La Diputación de Málaga diseña un proyecto para que los excedentes de comida de hoteles y restaurantes alimenten a 40.000 personas

Tal y como expuso el presidente de la Diputación de Málaga, la iniciativa tiene tres objetivos: social, para reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión socio-laboral y los problemas de salud, con especial atención a mayores y a menores. «No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, que a veces está relacionada con el fracaso escolar o con la obesidad y, a su vez, también con el coste sanitario», explicó. El segundo objetivo citado por Salado fue la reducción del impacto medioambiental derivado del desperdicio alimentario, ya que cada año se tiran más de 200 toneladas de alimentos en buen estado. Y el tercero es un objetivo económico, dado que las donaciones de comida pueden ayudar a las empresas involucradas a mejorar su factura fiscal y también su imagen.

«El proyecto es más amplio que el uso del excedente alimentario: habrá técnicos especialistas en nutrición para ver qué dieta necesitan los beneficiarios, se diseñarán itinerarios para eliminar la soledad que pueda haber y la gente en situación de vulnerabilidad por el empleo o en procesos depresivos tendrá inserción laboral. Es un proyecto para sacar a la gente de la vulnerabilidad», incidió Salado.

La iniciativa, enmarcada en la ley de economía circular andaluza, tiene como punto fuerte la creación de una plataforma tecnológica que pone en contacto a la Administración Pública, con el sector privado -por ejemplo, las asociaciones patronales Mahos y Aehcos- y los beneficiarios, y todo ello con la participación de Bancosol, que ya tiene una bien nutrida base de datos con familias necesitadas en riesgo de pobreza o exclusión social.

El proyecto se prevé que se ponga en marcha en el año 2025 y que tenga una duración de cinco años. Y a este fin se destinarán 10 millones de euros que se abonarán a la empresa adjudicataria en función del grado de cumplimiento de los objetivos que se marquen en cuanto a distribución de alimentos, inserción laboral, reducción de la soledad...

Pero antes de esa puesta en marcha, aún falta que en septiembre se celebre un evento de presentación del proyecto para que se incorporen tanto ayuntamientos de la provincia para que pueda ampliarse la base de familias beneficiarias como entidades privadas encargadas de donar la comida, como hoteles, restaurantes y supermercados. Después, en octubre, se lanzará la licitación para abordar la contratación de la empresa que, en palabras de Salado, tendrá que «tocar todos los palos», como la nutrición, la refrigeración, la distribución, la inserción social, por lo que es posible que la adjudicataria tenga que subcontratar alguna de estas actividades, además de que tendrá que buscar financiación. El riesgo inicial lo asumirá, por tanto, el sector privado. El público, además, abonará los servicios prestados en función del cumplimiento de objetivos. En esto la iniciativa es innovadora. «Es el primer contrato de impacto social que se firma en España», afirmó Salado. Ello conlleva que el pago al proveedor del servicio se hace en función de los resultados, que se detallan en función de cada concepto, cada uno de los cuales tiene una métrica asociada: reparto de alimentos, inserción laboral, lucha contra la soledad no deseada... «Ojalá se cumpla al 100% y se abone por completo, porque el retorno y los beneficios sociales serían muy superiores. Incalculables», incidió el presidente.

El proyecto también es cuidadoso con otros aspectos, como la seguridad alimentaria: de esta manera, la Consejería de Salud de la Junta está involucrada, para garantizar un buen envasado de los alimentos, etiquetado y su trazabilidad, para que no haya ningún riesgo sanitario, ya que se distribuirán tanto alimentos elaborados para el consumo en 24 horas, como productos no perecederos en función de las necesidades y particularidades de cada hogar, teniendo en cuenta la salud y posibles intolerancias. Y aquí será también muy importante la involucración de la plataforma tecnológica Air Miles, cuyo representante en el acto, Carlos Dimas, destacó la potencia de este proyecto de colaboración público-privado. A su vez, Antonio Guevara, investigador del Instituto Andaluz de Turismo, también valoró el proyecto como iniciativa en la que también hay colaboración público-pública (Diputación, Ayuntamientos y Universidad). Dolores Olmo, de la Confederación de Empresarios de Málaga, por su parte, señaló como claves de la iniciativa la coordinación entre todos los actores, así como la automatización de procesos para una mayor eficiencia y trazabilidad, tanto de los alimentos como de las personas atendidas.