Andalucía recibirá más de 10 millones del Gobierno para un plan antisuicidio y reforzar la salud mental

Este reparto lo realiza el Ejecutivo con el fin de fortalecer los servicios públicos de Salud. La mayor cuantía, 30,9 millones de euros, se destina al refuerzo de la Atención Primaria en el ámbito del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, una vez obtenga el sí del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El Plan de Acción en temas de salud mental establece ocho líneas que vertebran la política pública en esta materia: refuerzo de los recursos humanos (incluye figuras de apoyo mutuo de personas con experiencia en salud mental); salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización, financiando así casas de crisis, equipos de atención domiciliaria, intervenciones de apoyo a la vida autónoma, atención en crisis centradas en derechos y programas de adicciones y derechos humanos y lucha contra el estigma, con acciones que incluyen mecanismos para evitar intervenciones involuntarias y la creación de figuras de apoyo al ejercicio de los derechos de personas con discapacidad psicosocial.

Pero hay más: optimización del tratamiento, de forma que se promoverán programas formativos y campañas para el uso adecuado de psicofármacos y de prescripción cuando esté indicada, en todos los niveles asistenciales; atención a colectivos vulnerables, mejorando la accesibilidad para personas en situación de vulnerabilidad y se reforzará la formación profesional en violencia de género; salud mental perinatal, de la infancia y la adolescencia, el impulso de sistemas de información en salud mental (desarrollo de registros y sistemas autonómicos de información para mejorar el análisis y la planificación) y se financiarán actuaciones que promuevan el acceso al empleo digno y el mantenimiento laboral de personas con problemas mentales.

El Plan de Prevención del Suicidio está dotado con 17,8 en el ámbito nacional y requiere de la adhesión de las comunidades autónomas a las actuaciones financiadas, la presentación de una memoria detallada de las acciones a realizar, así como el importe destinado, además del cumplimiento de los procedimientos que se establezcan en el acuerdo.

Los fondos de 3,2 millones para Andalucía, que podrán destinarse también a gastos corrientes o de personal especializado, se ejecutarán en diferentes líneas de actuación: se impulsarán campañas de concienciación en los territorios autonómicos para promover el conocimiento sobre la conducta suicida. Estas iniciativas incluirán mensajes contra la discriminación y el estigma, especialmente en poblaciones vulnerables. Se busca generar entornos sociales que favorezcan la prevención desde la empatía y la información veraz; además, se harán programas comunitarios centrados en fortalecer el bienestar emocional en personas mayores, colectivos LGTBIQ+ y quienes se encuentren en exclusión social. También se atenderá a las personas cuidadoras, promoviendo su autocuidado y salud mental. Además, se implementarán medidas de apoyo a personas que han perdido a un ser querido por suicidio.

En tercer lugar, se promoverá la reforma de las urgencias en los hospitales generales para mejorar la accesibilidad y aceptabilidad de personas en crisis de salud mental. Se crearán dispositivos comunitarios de prevención dirigidos a personas con riesgo identificado. Asimismo, se desarrollarán iniciativas dirigidas a pacientes con enfermedades graves o dolor crónico que presenten vulnerabilidad suicida y se fomentará la alineación de los planes autonómicos e iniciativas del INGESA con el Plan estatal, garantizando coherencia en las actuaciones. Se reforzarán los equipos de atención telefónica especializada e integrada en la red sanitaria regional. Finalmente, se promoverá la formación y supervisión continuada de agentes comunitarios clave (gatekeepers) que trabajan con personas en riesgo.

La dotación presupuestaria de 30,9 millones destinada a Andalucía para reforzar la Atención Primaria busca impulsar la mejora de los servicios de atención médica básica mediante distintas líneas de acción, como: ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en este nivel asistencial; optimización de procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática que enfrenta el personal sanitario; impulso de soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta, facilitando la labor clínica; renovación de infraestructuras y equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios y fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas como el de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, que fortalecen el autocuidado y la participación comunitaria.

Hay más medidas: implementación de programas de detección temprana de violencia de género en el ámbito de Atención Primaria; interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria; fomento de proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y la continuidad asistencial, para personas en situación de sinhogarismo con alteraciones o descompensaciones en su estado de salud, priorizando aquellas actuaciones que aborden la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud y vinculación con herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.