La Comisión Europea amenaza a España por las concesiones de los chiringuitos
Bruselas considera que los trámites de los permisos para negocios en la costa no se ajustan a la normativa de la UE
No es algo nuevo, puesto que la espada de Damocles pende sobre estos negocios desde hace al menos una década. Pero ahora ha vuelto a ... la actualidad con fuerza, una vez que la Comisión Europea ha reiterado su advertencia al Gobierno de España de que el método que se aplica para aprobar las concesiones de los chiringuitos en las playas no es correcto, de acuerdo a la normativa comunitaria.
En concreto, Bruselas considera que la fórmula que se utiliza aquí para dar las concesiones de los chiringuitos carece de la «transparencia» que la UE exige a este tipo de procedimientos sobre suelo público, según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El procedimiento habitual en España consiste en una solicitud previa, que abre un periodo de consulta pública de 20 días, en los cuales cualquier otro interesado puede optar por instalarse en el mismo espacio.
El Gobierno ahora tiene un plazo de dos meses para alegar las sanciones que están previstas. En caso contrario, la causa se elevará definitivamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinará si el procedimiento es o no adecuado. Esta situación salpica directamente a la Junta de Andalucía, por cuanto las competencias sobre las concesiones en las playas están transferidas a la comunidad.
Rechazo de los empresarios
«Guerra total». De este modo marca Manuel Villafaina, presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, su posición acerca de las acusaciones de Bruselas. «Es todo lo contrario: la Ley de Costas ya recoge el concurso y cualquiera puede optar».
«El problema es que ya llevamos diez años con los expedientes, se han retrasado mucho a pesar de que hemos hecho lo imposible por llevarlos a buen puerto. La Junta y la administración central no están llegando a los acuerdos necesarios».
«Es una barbaridad, el Gobierno no puede decir que le va a pasar las multas a la Junta porque tiene las competencias; hay que seguir tramitando los expedientes y no parar por algo que ni siquiera es ley, y que puede tardar varios años en el tribunal de la UE. A ver cómo contesta ahora la administración central...»
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