La Diputación de Málaga rechaza que el Gobierno disponga del ahorro de las entidades locales

El acuerdo que ha salido adelante muestra el compromiso de la institución provincial con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el «profundo rechazo» a cualquier medida tendente a «apropiarse» los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles tanto de forma directa como por vía de suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo.

«Nos negamos al robo de los ahorros y no aceptamos el chantaje que se nos quiere hacer», ha afirmado la vicepresidenta segunda de la Diputación, la popular Margarita del Cid, quien ha calificado como «trampa» la propuesta gubernamental que pone como condición a las entidades locales para que puedan gastar el 35% de su superávit que le presten el resto durante diez años.

Del Cid se ha mostrado muy crítica con este planteamiento -que se está negociando entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – porque, a su juicio, supone atentar contra la autonomía municipal y su suficiencia financiera. «Quieren que seamos su cajero automático», ha apostillado.

En esta línea, el regidor de Antequera, Manuel Barón, ha intervenido en la Tribuna de Alcaldes para sostener que la propuesta es de «una más que dudosa inconstitucionalidad» al afectar a lo establecido en el artículo 137 y el 142 de la Carta Magna y chocar «frontalmente» contra la autonomía municipal y su financiación.

«Es un intento de intervenir los ayuntamientos», ha sostenido Barón, quien ha añadido que las entidades locales no están dispuestas a esta limitación en la utilización de sus ahorros «por ser una injerencia en los mismos».

Desde la oposición, la viceportavoz del PSOE, Antonia García, ha acusado del PP de intentar convertir el pleno de la Diputación en una sesión contra el Gobierno de España porque no asume que haya un Ejecutivo de izquierdas y ha reprochado a los populares que usen la institución provincial para hacer oposición al Gobierno.

García ha recordado que Hacienda y la FEMP están negociando un acuerdo que será «justo y realista» por lo que, a su juicio, esta moción «sólo tiene el objetivo de arremeter contra el Gobierno» y ha añadido que el PP no puede convertirse en el adalid del municipalismo porque quien «confiscó y echó la soga al cuello de los ayuntamientos» fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Ley Montoro.

A esa ley se ha referido también la portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, quien ha manifestado que con ella se intervino la autonomía local por lo que la moción es «poco constructiva y sólo busca seguir la senda de crispación de Vox en la que se ha embarcado el PP». Además, ha reprochado la actitud de los populares durante la negociación del acuerdo europeo para la reconstrucción y ha criticado la falta de apuesta de la Junta por el municipalismo.

Por otro lado, el pleno ha dado luz verde al Plan de Impulso a la Economía Local, enmarcado dentro del Plan Málaga, que destina un total de 18 millones de euros provenientes del Patronato de Recaudación a los 99 municipios que forman parte de esta entidad (todos menos Málaga, Alhaurín el Grande, Benalmádena y Fuengirola) y que tendrán que ser destinados a obra nueva con el objetivo de reactivar el sector de la construcción.

Para ello, cada ayuntamiento podrá presentar un máximo de dos proyectos cuya cuantía mínima deberá ser de 30.000 euros. El reparto se ha llevado a cabo de forma proporcional a la participación de estas entidades locales en los premio de recaudación del Patronato.

«Es una cantidad importante que se pone desde ya a disposición de los ayuntamientos, con la única condición de que se destine a nuevas construcciones, lo que a buen seguro va a servir para dinamizar la economía local de los pueblos y ciudades de la provincia, además de una consecuente creación de empleo», ha destacado el presidente provincial, Francisco Salado.

El Plan de Impulso a la Economía Municipal 2020 ha sido aprobado con el apoyo de PP, Ciudadanos y del diputado no adscrito; y la abstención de PSOE y Adelante Málaga.

La falta de acuerdo entre los partidos con representación en el pleno ha impedido que se apruebe una declaración institucional de apoyo al sector turístico en la provincia, que está pasando por momentos duros tras la decisión del Reino Unido (uno de los principales emisores de turistas al destino Costa del Sol) de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España.

La declaración, presentada por el presidente Francisco Salado por la vía de urgencia, se ha quedado sobre la mesa después de que el PSOE intentara hacer algunas modificaciones y no alcanzarse un acuerdo.