Los ayuntamientos se embolsan 65 millones extra gracias a viviendas y reformas sin declarar

Ahora no será así, y tras abonar al Catastro una tasa de regularización de 60 euros, también se han encontrado con una actualización del recibo de la contribución. No afecta a todos por igual porque varía en función del tipo de construcción y de los metros cuadrados que se le hayan ganado al inmueble, pero la subida media es de 150 euros, a los que hay que sumar otros 600 reclamados por los ayuntamientos en concepto de atrasos de los últimos cuatro ejercicios fiscales, que son los únicos que no estarían prescritos.

En su conjunto, el plan de regularización catastral va a permitirle a los 103 municipios de la provincia recaudar más de 65 millones de euros, un 10% de lo que se embolsan cada año a través de este tributo que es el principal, pero no el único sobre el que se repercute esta actualización de los valores catastrales. Esta variable también se aplica para fijar la cuota de otro impuesto municipal como la plusvalía, que hay que abonar cuando se vende un inmueble o cuando se adquiere por herencia o donación, pero también en otros de ámbito autonómico (Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales) y estatal como el de Patrimonio y el de la Renta (IRPF).

Por tipología, las infracciones de mayor calado a lo largo y ancho de la provincia son las nuevas construcciones, como puede ser levantar una casa o un almacén de nueva planta, que representan un 34,2% de los fraudes detectados. Aunque el 'ranking' lo encabezan las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles cuya edificación principal sí se encontraba registrada en el Catastro. Un 38,4% de las infracciones afloradas son de este tipo. Otro 21,45% procede de reformas y cambios de uso (cerramientos de terrazas, recuperación de una casa antigua,...), mientras el 5,9% restante lo aportan piscinas que no figuraban en la base de datos estatal.

Por municipios, destaca en número Málaga capital con 13.050 regularizaciones, de las que la mitad son por ampliaciones y rehabilitaciones. Sin embargo, en términos relativos, resulta llamativo que el Catastro haya detectado irregularidades en uno de cada diez inmuebles de Álora (2.144 para un total de 19.241), repartidos prácticamente a partes iguales entre nuevas construcciones y ampliaciones. En el desglose por municipios, también es reseñable que tres de cada cuatro infracciones en Vélez sean por levantar inmuebles, la mayoría situados en suelo rústico entre las numerosas aldeas y cortijos de su vasto término municipal. Donde han predominado la construcción de piscinas ha sido en Benalmádena y Cártama, representando una de cada cuatro regularizaciones.

Aunque se trata de un fraude tributario, la regularización no conlleva ninguna sanción. Desde Hacienda remarcan que los 60 euros que se cobran como tasa son para cubrir los gastos de los servicios de inspección con visitas sobre el terreno, ortofotos y drones. En este sentido, cabe recordar que la Ley del Catastro obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad, contemplándose multas de entre 60 y 6.000 euros. Pese a esta especie de amnistía, lo cierto es que el afloramiento de estas construcciones puede servir a los ayuntamientos para penalizar obras ilegales. En este caso, el plazo de prescripción es de seis años.