La comunidad educativa rechaza el 'pin parental' sobre las actividades escolares
Profesores, padres y sindicatos de la escuela pública y privada se unen para criticar una propuesta que consideran atentan contra la autonomía de los centros
El controvertido 'pin' o control parental sobre las actividades que realizan los escolares ha conseguido unir a profesores, padres y sindicatos de la escuela pública ... y privada en un rechazo unánime a una propuesta que consideran atenta contra la autonomía de los centros y la libertad de cátedra de los docentes. Los sindicatos de la educación pública muestran un rechazo frontal a esta medida. Pero también los de la enseñanza privada y concertada. Opinión en la que coinciden la patronal del sector privado: Escuelas Católicas lo considera innecesario y critica la desconfianza que generaría hacia los profesores.
Si toda la comunidad educativa rechaza esta medida, ¿por qué la polémica? Vox lo introdujo en su acuerdo de gobierno en Murcia, y ahora trata de ampliarlo a otras comunidades, como Madrid y Andalucía, donde ha dado su apoyo a gobiernos de coalición PP-Ciudadanos. Pero es una medida ilegal, que parte de una premisa falsa: «Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género...», comienza el documento de Vox. La comunidad educativa es aquí también unánime: la escuela no adoctrina. Mucho peor es que los padres pretendan influir en los «contenidos curriculares de las asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género...», pues los currículos están fijados en las leyes educativas y los reales decretos que las desarrollan.
Los sindicatos de la educación pública muestran un rechazo unánime a esta medida. «No podemos estar a favor porque no es necesario», señala María del Amo, secretaria provincial de ANPE. Los padres «tienen derecho a conocer los contenidos curriculares que reciben sus alumnos tanto las lectivas como las complementarias dentro del horario escolar y eso va incluido en la programación general del centro», aclara. Francisco González, responsable de CSIF-Educación, es tajante: «En la educación pública no se adoctrina a nadie. El profesorado está sometido a las leyes como funcionarios y si alguno de ellos comete alguna incorrección en su tarea pedagógica, puede ser denunciado ante la inspección o incluso ante la Justicia».
Para Comisiones Obreras, implantar este control supondría cometer «una ilegalidad» y escapa a las competencias de los padres y madres en el proyecto curricular. Para su secretario de Enseñanza en Andalucía, Diego Molina, «las familias no pueden definir los contenidos curriculares que reciben sus hijos porque, además de poner en duda la profesionalidad del profesorado, restaría la formación básica que necesariamente deben recibir todos los escolares».
Los padres lamentan que se cree una polémica que no se vive en las aulas
Asociaciones de padres, profesores y directores de centros coinciden en rechazar esta medida propuesta por Vox. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga, su portavoz, Pilar Triguero, entiende esta propuesta como «un ataque a los derechos fundamentales del alumnado», y aclara que en los centros educativos «jamás hay actividades complementarias que no hagan referencia al currículo educativo» y que previamente han sido aprobadas en el consejo escolar, el órgano de participación en los centros en los que los padres están representados. «No, esto no es un problema real», afirma categórica, y cree que obedece más a una campaña de desprestigio hacia la educación pública y reclama «una apuesta decidida del Gobierno andaluz por la escuela pública, la única accesible para todo el alumnado», afirma.
En este mismo sentido, el presidente del AMPA del IES Torre Atalaya, José Ignacio Rivas, considera que este veto o control parental sería un atentado contra el derecho fundamental de los niños a ser educados de una manera integral y diversa. «La garantía de una ciudadanía democrática y respetuosa con las diferencias entre los sujetos, o con las diversas posiciones legítimas que se dan en la sociedad, pasa necesariamente por la información, la reflexión y el diálogo, que solo se garantizan si estas diferentes posiciones se hacen explícitas en la escuela», aunque «especialmente en la escuela pública, que debe garantizar la pluralidad y la igualdad de todo el alumnado».
La presidenta del AMPA Piedra de la Torre, del CEIP José Calderón, recuerda que las actividades son aprobadas en el consejo escolar, y que los niños y niñas «tienen que formarse en todos los ámbitos de la vida y no regirse por el pensamiento de los padres».
Julia del Pino, directora del IES Gaona, señala que «queremos y necesitamos a las familias como 'compañeros' del viaje educativo de sus hijos/as y nunca dejaremos el campo abierto al enfrentamiento y al recelo». Antonio Gálvez, del Sierra Bermeja, apunta por su parte que en su centro se organizan muchas charlas relacionadas con cuestiones que «pueden molestar a ciertos entornos» (igualdad, violencia de género contra la mujer, ...) y «nunca hemos recibido ninguna crítica por parte de los padres y madres de nuestro centro».
Santiago Vela, presidente del comité de empresa de los profesores de Religión, considera que «en el fondo, estamos ante una polémica interesada que puede estar convirtiéndose en una cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas de calidad que tiene nuestra educación». Rafael Guardiola, profesor de Filosofía, considera que «el problema reside en que –los de siempre–, enfrentan la libertad de enseñanza con la enseñanza de la libertad, y como consecuencia de ello, los docentes de la enseñanza pública volvemos a estar bajo sospecha en calidad de socráticos 'corruptores de la juventud' y viles manipuladores de mentes virginales», por lo que los partidarios del 'pin' se ofrecen generosamente como nuevos inquisidores enarbolando el código genético como estandarte».
Desde UGT Enseñanza Málaga, Encarna de la Chica señala su oposición por lo que considera «una nueva instrumentalización partidista de la educación, que no persigue la mejora de la misma, sino en abundar en ideas pretéritas que son recuerdo de épocas pasadas preconstitucionales», y apunta que esta propuesta «supondría que los profesores tendría que adaptar el currículo a cada estudiante atendiendo a las preferencias ideológicas de cada progenitor».
El sindicato USTEA ha elaborado una guía de actuación para los centros educativos, recogiendo la normativa que apoya esta «formación integral del alumnado», destacando que no hay base legal que sustente esta pretensión de solicitar la exclusión de parte del alumnado de determinadas actividades.
Privados, también en contra
Una postura en la que coinciden también los profesores de la enseñanza privada y concertada. FSIE es su sindicato mayoritario en Málaga y su secretario general, Francisco Javier Muñoyerro García, considera innecesario este ‘pin parental’, porque «el profesorado de centros concertados desarrolla y aplica el ideario, el proyecto educativo y la programación general, por lo que su actividad se atiene a lo que se haya establecido», de manera que cumpliéndose estos principios «no se necesita autorización alguna de los padres». Es más, entiende que «si la actividad es curricular y obligatoria, aprobada en la programación general del centro y ajustada a la legalidad, no cabe autorización alguna por parte de los padres para asistir o no a la misma».
Para Escuelas Católicas -35.000 estudiantes, 69 colegios y unos 2.000 profesores en Málaga– este control parental, además de «innecesario», establecería «una barrera de desconfianza entre los padres y los colegios», según su secretario general, José María Alvira.
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