La depuradora del bajo Guadalhorce entra en servicio tras dos décadas de trámites

Este retraso (un suspiro si se compara con el acumulado) se debe a los daños causados por las fuertes lluvias registradas en octubre del año pasado, que se llevaron prácticamente tres kilómetros de los colectores construidos para trasladar la carga contaminante de este municipio hasta la estación depuradora. La negociación con la empresa adjudicataria de las obras a la hora de costear el arreglo también ha demorado el arreglo, aunque en la Consejería de Medio Ambiente trabajan con la premisa de que el caudal procedente de Coín empiece a ser tratado en un par de meses.

Con una inversión autonómica de 15 millones de euros entre la construcción de la depuradora y de los 28 kilómetros de tuberías que conducirán los residuos de estos tres municipios (suman 43.785 empadronados) hasta la estación de tratamiento, estas nuevas instalaciones van a contribuir considerablemente a que el Guadalhorce deje de ser el sumidero al que van a parar las aguas fecales de casi cien mil personas. Tendrá capacidad para tratar 8.295 metros cúbicos diarios, pero no va a acabar por sí sola con esta asignatura pendiente desde hace décadas, ya que para alcanzar ese hito habrá que esperar a que se construya la depuradora del área metropolitana (bautizada como Málaga Norte), que se levantará en la capital y que tratará la carga de Alhaurín el Grande y Cártama además de liberar la de Málaga, que está al límite al asumir también las procedentes de Torremolinos y Alhaurín de la Torre.

Esta última infraestructura está en fase de redacción del proyecto una vez alcanzado un acuerdo con los cinco municipios implicados para su ubicación al norte del aeropuerto, con la previsión en la Consejería de Medio Ambiente de que pueda ser una realidad en 2022, una década después de que se redactara el primer anteproyecto.

Una parálisis que también ha afectado a la del bajo Guadalhorce. De hecho, hay que remontarse justo 20 años atrás para ver el pliego de condiciones que la entonces Consejería de Obras Públicas elaboró para sacar a concurso la redacción del proyecto de esta planta (el recorte de SUR que acompaña este artículo se publicó el 6 de abril de 1999), . Inicialmente se diseñó incluyendo a Alhaurín el Grande y Cártama, aunque posteriormente se desgajó en dos: la actual del bajo Guadalhorce y la prevista en la capital. La ejecución del proyecto definitivo se adjudicó en 2007, pero se vio lastrada por las dificultades de los ayuntamientos para obtener los terrenos, las idas y venidas de Coín en su idea de contar con una estación propia obligando a modificar el proyecto (finalmente lo descartó por motivos económicos) y la falta de disponibilidad presupuestaria por parte autonómica. Las obras no arrancaron hasta el verano de 2017.

Aunque los trabajos han sido financiados por la Administración regional, la gestión y el mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta del Consorcio Provincial del Agua, un ente dependiente de la Diputación al que se han adherido Coín, Álora y Pizarra y que ya viene asumiendo la explotación de depuradoras de otros 42 pequeños y medianos municipios del interior.

Con su puesta en marcha, la provincia corrige uno de sus principales puntos negros en materia de saneamiento (en la comarca siguen pendientes Alhaurín el Grande y Cártama, y Nerja en litoral oriental), pero a pesar del hito que supone completar el ciclo integral del agua (captación, consumo y devolución al medio natural en las mejores condiciones) y que el cauce del Guadalhorce baje más limpio antes de desembocar en el Mediterráneo, también es cierto que se deja escapar la oportunidad de volver a darle uso a ese bien tan preciado y tan escaso en una provincia donde la amenaza de sequía sobrevuela constantemente. La nueva estación no cuenta con sistema de tratamiento terciario, un tercer filtro que posibilita la reutilización del caudal reciclado para el riego de zonas verdes o de cultivos y que, en el caso del Valle del Guadalhorce, reduciría la dependencia de los pantanos y acuíferos de la zona. El planteamiento mantenido hasta ahora en la Junta es que la implantación del terciario la asuman los ayuntamientos o las comunidades de regantes, debido al coste en tuberías necesarias para volver a poner el agua reciclada en circulación y llevarla hasta su destino.