Cassá y el superávit marcarán el pleno de la Diputación de Málaga

Un pleno en el que paradójicamente Cassá y su anterior partido, Ciudadanos, coinciden en no presentar ninguna moción. El diputado no adscrito era la primera oportunidad que tenía de hacerlo después de que el pasado mes se aprobara su nuevo estatus y sus derechos, que le posibilitan la opción de presentar una iniciativa ordinaria y una urgente. Por su parte, la formación naranja tampoco lleva al pleno ningún asunto. Un hecho que, según fuentes consultadas, ya ocurrió «en otras ocasiones», aunque llama la atención que se produzca en el actual momento de 'guerra fría' de Ciudadanos con el PP, su socio de gobierno, a cuenta del papel Cassá.

Precisamente, la moción urgente de los socialistas tiene como protagonista a Juan Cassá. En ella se solicita que su caso sea trasladado a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para su estudio. Los socialistas, por boca de su diputado y secretario de Organización, Javier Jerez, insistieron ayer en que es un hecho «evidente» de transfuguismo. Extremo que negó el portavoz adjunto del PP, Manuel Marmolejo, quien instó al PSOE a llevar a dicha comisión los casos de los «tránsfugas» Lucía Cuín (ex de Vox) y Nicolás de Miguel (ex de Ciudadanos) que permiten gobernar al socialista José Ortiz en Torremolinos o el de Sara Matés (ex naranja) en Alcaucín.

El PP lleva una moción en defensa de los recursos de las entidades locales y de rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse de los ahorros de ayuntamientos y diputaciones. Marmolejo calificó de «chantaje», «robo» y de «vulneración de la autonomía local» la propuesta hecha por el Gobierno «socialcomunista» de Pedro Sánchez de disponer de este superávit a cambio de permitirles usar una parte. El viceportavoz del PP criticó que los ayuntamientos del PSOE estén «callados» y lamentó que el Ejecutivo quiera disponer de este dinero para financiar «políticas bolivarianas e independentistas que ahora quieren acabar con la Monarquía».

Además, el PPpresenta otras cuatro mociones que tienen como destinatario al Gobierno de la nación: en defensa de los centros de educación especial; para la implantación de una ley 'anti-okupación'; para solicitar el pago a la Junta de las cantidades pendientes de IVA, políticas activas de empleo, financiación extraordinaria para atender a los MENA y reparto justo de los fondos estatales para luchar contra el coronavirus y cuyo montante total es de 1.562 millones de euros; y para apoyar la agricultura y reclamar una PAC justa para España.

El socialista Javier Jerez reprochó al PP que quiera convertir la sesión de este martes en un «monográfico contra el Gobierno de España» y que use la Diputación en su campaña de «acoso y derribo al Gobierno». Su partido, por su parte, defenderá tres mociones de carácter sanitario y social con reclamaciones a la Junta, ahora gobernada por el PP y Ciudadanos. Mientras que Adelante Málaga se centrará en las mejoras para el servicio de ayuda a domicilio.

Por otro lado, el pleno prevé aprobar una modificación presupuestaria para destinar 18 millones de euros del remanente del Patronato Provincial de Recaudación a un plan para obras nuevas en los 98 municipios donde esta entidad gestiona la recaudación de los impuestos. Cada localidad podrá presentar dos proyectos con un importe mínimo de 30.000 euros.

Asimismo, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, firmó ayer en Granada con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el convenio por el que ambas instituciones destinarán ocho millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (el antiguo PER). De esa cantidad, la institución provincial aportará 2,8 millones para el pago del coste de los materiales y servicios y el resto lo aportará la administración autonómica.

Salado puso en valor la «gran» importancia de este plan para contribuir al sostenimiento del empleo en los municipios del interior; para ayudar a fijar la población en el entorno rural, «favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores agrarios»; y como una de las herramientas «importantes» para luchar contra la despoblación rural, al tiempo que permite la ejecución de obras y servicios que mejoran las infraestructuras y los equipamientos de los pueblos del interior.