostelería para trabajar en otros sitios, como la logística.

–Te pongo el ejemplo de alguien cercano, camarero cualificado, que se ha ido a Mallorca a trabajar: le dan mejor salario, mejor contrato y estabilidad. Y además le han dado vivienda y alimentación. Es que quizá hay fuga de profesionales porque las condiciones dejan que desear. Todos conocemos sitios donde se trabaja 12 horas mínimo, con mil euros de sueldo, y dado de alta a media jornada.

–Y casos como esos, ¿por qué no los denuncian a la Inspección?

–Lo de la inspección es otro tema. Málaga necesitaría tener 65 inspectores laborales para llegar a la media europea de uno por cada 5.000 trabajadores, y creo que está en 30 escasos. La inspección está desbordada. Tuvimos una reunión recientemente con el jefe de Inspección de Málaga anterior, Alfonso Conejo, y el coordinador de Inspección de Andalucía, y les planteamos que hay que visitar las empresas, que se tienen que entrevistar con los delegados y delegadas sindicales y con las personas que denuncian las irregularidades. No se pueden hacer las inspecciones por teléfono. Y las hacen así no porque sean negligentes, sino porque no tienen tiempo para hacer visitas. Por eso exigimos un refuerzo de la inspección.

–¿Cuánto debería cobrar un camarero?

–Un camarero en Málaga debería cobrar como mínimo lo que está estipulado en convenio, unos 1.200 euros. Varía un poco según el tipo de empresa.

–Según la patronal, un camarero cobra más de 1400 euros.

–Bueno, lo hemos elevado a bruto entonces. Pero también hay que decirle a la patronal que si queremos que la gente joven entre en las empresas, no puede ser con contratos en prácticas ni de formación. Los jóvenes no quieren trabajar por 700 euros la jornada completa.

–Hay propensión a decir que los jóvenes no les gusta trabajar o que tienen la piel demasiado fina. ¿Comparte esta visión?

–Te pongo un ejemplo que hemos conocido en el sindicato: un chico, que tiene menos de 30 años, con cargas familiares, que estaba trabajando por 400 euros como repartidor a tiempo parcial. Él se pagaba la moto y los gastos de gasolina. Y estaba el día entero trabajando porque le pagaban ese mínimo más servicios que iba prestando. Me dijo: voy a denunciar a la empresa, aunque me echen, para que el que venga detrás tenga más derechos de los que yo he tenido. Y ha denunciado. Los jóvenes no es que no quieran trabajar, eso es mentira. Quieren trabajar, pero con contrato y cumpliendo la ley.

–Por más que crezca el empleo, Málaga sigue teniendo una bolsa de paro que en estos momentos supera las 137.000 personas. ¿No hay solución para este problema enquistado?

–Hace falta integrar los servicios de empleo con los servicios sociales. Hay personas que no podrán trabajar en su vida porque no tienen posibilidad de formarse ni de prepararse ni de acceder al conocimiento de donde están los empleos. Esas personas necesitan una tutorización. En Europa existe ese modelo, no me estoy inventando nada. Lo que hace falta es que los servicios sociales municipales, el Instituto Municipal de Formación y Empleo, junto con la Junta de Andalucía, pongan en marcha un programa integrado, que ahora con las nuevas tecnologías es muy fácil, para atender individualmente a las personas, tutorizarlas y preparar un itinerario formativo para que haya una mejora de empleo. Eso es fundamental para que esas 137.000 personas que están en paro en Málaga tengan una oportunidad. Tiene que haber un refuerzo de personal de plantilla en los servicios sociales para elaborar un mapa de riesgo en cada barriada, en cada localidad, de personas desempleadas y sobre todo las que son de larga duración. No se trata de hacer los planes de empleo rural que se han hecho hasta ahora, de limpiar las cunetas o pintar los colegios. Se trata de trabajar en la empleabilidad para que la persona tenga un empleo los 12 meses del año, no empleos puntuales que le ayuden a seguir cobrando la prestación. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

–¿Qué está pasando con la siniestralidad laboral? ¿Por qué hay más muertes que nunca en el trabajo?

–Nosotros vamos a pedir que todo el importe de las sanciones a empresas por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales (más de 9 millones de euros el año pasado en Andalucía) se dedique a la formación y a la prevención de accidentes. En Málaga, el año pasado más de 20.000 personas han sufrido accidentes de trabajo y ha sido histórica la cifra de 30 personas fallecidas. Este año vamos ya por ocho muertes; si se mantuviera la tendencia, estaríamos hablando de 32 a final de año. Es una barbaridad. Y está ocurriendo que las empresas quieren vestir como infartos lo que son accidentes laborales. Lo que hay que hacer es que una persona si sufre un infarto no caiga al vacío porque tenga las medidas de seguridad necesarias: andamio, arnés. Entonces te podrá dar un infarto, pero no caer al vacío. Y en cualquier caso, como ocurrió con el trabajador fallecido en Alozaina, si tenemos una persona de 55 años con problemas de salud y una medicación que le hace variar la tensión arterial, a esa persona no se le puede subir a un andamio. La vigilancia de la salud y la evaluación de riesgos no ha estado bien hecha.