El adelanto de la edad de jubilación agrava el déficit de policías locales en la provincia de Málaga

Unas carencias que contrastan con unas localidades, especialmente las costeras, que no paran de crecer en población (censada y flotante) y en la organización de todo tipo de eventos que requieren presencia policial, y que ahora se ven agravadas con el aluvión de bajas que se están produciendo a raíz de que el año pasado se aprobara el decreto que adelanta a los 60 años la edad de jubilación de los policías locales (59 si se acreditan entre 36 y 37 años de cotización). Con este panorama, pocas son las localidades que cumplen la recomendación de la Unión Europa de que haya un agente por cada 556 habitantes.

El adelanto de la edad de jubilación supone un importante logro laboral que equipara a los policías locales con los nacionales y los guardias civiles y, además, a medio plazo ayudará a rejuvenecer las plantillas a medida que se vayan reponiendo las vacantes, pero a su vez está provocando un roto a la hora garantizar la prestación de todos los servicios durante el tiempo en el que todas esas plazas estén sin cubrir. Sólo en Málaga capital, en 2019 se jubilaron 73 funcionarios y a lo largo de este año lo harán otros 25. El resultado, a día de hoy, es una plantilla con 856 policías, muy lejos de los 980 que llegó a tener en 2006, y con el añadido de que la mitad superan la barrera de los 45 años. Una merma que se ha visto suavizada con los 36 nuevos agentes que ingresaron en 2017 y los 20 que lo hicieron en 2019. Aún así, los 13 años de sequía siguen dejando huella, como lo demuestra el hecho de que entre mandos y los 157 policías en segunda actividad, para patrullar las calles quedan 473 agentes de la escala básica divididos en tres turnos.

El déficit de efectivos es una realidad desde hace más de una década, primero por los ajustes de los propios ayuntamientos y luego por las limitaciones impuestas por el Gobierno desde 2012 a la hora de reponer personal en un intento de reducir el endeudamiento de las administraciones. Tras siete años con la tasa de reposición congelada o reducida, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 ya permite reemplazar el 115% de las vacantes en los cuerpos de seguridad, lo que ha originado un repunte en las ofertas de empleo público. Pero además de ser insuficientes (sindicatos y algunos ayuntamientos solicitan que se les deje superar este tope) para recuperar el terreno perdido desde que la crisis obligó a los ayuntamientos a apretarse el cinturón, ahora se añaden los huecos que va dejando el personal que se retira de forma anticipada. Por mucho que se convoquen plazas para sustituirles, el procedimiento administrativo se lleva una media de dos años, por lo que la falta de recursos se prolongará en el tiempo.

A modo de referencia, los exámenes para las 73 plazas aprobadas hace un año en el Ayuntamiento de Málaga (hay otras 17 por movilidad sin ascenso reservadas para funcionarios de otros municipios) comenzaron a finales de enero, con la previsión de que los nuevos agentes puedan incorporarse a lo largo de 2021. A estos puestos se añadirán otros 24 pendientes de convocar correspondientes a la oferta de empleo de 2019.

La situación de Málaga capital es la más destacada en términos absolutos, pero no precisamente la única. La plantilla de la Policía Local de Marbella ha menguado en 35 agentes solamente desde 2016 hasta situarse en los 365 actuales, pero este año se acogerán al nuevo decreto otros diez. Por ello, los 11 funcionarios que saldrán de las oposiciones que ya están en marcha apenas servirán para amortiguar esa caída, quedando pendientes otras 20 plazas aprobadas pero aún sin convocatoria. El panorama es similar en Benalmádena, con un tijeretazo de 20 efectivos en los últimos años hasta los 128 operativos a día de hoy, pero en el Ayuntamiento cifran en otros 25 los que se pueden jubilar anticipadamente en los próximos cuatro años. Una sangría que pretende suavizar con la convocatoria de 10 plazas a lo largo de este año.

También plantean varias oposiciones en Vélez, donde el Cuerpo no ha dejado de encoger durante la crisis pasando de 116 a 91 funcionarios tras ocho jubilaciones (seis de ellas anticipadas) y una baja por enfermedad en 2019, a las que habrá que sumar otros 7 retiros este año y 10 más en 2021. De momento, hay un procedimiento en marcha para 4 plazas de la oferta de empleo público de 2018, y están aprobadas, aunque sin fecha de convocatoria, otras 11.

Con cuentagotas también van llegando las convocatorias en la Policía Local de Estepona, donde únicamente se han incorporado tres agentes en los últimos nueve años dando como resultado que frente a los 156 agentes que había en 2011 ahora sean 120, con el añadido de que el 42% supera los 50 años. En Torremolinos, con 150 funcionarios, también están haciendo números para sacar algunas plazas, ya que, por lo pronto, este año tienen previstas cuatro jubilaciones. Hasta 20 lo hicieron el año pasado en Fuengirola, cuando la media antes era de 2. La reciente incorporación de cuatro agentes por movilidad sin ascenso ha dejado la plantilla en 136 policías, y antes de que concluya 2020 lo harán los 16 que acaban de aprobar las oposiciones y están pendientes del curso de ingreso. Los que están a punto de acabarlo son los tres nuevos funcionarios de Rincón de la Victoria, que se sumarán a los tres que ya lo hicieron en 2019 poniendo fin a una década en blanco. Ahora son 66, mientras en Torrox han tenido que incorporar a cinco agentes en comisión de servicio para paliar el déficit de funcionarios (24 frente a los 37 que había en 2008) hasta que se convoquen las siete plazas comprometidas por el Ayuntamiento para este año y las seis previstas para 2021. En Ronda se acaba de abrir una convocatoria de 12 plazas para paliar en parte la pérdida de agentes en la última década (ahora son 60), mientras en Antequera (56) han salir cuatro puestos.

En esta información han colaborado Agustín Peláez, Eugenio Cabezas, Charo Márquez, Vanessa MelgaryAntonio J. Guerrero